La Ley sobre Revocación de Mandato para Sinaloa, que el gobernador Rubén Rocha Moya empujó con tanto ahínco -una vez elevada a precepto constitucional y aplicada, de entrada, al presidente Andrés Manuel López Obrador – es la misma que ahora le quieren imponer a Rocha sus adversarios políticos diseminados, mayoritariamente, en la oposición, algunas cúpulas empresariales y ¿por qué no? hasta gente incrustada al interior de la Cuarta Transformación.

Esta ley, para su información, fue aprobada el 23 de enero del presente año, por los 37 diputados presentes en esa sesión de la sexagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado, para beneplácito del propio titular del Poder Ejecutivo en el Estado, quien cabildeaba arduamente para que Sinaloa fuese de las primeras entidades federativas en contar con una legislación en tal sentido y logró, finalmente, su propósito.

Paradójicamente, con esta misma ley ahora lo quieren tumbar de la gubernatura de nuestro estado.

Bien.En términos estrictamente objetivos debemos decir que por este camino, será muy difícil que los detractores de Rocha alcancen su objetivo puesto que se trata de una ruta jurídica muy accidentada, llena de escollos y poco viable para derrocar a un gobernador que, golpeado y todo, mantiene un sólido control político, respaldado por los poderes Legislativo y Judicial de Sinaloa.

Baste recordar, a manera de ejemplo, que 31 de los 40 diputados a la 65 legislatura del Congreso del Estado son simpatizantes de la Cuarta Trasformación, así como 17 de los 20 presidentes municipales que iniciarán su ejercicio el primer día del mes de noviembre, que ya toca a nuestras puertas.

Si, de acuerdo, Rocha Moya ha estado en el epicentro de una embestida mediática sin precedente; pero quienes están al frente de esa ofensiva, deben admitir que la fuerza política del actual gobernador es incuestionable aquí en Sinaloa.

Precisamente esa fuerza politica, más los recovecos de la citada ley hacen poco viable un resultado positivo en el esquema de la revocación de mandato. Y le vamos a comentar el por qué.

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Veamos. Ya un grupo de ciudadanos se presentaron en la sede del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para solicitar la aplicación de la ley de revocación de mandato, en los plazos y términos previstos por la misma.

Lo hicieron de manera anticipada porque tenían que haber esperado hasta el primero de noviembre, toda vez que la citada ley establece que su vigencia comenzará a contar a partir de la conclusión del tercer año de mandato del gobernador en turno;  pero, bueno, ya lo hicieron y la inquietud, de cualquier modo, quedó debidamente registrada.

Bajo este entendido, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es el organismo que debe convocar a la realización de una consulta, lo que deberá proceder cuando el 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del padrón electoral (y de cuando menos diez municipios de la entidad) respalden tal petición. ¿De cuantos hablamos? De entrada, de 235 mil. ¿Fácil? Ni por asomo.

Supongamos, sin embargo que sí. Que si lo lograron. Firmas y credenciales deberán ser examinadas escrupulosamente por el IEES, para luego proceder a la emisión de una convocatoria al respecto, en la inteligencia de que la consulta tendría que desarrollarse 90 días después, lo cual nos llevaría a una hipotética fecha de abril del año venidero, por lo menos.

Obviamente corresponderá al IEES – seria temerario preguntar si le asignarían una partida especial en el presupuesto estatal para 2025 – organizar el proceso y todo lo que conlleva, incluso, los cómputos correspondientes.

El resultado puede ser un si a la continuación de su gobierno o un hasta aquí de su mandato constitucional. No hay otra sopa.

Pero aquí viene otro punto interesante.

Para que ese resultado pueda ser vinculante tiene que contar con la participación del 40 por ciento de la lista nominal en la jornada, lo que eleva la cifra a 940 mil, casi casi, una elección constitucional.

Si las cosas llegasen a tales instancias, el balón sería pateado a la cancha del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, organismo que se avocaría a la revisión del proceso en su totalidad y a declarar la validez del mismo, cuyo resultado será comunicado oficialmente al Congreso del Estado.

Y si el resultado es la revocación de mandato, las funciones del gobernador concluirán en ese mismo instantes y ya el Legislativo dictaminará lo procedente: gobernador interino y convocatoria a nuevas elecciones. Supongo.

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Bueno. Definitivamente es un camino muy largo y sinuoso -como la galardonada melodía de los Beatles – el que se han decidido a emprender ese grupo de ciudadanos que ya se adelantaron a los tiempos y que demandan ya el inicio del proceso de revocación de mandato.

Ya la autoridad electoral les explicó lo conducente y los trámites que están obligados a desarrollar para seguir adelante con tan complicado proceso, a iniciar después del primero de noviembre que ya toca a nuestras puertas.

Lo primero, por supuesto, comenzar a recolectar firmas y credenciales de elector. Solo ocupan 235 mil, de 11 municipios del Estado. Y más adelante, todo lo que sigue. Lo mantendremos al tanto, amigo lector.

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