Un negocio ilícito que opera como fuente directa de financiamiento para la compra de armamento y la logística de grupos delictivos en México ha encendido las alarmas de las autoridades estadounidenses.
La comercialización clandestina de cigarrillos electrónicos adulterados con drogas sintéticas y opioides representa un riesgo letal para los consumidores, advirtió
Terry Cole,
titular de la
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Mediante un mensaje difundido el miércoles en la cuenta oficial de la dependencia en la red social X, el funcionario expuso que organizaciones catalogadas como cárteles terroristas extranjeros fabrican dispositivos de vapeo ilícitos cuya apariencia imita casi a la perfección a los artículos comerciales legítimos.
De acuerdo con la publicación, acompañada por una grabación del propio Cole, estos productos adulterados pueden contener sustancias de alta peligrosidad como fentanilo, heroína y metanfetamina, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y evitar riesgos innecesarios.
El director de la agencia estadounidense puntualizó que el sector juvenil y los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos figuran como las poblaciones más expuestas a esta amenaza.
Según explicó, las redes criminales han optado por replicar el diseño de las marcas establecidas en el mercado formal para agilizar la distribución de los narcóticos, logrando que resulten prácticamente indistinguibles de los originales.
Cole enfatizó la capacidad de adaptación de los narcotraficantes, quienes alteran de forma permanente sus estrategias, envolturas y mercancías con el propósito de introducir sustancias ilícitas en territorio estadounidense.
Frente a este escenario, instó a los usuarios a comprar dichos artículos exclusivamente en comercios y puntos de venta autorizados. Advirtió que recurrir al mercado negro impide conocer la composición real de lo que se inhala y subrayó que, tratándose de compuestos sintéticos como el fentanilo, una sola equivocación puede resultar fatal.
Esta advertencia desde Washington coincide con el panorama documentado en territorio mexicano sobre el control de este sector por parte de la delincuencia organizada.
En noviembre pasado, una investigación titulada Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado —realizada de manera conjunta por Defensorxs, México Evalúa, El Colegio de México, Causa en Común y el periodista Óscar Balderas— reveló que siete agrupaciones criminales se disputan el dominio de esta actividad.
El reporte señala específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito como los actores que han transformado el contrabando de tabaco y cigarrillos electrónicos en una "caja chica" para sostener sus estructuras.
Durante la presentación del estudio, Óscar Balderas precisó que los recursos obtenidos de este comercio sustentan la adquisición de armas, las operaciones logísticas y las pugnas armadas en por lo menos 16 entidades federativas consideradas de alto riesgo.
Asimismo, los especialistas detrás del análisis determinaron que la ausencia de controles para rastrear la trazabilidad de los aparatos, sumada a la prohibición legal que rige en México, generó las condiciones propicias para que las mafias monopolizaran el sector.
A través de este esquema, las organizaciones delictivas han logrado expandir su presencia comercial y diversificar sus vías de ingreso económico mediante una cadena operativa estructurada en cuatro fases:
Internación ilegal: Los equipos ingresan al territorio nacional de forma clandestina, teniendo como principal punto de origen el continente asiático.
Alteración de empaques: Las mercancías son reetiquetadas y modificadas para borrar el rastro de su procedencia real.
Venta en línea: Las redes delictivas utilizan plataformas digitales y canales virtuales para ofertar los dispositivos al público.
Entrega al consumidor final: La distribución se concreta a través de redes que involucran a menores de edad, además de puntos de comercio establecidos en planteles escolares y tianguis o mercados ambulantes.