Fue aplazada para el 18 de septiembre de 2026 la audiencia inicial para los 12 servidores públicos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses presuntamente acusados por abuso de autoridad, y distintas irregularidades durante el proceso del caso del Rancho Izaguirre.
Este aplazamiento fue debido a que una de las imputadas no acudió al citatorio por una emergencia médica.
“Sí se difiere, se señala nueva fecha, la fijan hasta el mes de septiembre del presente año porque hay una de las personas que está citada en calidad de presunto responsable que no comparece, tiene un tema de salud, su defensor hizo valer una incapacidad médica que le imposibilita medicamente estar aquí y bueno claro se pondera al tema de salud al que todos tenemos derecho y el juez señala nueva fecha para abrir audiencia inicial”, detalló Cecilia Isabel Ayala Ávalos, abogada de los servidores públicos.
La audiencia inicial se tenía contemplada dar inicio este jueves 9 de julio a las 11:00 horas en las salas de juicios orales de Puente Grande Jalisco, al interior de la sala número 6, sin embargo, al no acudir los 12 imputados por el presunto delito de abuso de autoridad se tuvo que aplazar la fecha.
Se dio a conocer que quien inició la denuncia contra los servidores públicos del Servicio Médico Forense es la titular de la Vicefiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas.
“Esta carpeta de investigación nace por un acta administrativa que elabora la titular de la Fiscalía de Desaparecidos Blanca Trujillo de ahí nace esta carpeta le da vista la Fiscalía en combate a la corrupción y ahí es donde inicia la investigación”, precisó la abogada.
Se estará a la espera de que la servidora pública se pueda recuperar de su intervención médica, para así poder hacer acto de presencia el próximo 18 de septiembre del presente año en la audiencia inicial en las instalaciones del centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco.
Más sobre el caso
El expediente que lleva tanto la Fiscalía de Desaparecidos como la Fiscalía Anticorrupción señala presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos de distintas áreas por lo que fue llevado ante un juez y se formularon las imputaciones contra 12 personas.
Los servidores públicos señalados en la investigación son: cuatro peritos, dos agentes del Ministerio Público, un director y cinco policías investigadores.
Con información de Milenio