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Cronología del proceso de la 'mutilación' de la Ley Ambiental
Por: Redacción el 13 de enero de 2018
Cronología del proceso de la 'mutilación' de la Ley Ambiental
Una reunión informativa- deliberativa concerniente a la reforma de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, se llevó a cabo en la sala de juntas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la que participaron un grupo de ambientalistas y funcionarios de esta institución.

Esta fue presidida por el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Presidente; Lic. Juliana Araujo Coronel, Secretaria Ejecutiva y Lic. Miguel Ángel López Nuñez, Secretario Técnico y por las organizaciones de la sociedad civil, Catorce ambientalistas representando a la Alianza Ambientalista Sinaloense, Parlamento Ciudadano, Confraternidad de Exalumnos del Tecnológico de Culiacán, Asociación de Biólogos de Sinaloa, Asociación de Atletas Master y Veteranos, Ciudad y Naturaleza en Armonía, Tribu Verde, Movimiento Interdisciplinario de la UAS y Asociación de Jubilados de la UAS.

Previo a la reunión, se le hizo llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos los documentos: Iniciativa que ingresó el Dip. Misael Sánchez el 8 de septiembre de 2007 a la ventanilla del Congreso del Estado, donde propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; documento de impugnación a la iniciativa del Dip. Sánchez, ingresada a ventanilla el día 10 de octubre de 2017, respaldada con 220 firmas de académicos, investigadores, ambientalistas, estudiantes de las carreras de Ingeniería Ambiental, Bioquímica, Industrial y Energías Renovables de la Universidad Tecnológica de Culiacán, Tecnológico de Culiacán, UAS, y Tecnológico de Monterrey;

Además, Dictamen de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, con firma de la mayoría de sus miembros, excepto de la Dip. Merary Villegas Sánchez; Acta de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, el día jueves 23 de noviembre de 2017, donde la bancada del PAS propuso dos reservas una respecto al Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable y otra del Manejo Integral de los Residuos Sólidos, el sentido del voto de los diputados el PRI, VERDE y PANAL a favor del dictamen de la reforma de la Ley Ambiental, los Diputados del PAS por la reserva y en contra del dictamen de la Comisión de Ecología y la abstención de los Diputados del PAN;

El documento de decreto que emite el congreso, donde se reforma la Ley Ambiental y la publicación del decreto en el periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el día 27 de diciembre de 2007.

En la exposición de los ambientalistas, se señaló que el dictamen de reforma de la Ley Ambiental aprobada por los diputados del PRI, VERDE y PANAL, es borrar de un plumazo el trabajo realizado por los ambientalistas, de más de cuatro años en las consultas a través de foros y reuniones y conferencias de prensa llevadas a cabo en todo el Estado de Sinaloa, para contar con un ordenamiento ambiental acorde a la problemática ambiental, incluso parte del contenido de esta Ley obedece a la participación en aquel tiempo a la CEDH, que plasmaron en dicho ordenamiento el contenido del texto constitucional del derecho humano al medio ambiente sano, el derecho a la información y participación ciudadana.

No obstante, a lo especificado en el transitorio cuarto de la Ley Ambiental, donde se la da un plazo de un mes al Ejecutivo para que elabore los reglamentos interiores de las nuevas instituciones ambientales, el pleno de diputados del Congreso del Estado en una clara intromisión en asuntos de competencia del ejecutivo, reforma la Ley Ambiental para modificar la Conformación del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable y la Regulación del Manejo Integral de los Residuos.

Para ello, se presentan los documentos publicados en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, con fecha al 03 de noviembre del 2017, que consisten en cuatro de los seis Reglamentos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. Faltando el de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y el del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, que coincide con la reforma a la Ley Ambiental. Dos más que están dentro de la Ley Ambiental, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y  el Fondo Estatal  ambiental.

La Ley Ambiental reconoce jurídicamente al Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable  y le otorga amplia atribución al Municipio en el manejo integral de los residuos y se específica, que es en coordinación con el Gobierno del Estado quién podrá concesionar el Servicio de Manejo Integral de Residuos.

Para ello, se presentan los documentos publicados en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, con fecha al 03 de noviembre del 2017, que consisten en cuatro de los seis Reglamentos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. Faltando el de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y el del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, que coincide con la reforma a la Ley Ambiental. Dos más que están dentro de la Ley Ambiental, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y  el Fondo Estatal  ambiental.

La Ley Ambiental reconoce jurídicamente al Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable  y le otorga amplia atribución al Municipio en el manejo integral de los residuos y se específica, que es en coordinación con el Gobierno del Estado quién podrá concesionar el Servicio de Manejo Integral de Residuos.

Por lo tanto, el decreto de reforma a la Ley Ambiental viola los artículos 1, 4 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cancelar la participación ciudadana en el Consejo Estatal, transgrede el principio de progresividad de los derechos humanos, implica que una vez  logrado el avance, el Estado no podrá disminuir el nivel alcanzado. Este principio debe observarse en varios aspectos, entre ellos las leyes como la ambiental.

También, deja totalmente bajo el control de la SEDESU la concesión a particulares de la basura, dejando fuera a los Municipios que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos le corresponde hacerse cargo del Servicio de los Residuos.

Asimismo, inhibe los derechos al medio ambiente sano, el derecho a la información y el derecho a la participación, dejando sin efecto el sistema ambiental conformado por la conservación, la protección al ambiente, el uso y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, necesarios para conseguir ese fin.

Lo cual, pone en riesgo los ecosistemas acuáticos y terrestres y profundizan a un más la amenaza de la crisis ambiental, que se manifiesta en los graves problemas de contaminación como los malos olores en la ciudad, debido a los rastros, establos de ganado, plantas tratadoras de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, zonas muertas en el Mar de Cortés, deforestación en la sierra y las costas, el cambio climático, incluyendo los grandes proyectos turísticos, energía, tratamiento de la basura, de infraestructura carretera e hidráulica que tendrán un gran impacto ambiental.

Se dijo que se puede acceder a un recurso efectivo en materia ambiental, tutelada por el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, referente al acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En la exposición de la queja ante la Comisión, se dejó patente la desconfianza en que realmente se protejan los derechos humanos, por lo que la queja se va ir escalando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Presidente de la CEDH, se comprometió a estudiar el caso y que en 10 días nos comunicaban el curso que tomaría la queja y que procedía hacer en materia de la violación de los derechos humanos, sin descartar en coadyuvar para que se abran los canales de comunicación con las Instituciones de Gobierno como la SEDESU y la Secretaría General de Gobierno.
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