Nueve de los 15 principales líderes de grupos criminales que han sido expulsados o extraditados desde México hacia los Estados Unidos en el último año, ya han aceptado acuerdos de culpabilidad o se encuentran en vías de hacerlo, a cambio de obtener reducciones de penas o condiciones de encarcelamiento menos extremas.
Para el gobierno de Donald Trump es una doble victoria, pues, a la par de ganar los casos sin la inversión de tiempo y dinero de un juicio, obtendrá en estos delincuentes de alto nivel a potenciales testigos colaboradores para iniciar o fortalecer investigaciones criminales en curso, pero también para sacar adelante otro tipo de acciones como las sanciones a través de las listas de OFAC, o la cancelación de visas.
Así avanzan las negociaciones entre los capos y EU: Acuerdos avanzados
Los registros judiciales del avance de estos procesos revisados por MILENIO confirman el desarrollo de negociaciones entre fiscales e inculpados para cerrar los procesos por una vía alterna a los juicios con jurado. Ya hay audiencias programadas para los próximos seis meses en cortes federales de Nueva York, Washington y Chicago que podrían ser claves para finiquitar los acuerdos.
Los dos casos más avanzados, donde los implicados ya han modificado su declaración inicial de inocencia por la de culpabilidad, son los de Ovidio Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, ambos líderes de distintas facciones del Cártel de Sinaloa.
El 11 de julio Ovidio, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable en audiencia ante la jueza de la Corte Federal en Chicago, Sharon Coleman. En dicha sesión se estableció el compromiso hecho por Guzmán López para colaborar con diversas investigaciones a cambio de una potencial reducción de su sentencia.
El 9 de enero de 2026 será la audiencia en la que la jueza impondrá la condena respectiva a Ovidio Guzmán. Uno de los elementos para fijar dicha sanción será la recomendación que den los fiscales sobre la posible pena a aplicarse.
El Mayo Zambada, por su parte, se declaró culpable el 25 de agosto ante el juez Brian Cogan en la corte federal en Brooklyn, Nueva York, en una audiencia en la que además de aceptar cargos por narcotráfico, reconoció que por décadas ha sobornado y corrompido a múltiples funcionarios.
El defensor de Zambada dijo que a cambio de esta confesión esperan que, aun cuando la potencial sanción será cárcel de por vida, el capo mexicano sea sometido a condiciones de encarcelamiento menos desfavorables que las que han enfrentado otros que decidieron ir a juicio y fueron condenados como El Chapo o Genaro García Luna.
La audiencia de revisión de detalles finales para el dictado de sentencia El Mayo está programada para el 13 de enero.
Los que negocian: ¿Quiénes son?
Entre los siete capos o jefes criminales con nivel de liderazgo que se encuentran negociando con los fiscales estadunidenses destaca el caso. Joaquín Guzmán López, hermano menor de Ovidio Guzmán, y quien se entregó voluntariamente a las autoridades en Estados Unidos tras aterrizar en un vuelo privado en Texas en el que también se encontraba privado de su libertad Zambada García.
La mayor parte de los 14 meses que Guzmán López lleva en Estados Unidos los ha pasado privado de su libertad en una instalación no revelada dedicada para potenciales testigos colaboradores. Se prevé que el acuerdo del menor de Los Chapitos tenga características similares a los de su hermano Ovidio.
El 13 de noviembre está programada la audiencia ante la jueza Coleman en la corte de Chicago para la revisión de las negociaciones. Esa fecha fue programada luego de una postergación de la fecha original del 15 de septiembre.
Seis días después, pero en Nueva York, se llevará a cabo la audiencia de revisión del proceso en contra de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez. Aquí los fiscales llevan al menos tres meses negociando con la defensa una posible salida alterna al juicio.
En diciembre comparecerán en cortes de Nueva York y Washington D. C., dos mexicanos más que ya también se encuentran en vías de negociación: Carlos Algredo Vázquez, presunto proveedor al por mayor de precursores químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además de Jesús Guzmán Castro, presunto lugarteniente del Cártel de Sinaloa.
