Una jueza estadunidense bloqueó temporalmente este domingo los planes del Gobierno del presidente Donald Trump para deportar a varios niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia de las autoridades.
La jueza del distrito de Columbia Sparkle L. Sooknanan ordenó al Ejecutivo no deportar durante dos semanas a 10 niños guatemaltecos que fueron incluidos en una solicitud de emergencia del Centro Nacional de Derecho Migratorio para detener su repatriación a su país de origen.
Según los abogados de los menores, de entre 10 y 16 años, la Administración había violado el debido proceso, puesto que los niños tienen casos pendientes ante tribunales de migración, e ignorado las protecciones especiales de los menores, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.
Estos 10 niños forman parte de cientos de menores guatemaltecos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) que el Gobierno estaría intentando deportar, según el medio CNN.
Según el citado medio, el Gobierno describe el proceso como una repatriación, lo que implicaría que sería un acto voluntario, en lugar de deportación, que conlleva la expulsión forzosa. Sin embargo, varias personas han expresado escepticismo que los niños, de diversas edades, sean capaces de comprender lo que están aceptando con su salida del país.
Informó además que la Administración Trump había notificado a los albergues donde se encuentran estos niños para que los preparase para su salida del país.
La jueza fijó una audiencia para la tarde de este domingo para revisar el caso.
Según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS, Estados Unidos tenía bajo custodia a 2 mil 198 menores no acompañados en julio. Sin embargo, no desvela sus nacionalidades.
La mayoría de menores que cruzan la frontera terrestre entre Estados Unidos y México solos proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la ONG 'Save The Children'.
La repatriación supone también un reto para la Administración Trump a la luz del Acuerdo Flores, vigente desde hace tres décadas. Un tribunal federal en Los Ángeles (California) supervisa actualmente la implementación del pacto al que el Ejecutivo estadunidense ha querido poner fin.