Con ‘boletín’, FGE intenta justificar ‘boletín’ de la SSPE
Si el objetivo era arrojar luz y desterrar el velo de confusión que existe sobre los acontecimientos del 22 de marzo cuando se reportó el ‘levantón masivo’ de 66 personas y la presunta aparición de los mismos en diversas fechas, momentos y lugares, la fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada y el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, no solo fallaron en su propósito sino que profundizaron las dudas, en primer lugar al limitarse a leer la titular de la FGE un complejo boletín, casi indescifrable, con el que trató de justificar el comunicado del domingo, emitido por la SSPE donde informaban la ‘aparición’ de las 8 personas levantadas que faltaban, pero sobre todo al huir de cuestionamientos de los periodistas, quienes buscaban entender lo que ocurrió en un ejercicio que primero se dijo sería una rueda de prensa y terminó siendo un monólogo. Como gritó un reportero: mejor hubieran mandado un
WhatsApp. Nos quedamos con dos expresiones de la fiscal –quien por cierto por primera vez en 19 días después de aquella jornada salió a los medios--: por un lado, existe la hipótesis de que no todos los liberados corresponden a las personas levantadas el 22 de marzo y que por falta de denuncias de las víctimas, la SSPE pudo confundirse al admitir como ciertos sus testimonios, instruidos quizás a base de golpes o amenazas por sus captores. Por otra parte, aclararon que si las fichas de búsqueda siguen activas es porque personas que han ido apareciendo no permiten se les tomen fotografías o declaraciones, por lo que legalmente mantienen su condición de no localizables. Es decir, no hay forma de a acreditar que todos los 66 estén realmente ‘sanos y salvos’, aunque luego quisieron decir que sí y que la mayoría de los medios no entendieron eso. El problema es que ambos funcionarios salieron solo para la foto, con una fiscal llevando la voz cantante y un secretario de Seguridad como ‘testigo de piedra’. Traen urgencia de cerrar este capítulo.
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Productores, en pie de guerra
Aunque desde el gobierno se ha aclarado que las negociaciones con los industriales ‘van por buen camino’ en la idea de construir un esquema de comercialización del maíz con un precio que resulte ‘razonable’, desde el bando de los productores empiezan a sonar los tambores de guerra. A través de su cuenta de Facebook, Ricardo Armenta Beltrán, un experimentado líder agrícola que prácticamente se había ‘jubilado’ de la lucha campesina tras décadas de encabezar duras manifestaciones y cruentas batallas por el campo, lanzó un enérgico mensaje que no hay que perder de vista porque evidentemente están desenterrando el ‘hacha’: ‘Productores y gobierno ya nos conocemos, pero ahora es con todo nuestro coraje’. A su juicio, se les está dando ‘atole con el dedo’ y sostuvo que ya están hartos de mentiras, por lo que irán con todo por un lado para exigir el pago inmediato a los que aún no les pagan el maíz del año pasado ni el apoyo por tonelada de garbanzo, frijol, cártamo y sorgo. Ricardo Armenta, ex diputado federal, quien por allá en los 90 y en las tres campañas presidenciales de López Obrador lo acompañó codo a codo en la lucha por llegar a Palacio Nacional –con quien se hablaba de tú a tú—reprochó que ya no van a permitir que se negocie a espaldas de los maiceros, con líderes ‘chayoteados y vendidos’, por lo que anticipó que pedirán se les incluya en las mesas de negociación con los industriales. El lunes harán protesta en Palacio de Gobierno, el que llamó ‘la casa del pueblo’.
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Juez pone ultimátum a ex directivos de la UAS
Que proceda quién sabe, pero un juez de control tomó una medida que, de aplicarse, abriría la posibilidad de que todos los ex directivos de la UAS que están en calidad de imputados por diversas causas penales, ya no puedan ‘estirar la liga’ al recurrir a la alternativa que les concede la ley de estar revocando abogados para impedir que se lleven audiencias iniciales. Le contamos. Desde octubre del año pasado se han venido difiriendo audiencias iniciales, en cinco ocasiones ya, donde la FGE busca formular imputación en contra de Héctor Melesio Cuen Díaz, pero por razones de salud o por cambios de abogados se han venido reprogramando, como ocurrió ayer, cuando se recibió la notificación de la designación de un nuevo defensor por lo que se pidió se pospusiera la audiencia debido a que el litigante no estaba preparado para llevar una defensa ‘técnica y adecuada’ al no conocer la carpeta de investigación, lo que los fiscales, como ha venido ocurriendo, acusaron que se trataba de una evidente estrategia dilatoria. El punto es que el juez Adán Alberto Salazar Gastélum al tomar la palabra dictó que será la última vez en que el ex director de Bienes e Inventarios de la UAS podrá cambiar de abogado pues en caso de que en la fecha reprogramada, el 06 de junio, se pretenda revocar o designar otro abogado, o el hoy nombrado diga que no está preparado, tendrán listos y preparados a Defensores Públicos para iniciar con la causa. El argumento: ciertamente tiene derecho el imputado a cambiar de abogados, pero tiene un límite y este es cuando se contrapone a los derechos a la justicia y reparación del daño. Ya veremos.
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Alturas del Sur… ¿No existe?
El testimonio de una vecina de Alturas del Sur compartido a nuestra redacción, da cuenta de algo grave que pueda estar pasando no solamente en Culiacán, sino en todas las ciudades de Sinaloa, donde por descuido, negligencia o vale madrismo de empresas constructoras, pero también la falta de rigor de ayuntamientos para hacer valer los reglamentos, dejan solos a colonos pagar los ‘platos rotos’. Resulta que una habitante de ese populoso sector al sur de Culiacán recurrió a un chat por WhatsApp que tuvo a bien abrir la Comuna para recibir quejas y resolverlas de inmediato o lo más pronto posible, donde pidió que se retire un contenedor de basura –adjuntando foto-- mismo donde la gente solo iba a tirar desechos pero superando la capacidad del mismo y además, le prenden fuego, lo que representa un verdadero foco de contaminación para la gente. ¿Qué le dijeron como respuesta? Que sí, que muchas gracias por la denuncia expuesta pero que ese fraccionamiento tiene problemas ‘en cuestión de entregas al Municipio’ al ‘no cumplir con las normas de seguridad que establece la Secretaría (de Obras Públicas)’ por lo que ‘todos los servicios aun no son públicos y le competen a la constructora dar mantenimiento’, por lo que le recomendó ‘acercarse a la constructora’. ¡Ve nomás! Y como callada no es la vecina, le respondió al administrador del chat que esos contenedores los instaló el ayuntamiento y como tal reiteró la solicitud de retirarlo, requiriéndole número de reporte o queja para seguimiento de su denuncia. Como era de esperarse, la dejaron ‘en visto’ y con el contenedor ardiendo en basura. ¿Hasta cuándo los ayuntamientos se pondrán en sus dedos gordos a las constructoras?
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