Mediante una publicación compartida en su perfil de la red social X, el alto funcionario estadounidense denunció que la corrupción imperante en el país vecino robustece las estructuras de los carteles, por lo que reafirmó el compromiso institucional de sacar a la luz estas conexiones delictivas con el propósito de resguardar la seguridad de la ciudadanía norteamericana.
“La
DEA
sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, redactó este martes.
Esta postura se suma a la declaración emitida tres días atrás, en la que Cole advirtió que tanto la agencia antidrogas como la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (
HSTF
) intensificarán la persecución contra aquellos funcionarios y figuras políticas que brindan protección al narcotráfico.
El aviso coincidió cronológicamente con la emisión en Estados Unidos de la sentencia dictada en contra de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (
CJNG
), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
En su mensaje, el administrador de la
DEA
recalcó que el tráfico de sustancias ilícitas y la corrupción operan de la mano, desestimando la relevancia de filiaciones partidistas, y prometió que seguirán puntualmente los rastros financieros y operativos de los “políticos que se benefician, protegen y alimentan” a las mafias.
Cabe recordar que la resolución contra “Tony Montana” fue dictada por la jueza Beryl A. Howell en el Tribunal de Distrito de Columbia, imponiéndole una pena de 22 años y medio de reclusión por delitos de conspiración internacional para distribuir narcóticos y portación de armamento de fuego, tras haberse declarado culpable cuatro meses antes.
Durante el proceso, la representación legal del imputado solicitó una condena de dos décadas basándose en su avanzada edad de 68 años y su frágil expectativa de supervivencia, mientras que el ministerio público federal exigió un castigo de 30 años.
Historial de señalamientos y sanciones contra figuras públicas de México
La ofensiva jurídica y diplomática contra funcionarios mexicanos comenzó a materializarse en abril pasado, lapso en el cual el Departamento de Justicia de la Unión Americana presentó cargos formales contra el entonces gobernador de Sinaloa,
Rubén Rocha Moya
, junto a nueve colaboradores, imputándoles delitos vinculados al
narcotráfico
y tráfico de armas en favor del
Cártel de Sinaloa
.
La acusación formal fue formulada por la Fiscalía Federal correspondiente al Distrito Sur de Nueva York, la cual apuntó tanto a servidores públicos en funciones como a exfuncionarios estatales por haber tejido alianzas con la célula de Los Chapitos para el envío masivo de enervantes hacia el mercado estadounidense.
Según los expedientes, los implicados habrían filtrado información estratégica y reportes confidenciales del Ejército Mexicano y de corporaciones de seguridad a los líderes criminales a cambio de jugosos sobornos en efectivo.
La lista de autoridades señaladas en aquel momento incluyó, además del exmandatario sinaloense, a los siguientes perfiles:
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Enrique Inzunza Cazárez, legislador en el Senado y exsecretario general de gobierno en la entidad.
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Enrique Díaz Vega, quien fuera titular de Administración y Finanzas.
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Dámaso Castro Zaavedra, entonces fiscal general adjunto en el estado.
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Gerardo Mérida Sánchez, anterior responsable de la Secretaría de Seguridad Pública local.
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Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía Ministerial investigadora.
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Posteriormente, en septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (
OFAC
), dependiente del Departamento del Tesoro, impuso sanciones punitivas contra 21 personas físicas y 25 entidades corporativas por sus presuntos lazos operativos con el
Cártel de Sinaloa
, enfocándose particularmente en el brazo liderado por Ismael Zambada Sicairos, apodado “Mayito Flaco”.
Entre los sancionados figuraron círculos cercanos a la administración de la gobernadora de Baja California,
Marina del Pilar
, señalándose específicamente a su exesposo,
Carlos Alberto Torres Torres
, y a su cuñado Luis Alfonso Torres, quienes presuntamente habrían recibido sobornos del hampa para posteriormente canalizar y blanquear dichos capitales mediante estructuras mercantiles y financiamientos de campañas políticas. De acuerdo con las indagatorias de Washington, el ex cónyuge de la mandataria mantendría vínculos con Juan José Ponce Félix, alias “El Rusio”, cabecilla de la facción de Los Rusos con presencia en Mexicali.
El bloque de penalizaciones financieras también alcanzó a
Pedro Ariel Mendívil García
, exdirector de la policía municipal en Mexicali, señalado de pactar sobornos con “El Ruso” para entregar el control operativo de la corporación a la organización delictiva y blindar sus ilícitos. Asimismo, se incluyó a
Rafael Buenrostro Martín
, exfuncionario aduanero en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California, identificado como operador cercano a Carlos Torres y colaborador de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, aprehendido semanas antes en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital mexicana. Las investigaciones sostienen que Buenrostro Martín otorgaba protección política e influencia institucional a favor de Rivera Zazueta a cambio de retribuciones económicas ilegales.
Estas acciones punitivas se inscriben en una estrategia de presión sostenida impulsada desde el inicio de la gestión de
Donald Trump
, orientada a doblegar al gobierno mexicano en el combate frontal contra las organizaciones criminales mediante la amenaza latente de gravámenes arancelarios y la difusión de expedientes judiciales contra la clase política nacional.