Culiacán, Sinaloa (Adiscusión).- Con 32 votos a favor, 6 en contra y dos ausencias, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la minuta enviada por el Senado de la República para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.
La propuesta fue respaldada por las y los diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Durante la sesión extraordinaria de este viernes, la 65 Legislatura avaló las modificaciones constitucionales que aplazan hasta 2028 la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la reforma busca dar mayor tiempo para consolidar la organización institucional, armonizar la legislación secundaria y garantizar condiciones operativas y presupuestales para la implementación del nuevo modelo de elección judicial.
Asimismo, establece que las personas juzgadoras actualmente en funciones permanecerán en sus cargos hasta la toma de protesta de quienes resulten electos en 2028.
Entre los principales cambios aprobados se encuentra la creación de mecanismos homologados para la selección de candidaturas judiciales, mediante Comités de Evaluación integrados por cada Poder de la Unión; además de procesos de insaculación pública y criterios obligatorios de paridad de género.
La reforma también faculta al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar los comicios judiciales, realizar el cómputo de votos, declarar la validez de las elecciones y entregar constancias de mayoría.
Otro de los puntos incluidos en el decreto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá funcionar en dos secciones, además del Pleno, y que magistradas, magistrados, juezas y jueces electos serán sometidos a evaluaciones de desempeño durante su primer año de funciones.
“Se quieren evitar broncas”: PAN
El diputado del PAN, Jorge González Flores, calificó la reforma como “la peor etapa democrática” del país y aseguró que Morena pretende utilizar las elecciones judiciales para beneficiar al régimen.
Criticó el aplazamiento de las elecciones judiciales de 2027 a 2028 al señalar que el oficialismo busca evitar un “broncón” electoral por el uso de “acordeones” y cuestionó la posibilidad de reelección de magistrados electorales.
En el mismo sentido, la diputada del PRI, Irma Moreno Ovalles, criticó las modificaciones impulsadas por Morena y señaló que la propia mayoría tuvo que corregir la reforma original.
Reforma reformada: PRI
“Si era tan buena y tan histórica, ¿qué pasó?, reformaron la reforma y eso ocurre cuando las cosas se hacen a las carreras”, declaró.
La legisladora priista advirtió que la reforma no resuelve los problemas logísticos y presupuestales de la elección judicial y acusó que el objetivo es empatar la elección del Poder Judicial con la eventual revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Es una reforma perfeccionadora: Morena
Por parte de Morena, el diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo defendió la reforma y aseguró que su propósito es perfeccionar el modelo de elección popular de personas juzgadoras que, dijo, fue respaldado por la ciudadanía en 2024.
Sostuvo que la experiencia obtenida en la elección judicial de 2025 permitió corregir áreas de oportunidad para fortalecer la organización electoral, simplificar las boletas, reducir candidaturas y garantizar la paridad de género.
Asimismo, defendió el aplazamiento de la próxima elección judicial a 2028 para generar mayores condiciones de certeza y consolidar el nuevo modelo.
En Morena son buenos administradores: Vázquez
En tribuna, la diputada morenista Juana Minerva Vázquez González respondió a las críticas de la oposición y rechazó que las elecciones judiciales representen un gasto excesivo.
“Qué buenos administradores somos en la Cuarta Transformación porque tenemos elecciones, programas sociales y grandes proyectos sin deuda”, señaló.
La legisladora afirmó que Morena “no le tiene miedo al pueblo” y defendió la revocación de mandato como un mecanismo democrático impulsado por su movimiento.
Añadió que la reforma no elimina la independencia judicial, sino que busca ordenar el proceso de transformación del Poder Judicial y acercarlo a la ciudadanía.
Con la aprobación del Congreso sinaloense, la minuta fue remitida al Congreso de la Unión como parte del proceso de validación constitucional previsto en el artículo 135 de la Carta Magna, que requiere el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales para entrar en vigor.
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