Otros tres criminales de alto nivel también ligados al CJNG están cerca de cerrar acuerdos en enero del próximo año.
Uno es Abigael González Valencia, líder los Cuinis y pieza clave en las operaciones financieras del cártel con audiencia programada para el 21 de enero; otro es Antonio Osequera Cervantes, hermano del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, quien comparecerá el 16 de enero; y el tercero es Erick Valencia Salazar, El 85, uno de los fundadores de ese grupo criminal, con audiencia para el 28 de enero.
Los Zetas, Caro Quintero y La Tuta: en suspenso
Los que hasta el momento no han dado señales de estar interesados en alguna negociación son varios de los líderes del grupo criminal de Los Zetas expulsados este año. Por el contrario, han invertido en la contratación de varios despachos de abogados privados para fortalecer su defensa.
Destaca el caso de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z-40 y El Z-42, líderes de dicho grupo criminal, quienes como MILENIO ha informado, han recurrido a los servicios hasta de seis firmas legales distintas para llevar a cabo su estrategia defensiva. En su equipo figuran litigantes que han llevado los casos de El Chapo, El Mayo Zambada, ex presidentes de Honduras acusados de crimen organizado, entre otros.
Los dos hermanos Treviño están citados a comparecer nuevamente ante la corte del juez Trevo McFadden en Washington hasta el primero de mayo, con la finalidad de que la defensa culmine con la revisión de la amplia evidencia que incluye miles de intervenciones telefónicas.
Si para esa fecha no hay visos de algún acuerdo, el proceso escalaría a juicio en la segunda mitad de 2026.
A dicha audiencia también están citados dos presuntos jefes y lugartenientes del mismo grupo delictivo, Alfredo Rangel Buendía y Daniel Pérez Rojas, que al igual que los Treviño fueron expulsados de México este año. En este caso tampoco hay reportes públicos de alguna negociación en marcha.
Otro caso que por ahora parece decantarse más hacia el juicio que a una salida alterna es el de Rafael Caro Quintero, acusado no solo de narcotráfico, sino de ser autor intelectual del crimen del ex agente de la DEA, Enrique Camarena.
En este proceso es el Departamento de Justicia el que no ha mostrado interés en que el caso no escale a juicio. El 19 de marzo de 2026 se realizará una nueva audiencia de revisión del proceso.
Servando Gómez Martínez, La Tuta, ex líder de La Familia y Los Caballeros Templarios, tiene una audiencia programada para el 9 de diciembre en una corte federal en Manhattan, Nueva York. En su caso, será la primera audiencia ante el juez que llevará su proceso, por lo que aún no hay información de posibles salidas alternas.
Testigos y fuentes
Un abogado y ex funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien pidió reserva con su identidad, pues actualmente lleva la representación de varias personas procesadas, dijo que la firma de acuerdos de culpabilidad con delincuentes de alto nivel representa un activo importante para el gobierno.
Lo anterior, ya que más allá de la función obvia de estos criminales como potenciales testigos en otros o procesos en el futuro, también son uno a rica fuente de información para acciones fuera de las cortes como las designaciones que realiza el Tesoro a través en la OFAC de personas o empresas que facilitan el lavado de dinero de los cárteles.
Incluso, el ex funcionario destacó que estos criminales pueden aportar datos que no necesariamente sean llevados ante una corte, pero que al Ejecutivo le sirven para temas administrativos como la cancelación de visas, o incluso diplomáticos.
La agencia Reuters reportó el 14 de octubre que tan solo en septiembre fueron canceladas las visas en medio centenar de exfuncionarios y políticos en México.
El embajador de Estados Unidos en México difundió un video el 27 de octubre advirtiendo que la cancelación de vidas es un proceso discrecional, y que entre las razones para hacerlo se encuentra que los implicados estén vinculados con actividades delictivas o sean un riesgo para la seguridad pública.
Con información de Milenio