Necesaria una tregua a la metralla verbal y a trabajar en conjunto por Culiacán
La jornada de violencia que vivió este jueves la capital del estado, debería motivar una profunda reflexión al interior de los Gobiernos de Sinaloa y Culiacán: ante la lluvia de balas que dejaron al menos tres muertos en distintos hechos, debería abrirse una tregua al intercambio de dimes y diretes que, en medio de la crisis política que vive el Ayuntamiento por el juicio que se le sigue al alcalde, protagonizan Jesús Estrada Ferreiro; el gobernador Rubén Rocha Moya y, el liderazgo en el Congreso del Estado. Podrán decir que son “hechos aislados” y que son momentos pasajeros producto del combate al crimen organizado, pero lo real, lo verdaderamente real, es que los tres eventos de violencia, como son la ejecución de un joven estilista en Las Quintas; la irrupción en una privada en Terranova donde se atacó directamente a dos personas y un hombre murió y; el ´choque´ entre armados civiles en la entrada norte, donde un sujeto quedó muerto, son motivados justo entre delincuentes, no por acción directa de las fuerzas del orden. Necesaria una tregua a la metralla verbal para enfocarse de manera conjunta a contener la otra metralla, la de plomo y sangre. O por lo menos para bajarle a la tensión que se respira en el ambiente.
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Por cierto: Triunfo pírrico, pero triunfo el que obtuvo Jesús Estrada
Como reguero de pólvora se corrió la versión de que el Consejo de la Judicatura Federal había concedido al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, la suspensión del juicio político, pero si bien aprovechó la recta para afirmar que “esto es prueba de que tenemos la razón”, se vio obligado a aclarar que es provisional, no definitivo y que solo es para en caso que lo destituyan. Desde el Congreso del Estado, también se aclaró que el juicio político no se detiene pues la resolución judicial solo frena una etapa del procedimiento que aún no llega y a la que le falta mucho, por lo que no hay afectación y, según se cuenta, es una suspensión de solamente unos días. Gana tiempo el alcalde, aferrándose a la silla a la que tanto cariño le agarró.
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Que no tarda en salir orden de aprehensión por el caso Luis Enrique Ramírez
Nuestras fuentes nos informan que es cuestión de horas, si los planes no cambian o se alteran, para que la Fiscalía General del Estado logre obtener –y ejecutar-- una orden de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, quien fue levantado con lujo de violencia la madrugada del 04 de mayo, y encontrado muerto en un terreno baldío la mañana del día 05. El tema, como suponemos debe ser, se ha manejado con mucho hermetismo a partir de que desde la Federación se dio a conocer información del avance de las investigaciones, descartando incluso la labor periodística del colega como móvil central del asesinato, lo que obligó a la fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez, a componer el entuerto. En tanto no se concreten esos resultados, el reclamo sigue vigente: justicia para Luis Enrique y justicia para todos los periodistas asesinados en Sinaloa.
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Luis Guillermo Benítez Torres y su actitud de desprecio…¡a su propia esposa!
Nos cuentan colegas de Mazatlán que el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, está negociando a través de su director de Comunicación Social que, todos aquellos medios que quieran formalizar convenios de difusión y publicidad con el Ayuntamiento, solamente deberán cumplir una condición: No divulgar en sus espacios ni una sola nota, absolutamente nada, de las actividades de la presidenta del Sistema DIF Municipal, su esposa Gabriela Peña Chico, en una actitud de desprecio y misoginia, pero al mismo tiempo en un atentado a la libertad de prensa y expresión que los medios deben tener. Aquí cabría también una auto crítica para quienes acepten tales criterios para poder acceder a un convenio comercial con el Gobierno Municipal. Por cierto, el gobierno del “Químico” Benítez fue objeto de una recomendación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al considerarse que violentó derechos de familias desplazadas por la violencia.