Con el propósito de reforzar la política de transparencia del Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo suscribió este martes un decreto que amplía la información pública disponible, modifica la periodicidad con la que se difunden los contratos gubernamentales para que sean publicados mensualmente e incorpora nuevos mecanismos de difusión sobre las filiales de Pemex y CFE, además de aspectos vinculados con auditorías, fiscalización y reglas más estrictas para determinar cuándo puede reservarse información.
Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que esta disposición pretende superar las obligaciones de transparencia establecidas actualmente en la legislación, promoviendo el principio de máxima publicidad mientras se preparan reformas a la Ley General de Transparencia que permitan convertir estas medidas en normas permanentes.
La funcionaria señaló que, tras la transferencia de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría luego del proceso de desaparición del Inai, el sistema fue estabilizado después de enfrentar fallas recurrentes. Añadió que ahora dispone de nuevas herramientas para facilitar tanto la consulta como el análisis y descarga de información, y adelantó que en un plazo no mayor a 30 días hábiles se incorporarán nuevos contenidos de interés público.
Buenrostro precisó que el decreto está estructurado alrededor de cuatro rubros principales: las contrataciones públicas, las filiales de Pemex y CFE, los procesos de auditoría y fiscalización, así como una invitación dirigida a los demás poderes y órdenes de gobierno para adoptar el principio de máxima publicidad.
Entre las acciones previstas destaca que los contratos del Gobierno federal dejarán de difundirse cada tres meses y pasarán a publicarse de forma mensual, con el objetivo de mantener actualizada la información relacionada con adquisiciones y obras públicas.
Asimismo, indicó que las empresas filiales de Pemex y CFE deberán poner a disposición del público información adicional, entre ella estados financieros, reportes entregados a agencias extranjeras, normas de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.
En cuanto a la fiscalización, explicó que también se hará pública información complementaria referente a los programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento de observaciones y el padrón de despachos encargados de auditorías externas.
De igual forma, informó que el Gobierno promoverá reformas a la Ley General de Transparencia para simplificar las causas que permiten reservar información, limitándolas exclusivamente a situaciones relacionadas con el interés público y la seguridad nacional, privilegiando la elaboración de versiones públicas cuando ello sea posible.
“Es transparencia total del Gobierno de México”: Sheinbaum
Al referirse al decreto, la presidenta sostuvo que forma parte del nuevo modelo de transparencia establecido tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), cuyas atribuciones fueron asumidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sheinbaum afirmó que el organismo extinto implicaba un gasto anual superior a mil millones de pesos y aseguró que el esquema actual garantiza el acceso a la información pública sin requerir una estructura burocrática de esas dimensiones.
También explicó que, con estas nuevas disposiciones, ya no dependerá del criterio de los servidores públicos decidir qué información puede difundirse, ya que existirán lineamientos específicos para determinar únicamente los casos en que proceda la reserva por razones de seguridad nacional o debido a la existencia de un procedimiento administrativo o judicial en curso.
“Es transparencia total del Gobierno de México”, expresó la mandataria.
Finalmente, anunció que en aproximadamente un mes la Plataforma Nacional de Transparencia contará con nuevas mejoras y reiteró que, al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso, el Ejecutivo presentará una iniciativa para incorporar el contenido del decreto a la Ley General de Transparencia, con el propósito de garantizar el acceso a la información pública.
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Con información de El Universal