Columnas
Columna Institucional Sin Ambages Miércoles 11
Por:
Redacción el
10 de mayo de 2022
Hay nerviosismo entre consejeros de Homex
Que Estaquio de Nicolás se va a quedar un rato en el Reclusorio Oriente, en lo que el juez esclarece el estado de la denuncia. Al Tato se le acusa de una defraudación al Bancomext por unos 240 millones de pesos. Bajo el nuevo Código Nacional de Procedimientos no está tipificado como un delito grave y le deberían dar libertad bajo caución. Eso es lo que deberá pelear la defensa que encabeza su penalista, Anuar García. La acusación del banco que dirige Luis Antonio Ramírez podría alcanzar al resto de los integrantes del Consejo de Administración de Homex que fungieron entre 2012 y 2015, cuando el entonces director del Bancomext, Héctor Rangel Domene, autorizó el crédito que ahora se argumenta que no se pagó. Apunte a sus hermanos Gerardo y José Antonio de Nicolás, a Luis Alberto Harvey, Z. Jamie Behar, Wilfrido Castillo Sánchez-Mejorada, Rafael Matute, Edward Lowenthal, Dennis G. López, José Manuel Canal, Antonio Manuel Dávila, Samuel Suchowiecky, Ernesto Valenzuela y William Crombie. Lo que sucede con los De Nicolás y Homex ya prendió alarmas entre otros acreditados de ese banco del gobierno que durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto solicitaron préstamos. Y es que la 4T está revisando con lupa expedientes que no se cerraron completamente… Asi lo escribió en su columna Darío Celis, periodista de El Financiero, bien enterado.
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El caso Estrada podría sentar un precedente que inquieta a los alcaldes
Aunque a nuestro juicio, la crisis política en que está envuelta el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, es un pleito que solito compró, a pesar de las muchas señales de llevar la fiesta en paz, están surgiendo entre alcaldes inquietudes de que pudiera sentarse un mal precedente si al final del día el Congreso del Estado lo destituye sin un sólido argumento jurídico, y en su lugar pesen más los criterios políticos, porque quedarían vulnerables, sobre todo aquellos presidentes municipales sobre quienes ya hay, de manera formal en unos casos, solicitudes de juicio politico como la alcaldesa de Cosalá, Carla Ursula Corrales, además de que se mencionan a los de Guasave, Martín Ahumada Quintero; de Navolato, Margoth Urrea y; de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, a quien desplazados por la violencia lo acusan de incumplir compromisos de Ley, y súmele que la secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, le envió un oficio donde le pide al Químico investigar el porqué su gobierno marginó de una exposición a la artista Marsol Quiñones, violentando la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este contexto, aguas, todo cuenta.
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Brota nueva preocupación que deberá poner atención la autoridad
Imagine estar sentado en su casa, durmiendo quizás y que de pronto, literal, se lo “trague la tierra”. Eso sufrió un joven ayer en el sector Juntas del Humaya, en Culiacán, producto de un socavón que se formó debido a un “narco túnel” que cruza ese populoso sector, donde está ubicada una vivienda asegurada, y que era usada por el crimen organizado. El gran tema que brotó y en el que la autoridad deberá poner especial atención es identificar cuántos sectores de la capital están bajo riesgo, por no irnos a otras ciudades del estado, donde sus vecinos estarán expuestos a este miedo de que un día, de pronto y de la nada, sus viviendas se vengan abajo por esta causa. Gobierno del Estado, hay que anotarlo, tuvo una rápida reacción al enviar el propio gobernador Rubén Rocha Moya a su secretario de Obras, José Luis Zavala Cabanillas, quien recorrió la zona y comprometió apoyo para rehabilitar las viviendas afectadas.
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Los centros de rehabilitación, y sus formas de operar, otro tema a revisar
Este martes en Guasave, ocurrió otro hecho que también debe motivar una profunda revisión sobre las condiciones en que operan los centros de rehabilitación de personas con adicciones en Sinaloa , y nos referimos al “amotinamiento” que, en medio de la tensión y angustia de familiares, derivó en la “fuga” de internos, quienes acusaron malos tratos, golpes, aislamiento de sus familias e incluso que había días en que los dejaban sin comer. Al final, algunos se fueron a sus casas dado que la Policía estaba impedida para “capturarlos” y volverlos a internar. Esta situación exhibe un tema sobre el que mucho se ha debatido y aunque se ha avanzado en la regulación de los centros de atención de adictos, la realidad es que hay mucho por hacer para garantizar que operen bajo esquemas óptimos, que aseguren un proceso que permita que pueda avanzar en su rehabilitación. Sin duda que este hecho prende focos de alerta.
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