Culiacán, Sinaloa (Adiscusión).- Con 35 votos a favor, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado para prohibir la reelección inmediata en distintos cargos de elección popular y establecer la prohibición del denominado "nepotismo electoral".
El proyecto de decreto establece que ya no será posible la reelección inmediata para quienes ocupen la gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas de procuración y regidurías, con el objetivo de fortalecer la equidad en las contiendas electorales y garantizar la alternancia en el ejercicio del poder.
Asimismo, la reforma incorpora restricciones para impedir que personas con vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción con quienes ocupan determinados cargos públicos puedan contender por esos mismos puestos, medida que busca evitar la concentración del poder en grupos familiares y combatir el llamado nepotismo electoral.
Tanto la prohibición del nepotismo electoral como la eliminación de la reelección inmediata serán aplicables a partir del proceso electoral local de 2030, por lo que quienes ocupen esos cargos en ese proceso ya no podrán postularse para un periodo consecutivo.
La reforma también incorpora disposiciones para regular las remuneraciones de los servidores públicos, estableciendo que éstas deberán ser equitativas y ajustarse a los límites constitucionales, además de prohibir prestaciones extraordinarias no previstas en la ley, con el propósito de asegurar un uso responsable y transparente de los recursos públicos.
El decreto también fija un límite al presupuesto anual del Congreso del Estado, el cual no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado, salvo la actualización correspondiente por inflación, y fortalece las facultades de fiscalización en materia de cuentas públicas.
En los artículos transitorios se establece que el Congreso del Estado contará con 120 días naturales para armonizar la legislación secundaria con las reformas constitucionales.
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