Treinta y cinco años de carrera militar, comandante de tres zonas castrenses, general de división, el grado más alto del Ejército mexicano, y luego secretario de Seguridad Pública de Sinaloa bajo las órdenes del gobernador Rubén Rocha Moya: eso era Gerardo Mérida Sánchez hasta el 11 de mayo, cuando cruzó voluntariamente la garita de Nogales hacia Arizona y quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Este lunes, en una sala federal de Manhattan, toda esa trayectoria cupo en tres respuestas idénticas a la jueza que lleva el caso más grande que Estados Unidos ha abierto contra el Cártel de Sinaloa: “Sí, su señoría.”
Mérida caminó hasta su asiento escoltado por dos alguaciles. Uno de ellos le retiró las esposas de las muñecas, desenrolló las dos vueltas de cadena alrededor de su cintura y soltó los brazos. Las cadenas de los pies no se las quitaron en ningún momento. Fueron cerca de diez segundos en los que el único sonido en la sala era el de los eslabones chocando unos con otros, según describió el periodista Arturo Ángel en entrevista con Radio Fórmula.
La audiencia había comenzado casi 30 minutos tarde por la logística de trasladar a Mérida desde la cárcel de Brooklyn hasta el sur de Manhattan.
Lo que siguió duró apenas 15 minutos. Mérida respondió tres veces con un escueto “sí, su señoría” y no tomó apuntes ni bebió agua. Se mantuvo básicamente inmóvil, con la mirada enfocada en su traductor y en su abogada designada por la Corte, Sara Rebecca Krisoff.
Al salir, Mérida se encontró con la mirada de los periodistas y esbozó lo que pareció una sonrisa, más en un intento de saludo que otra cosa, describió el periodista.
Evidencia en su contra es “abundante”
Quien presidió esa audiencia fue Katherine Polk Failla, jueza del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Y lo que dijo ese lunes fue más revelador que todo lo que respondió el acusado.
Polk le informó a Mérida que el proceso que enfrenta tiene evidencia “abundante y voluminosa” y que necesitará al menos 60 días solo para ser clasificada y entregada a la defensa.
“Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”, agregó también la jueza desde el estrado. La frase apunta directamente al tamaño del expediente: el caso contra Mérida y los demás exfuncionarios sinaloenses —entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez— no es un proceso independiente. Se desprende del mismo expediente que desde 2023 persigue a la cúpula de Los Chapitos por tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Comparten número de causa y tribunal.
La siguiente audiencia de Mérida quedó fijada para el 4 de agosto a las 14:30 horas.
Según la acusación formal certificada el 23 de abril de 2026, Mérida habría recibido sobornos mensuales de Los Chapitos entre 2023 y 2024 a cambio de alertarlos sobre al menos 10 operativos contra laboratorios de droga, lo que habría permitido al cartel evacuar personal y mercancía antes de cada cateo.
Mérida Sánchez enfrenta tres cargos: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese armamento.
De Harvard y el FBI a los grandes casos del narco mexicano: ¿quién es Katherine Polk?
Katherine Polk Failla nació en mayo de 1969 en Edison, Nueva Jersey. Se graduó con honores máximos del College of William & Mary en 1990 y tres años después obtuvo su doctorado en Jurisprudencia, también con distinción, en la Facultad de Derecho de Harvard, donde fue co-editora en jefe del Harvard Journal of Law & Public Policy.
Hizo su pasantía con el juez Joseph E. Irenas en el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey y luego pasó seis años en el despacho Morgan, Lewis & Bockius, donde llevó litigios comerciales y casos ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.
En 2000 entró a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, el SDNY, una de las oficinas más poderosas del sistema judicial estadounidense. Ahí ascendió de fiscal adjunta a subjefa de la Unidad de Apelaciones Penales entre 2004 y 2008, y luego dirigió esa unidad hasta 2013. En ese periodo acumuló reconocimientos del FBI, de la Fuerza de Tarea Antidrogas de Nueva York y del Servicio de Aduanas de Estados Unidos.
Entre los casos que llevó en esa unidad figuran la persecución de Mohammed Odeh y otros responsables de los atentados contra embajadas estadounidenses en 1998, el proceso contra la abogada Lynne Stewart por pasar información al terrorista convicto Omar Abdel-Rahman —conocido como “el sheik ciego”—, el fraude fiscal de KPMG y el fraude corporativo de Adelphia Communications.
Una trayectoria construida durante 13 años en el corazón de la fiscalía federal antes de sentarse del otro lado del estrado.
El entonces presidente Barack Obama la nominó como jueza de distrito el 25 de junio de 2012, a propuesta del senador Chuck Schumer. El Senado la confirmó el 4 de marzo de 2013 por una votación de 91 votos a favor y cero en contra.
“Esta es una jueza que conoce este proceso desde hace varios años”, explicó Arturo Ángel, destacando el papel que tendrá en las acusaciones contra los funcionarios sinaloenses en la trama de Los Chapitos. “Ya hay seis que se declararon culpables a lo largo de estos años. La jueza ya sentenció a dos de ellos.”
Los jueces que el narco mexicano ya conoce de memoria
Polk Failla no es la única jueza federal cuyo nombre se ha vuelto inseparable de los grandes expedientes del crimen organizado mexicano en Estados Unidos. Hay un grupo reducido de magistrados federales que, por la jurisdicción donde operan y los casos que han acumulado, concentran los procesos más grandes.
El más reconocible es Brian Cogan, juez del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn. Cogan presidió el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, donde autorizó jurado anónimo, impuso medidas de seguridad extremas y terminó sentenciándolo a cadena perpetua más 30 años.
También llevó los casos del exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna y de Emma Coronel Aispuro . Es el juez más asociado al Cártel de Sinaloa en todo el sistema judicial estadounidense.
En Chicago, la jueza Sharon Johnson Coleman, del Distrito Norte de Illinois, lleva los expedientes de Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Esa ciudad tiene peso histórico en casos del Cártel de Sinaloa porque fue durante años una de sus principales plazas de distribución en Estados Unidos. En esa corte se mueven varios de los procesos más delicados relacionados con negociaciones y posibles acuerdos de culpabilidad de los hijos de El Chapo.
En Texas, la jueza Kathleen Cardone, del Distrito Oeste con sede en El Paso, ha manejado casos relacionados con Rafael Caro Quintero y con el corredor fronterizo Chihuahua-Texas. Su nombre también apareció en los procedimientos iniciales tras la llegada de El Mayo Zambada a Estados Unidos en julio de 2024, luego el caso pasó a Cogan.
Finalmente, otra jueza famosa en este rubro es Beryl A. Howell, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C. En marzo de 2025 fue la encargada de sentenciar a Rubén Oseguera González, alias El Menchito e hijo de Nemesio Oseguera Cervantes y considerado uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La jueza le impuso cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión tras ser declarado culpable de tráfico internacional de drogas y uso de armas de fuego.
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Con información de Infobae