Primer acto, el auditor de la federación aparece dando un informe en el que menciona inconsistencias durante el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, principalmente, en los resultados que arrojaron los números de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Segundo acto, el Presidente desmiente a la auditoría y menciona su típica frase “Yo tengo otros datos”. Tercer acto, el auditor se desdice y aclara que su informe tiene errores básicos de contabilidad. ¿Cómo se llama el cuento? Exacto, “A Chuchita, la auditora, la bolsearon”.
Presentar estas inconsistencias, señalando errores en la acreditación de gastos por parte de la construcción del aeropuerto y la cancelación del mismo, obedece o a una acción de mala fe por parte del órgano auditor, descubierta por la respuesta del Presidente; o responde a un error involuntario que desnuda su falta de profesionalismo y compromiso con la tarea que manda su encargo. Ya que la administración pública exige transparencia y legalidad, y al incumplir con estos propósitos, el auditor y su equipo dejan de ser confiables.
Ahora que ha quedado de manifiesto que el principal órgano auditor del Estado mexicano no es de fiar al hacer su trabajo, pues han demostrado su incompetencia en un tema tan sencillo como es la administración de los recursos públicos. No olvidemos que las anomalías señaladas no solo tienen que ver con los gastos de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, o los relevantes con la postura de AMLO al cambiar su construcción a Santa Lucía, la base área militar. Las demás inconsistencias ventiladas en otras áreas, en ese informe, se vieron opacadas con este escandalo.
Sin embargo, cabe aclarar que los demás temas que hiciera públicos la auditoría también se antojan espinosos. Pues, entre ellos, se manifiesta que la Secretaría de la Función Pública, que atiende Irma Eréndira Sandoval, una de las consentidas del Presidente, les impidió el acceso a ciertos archivos para hacer su trabajo. Estas obstrucciones son clara violación a las disposiciones legales, por lo que su titular y los funcionarios que incurrieron en ellas merecen un castigo jurídico.
Otro detalle que salió a la luz, ha sido la disposición de los recursos por el Gobierno Federal en lo que respecta a programas de apoyos que instauró esta administración. Como es el destinado a jóvenes, cuyo resultado especifica que no queda claro el uso que se le dio los dineros para ese programa. Por lo que se observa una malversación que puede originar en denuncias penales contra los funcionarios que se encargan de manejar esa lana. Y lo que es evidente, alguien en la federación está mintiendo.
Se les enredó la piola. El auditor realizó una acusación que rápidamente se hizo viral. Pues somos muchos los mexicanos que suponemos los gastos previstos en el capricho del Presidente al cambiar la ubicación del nuevo aeropuerto, serán mucho más caros de lo que nos ha dicho. Es evidente que el tema no fue del agrado del que manda desde Palacio Nacional, por lo que se presume ejercieron presión sobre la auditoría para que corrigiera su informe y el resultado ha sido distraer la atención del tema.
Los gastos de gobierno deben ser transparentes. La obligación de la auditoría es vigilar que así sea. Las observaciones que le hace a una administración deben ser contundentes y no dejar espacio para las sospechas, como sucede con este informe. Pues si bien la obligación legal es desnudar las anomalías en las que ocurren los funcionarios, no debe dar pie a que su trabajo se politice incurriendo en supuestos que pongan en duda el origen de sus funciones.
La moraleja de este cuento es que el Presidente no va a tolerar se evidencien malos manejos y errores en su magnánima obra, el aeropuerto, eso no lo perdona. Pues al mantener su discurso de los señalamientos a las malas acciones de gobierno de los de antes, no permitirá que su mayor legado, aunque sea un capricho personal, sea señalado como un artífice de corrupción.
Sin importar que los recursos destinados para apoyos en programas federales sean utilizados para otros fines ilegítimos. O que sus funcionarios, principalmente sus protegidos, sean señalados y evidenciados como corruptos. Incluso cuando obstaculizan los trabajos de transparencia. Cuando falsifican documentos para ocultar su incompetencia. Aunque tengan denuncias por el delito de violación sexual y un estado entero le pida que no lo haga candidato a gobernador. Para eso, AMLO seguirá contándonos cuentos.
Buzón de Salida. Dominique Strauss Kahn, era el poderoso presidente del Fondo Monetario Internacional y precandidato mejor posicionado a la Presidencia de Francia. Kevin Spacey, era el actor principal de la serie más popular de Netflix, House of Cards, en camino a convertirse en el mejor pagado de Hollywood. Ambos, sin importar su poder o posición, tuvieron que renunciar a sus trabajos y aspiraciones, cuando fueron acusados por agresión sexual en Estados Unidos, donde las víctimas son escuchadas y sus denuncias se toman con mucha seriedad.
En cambio, en México, si acusas por violación a un protegido del Presidente, te ignora y a él lo premia con una candidatura al Gobierno de Guerrero. Hasta que el pueblo entero se une a tu voz, ejerciendo presión, gritando que un Violador no será Gobernador.
Storyteller.
Al Chávez Rubio.
El maestro Chávez Rubio es Abogado. Se ha desempeñado en el servicio público como jurídico en dependencias Federales, Estatales y Municipales. También es Catedrático, Analista y Columnista en diversos medios de comunicación.
Lo puedes encontrar en redes sociales:
Facebook Storyteller Al Chávez Rubio
Twitter @AlChávezRubio
Youtube Al Chávez Rubio