Frente a la reciente ofensiva judicial lanzada desde Washington, la administración federal mexicana ha comenzado a mover sus fichas. Durante su habitual encuentro con los medios de comunicación de este martes, la presidenta
Claudia Sheinbaum
reconoció que el gabinete aún no contaba con datos precisos sobre las acciones legales emprendidas por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos
(DOJ, por sus siglas en inglés).
La medida punitiva, dada a conocer al iniciar la semana por el fiscal general
Todd Blanche
, apunta formalmente contra 63 ciudadanos extranjeros a quienes se les imputan irregularidades en el registro de votantes y sufragio indebido; no obstante, los reportes diplomáticos y periodísticos divergen al precisar si los connacionales involucrados suman tres u ocho personas. Ante este escenario, la mandataria instruyó a la
SRE
a esclarecer los pormenores del caso.
La ofensiva impulsada por el equipo de
Donald Trump
contempla acusaciones específicas por mentir sobre la nacionalidad estadounidense al momento de empadronarse o emitir un voto, además de tramitar inscripciones de manera fraudulenta en distintas demarcaciones territoriales.
Con esta serie de acciones, el ejecutivo estadounidense acumula ya 239 personas procesadas por faltas electorales a lo largo de su actual administración, contabilizando 195 extranjeros encausados en 25 estados durante las últimas nueve semanas.
Paralelamente, el DOJ sostuvo un prolongado litigio contra el estado de
California
para invalidar más de 20 mil boletas enviadas por correo, un pulso legal que terminó perdiendo en diversas instancias judiciales, incluido el máximo tribunal del país vecino.
Dentro de los listados difundidos por las autoridades norteamericanas figuran nombres como:
- Diego Benavides Rodríguez (29 años)
- José Vásquez-Mendoza (51 años)
- Karen Hinojosa-Martínez (37 años)
Todos ubicados en Texas, entidad donde los reportes iniciales de la agencia EFE situaban a tres connacionales.
A ellos se suman Saida Adali Hirachete Olivarez, César Sánchez Correa, Krystel Capi Valle y Juan Manuel Gudino, catalogados como residentes permanentes, así como Benito Covarrubias Iniguez, señalado en calidad de indocumentado.
Cabe subrayar que las autoridades judiciales norteamericanas únicamente han formulado imputaciones formales y que los implicados conservan el principio de presunción de inocencia hasta que un juez emita una sentencia definitiva.
El alcance de la disposición estadounidense no se limita a la comunidad mexicana. El expediente procesal incluye también a la ciudadana colombiana Patricia Elena Valencia Cardona (56 años), señalada por emitir un sufragio indebido en Carolina del Norte, estado donde también enfrentan cargos la argentina Yamila Avalos y el cubano Juan Florencio Ramos, mientras que en Tennessee la hondureña Mariela Elizabeth Ávila Ortiz fue acusada por su participación en los comicios de 2024.
Analistas y organizaciones civiles han señalado que la participación electoral de personas sin ciudadanía estadounidense representa un porcentaje prácticamente insignificante dentro del padrón general.
Al respecto, cifras de la Heritage Foundation documentaron únicamente 23 incidencias de votación por parte de extranjeros en el periodo comprendido entre 2003 y 2022; por su parte, el Brennan Center for Justice calculó que apenas el 0.0001% de los 23.5 millones de votos emitidos en 2016 dentro de 42 jurisdicciones correspondía a este sector, detectándose posibles casos en solamente dos demarcaciones.