Para lograr su objetivo de acabar con la migración irregular y fortalecer su maquinaria de deportaciones masivas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con un entramado de al menos 133 agencias del orden público, locales y estatales, ubicadas en 21 estados, en donde las autoridades pueden hacer labores de agentes migratorios.
En la orden ejecutiva de Protección del pueblo americano contra la invasión, Trump ordenó al Secretario de Seguridad Nacional a buscar acuerdos para ampliar la aplicación de este programa.
“El secretario de Seguridad Nacional, en la medida máxima permitida por la ley y con el consentimiento de los funcionarios estatales o locales, según corresponda, tomará las medidas adecuadas, mediante acuerdos en virtud de la sección 287(g) de la INA (8 USC 1357(g))", indica la orden ejecutiva.
"O de otro modo, para autorizar a los funcionarios de aplicación de la ley estatales y locales, según el secretario de Seguridad Nacional determine que están calificados y son apropiados a desempeñar las funciones de los agentes de inmigración en relación con la investigación, aprehensión o detención de extranjeros en los Estados Unidos bajo la dirección y la supervisión del secretario de Seguridad Nacional”, señala.
Detenían y arrestaban ilegalmente a latinos.
Esta medida ha sido polémica desde su creación, ya que ha provocado redadas no autorizadas, retenes y perfilaciones raciales.
Hay estudios del Departamento de Justicia que identificaron que algunos oficiales detenían y arrestaban ilegalmente a latinos.
Incluso, se descubrió que en estas zonas, los conductores latinos tenían diez veces más probabilidades de ser detenidos que los locales.
Cabe señalar que la orden 287 (g) de ICE, autoriza delegar a oficiales del orden público tanto estatal como local, a realizar funciones específicas de oficiales de migración bajo la dirección y supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
En su página oficial, reporta que a diciembre de 2024, ICE tiene acuerdos de aplicación del programa con 60 agencias del orden público bajo el Modelo de control en cárceles mientras que bajo el modelo Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto firmó acuerdos con 75 agencias.
Están adscritos a la orden 287 (g) 125 condados, dos departamentos de policía y cinco correccionales estatales.
El gobierno estadunidense ha considerado que con esto se mejora la colaboración con los socios del orden público locales para “proteger a la patria mediante el arresto y remoción de no ciudadanos que socavan la seguridad de las comunidades de nuestra nación y la integridad de las leyes de inmigración”.
“El programa 287(g) mejora la seguridad de las comunidades de nuestra nación al permitir que la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE se asocie con agencias del orden público estatales y locales para identificar y remover a no ciudadanos delincuentes encarcelados que son aptos para ser removidos de Estados Unidos. antes de que sean liberados en la comunidad”, señala.
Este programa se aplica en dos modalidades:
El primero es el Modelo de Control en cárceles, que consiste en identificar y procesar a no ciudadanos removibles, con cargos penales actuales o pendientes, que han sido arrestados por agencias del orden público estatales o locales.
Mientras que el modelo Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto permite a ICE capacitar, certificar y autorizar a oficiales del orden público tanto estatales como locales para entregar y efectuar órdenes administrativas contra no ciudadanos en la cárcel de su agencia.
Contexto antimigrante
El profesor sobre migración del Colegio de la Frontera Norte, José Israel Ibarra, consideró que los migrantes se enfrentan a un riesgo mayor de ser detenidos y deportados dado por la política migratoria impulsada por Trump.
En este sentido, recordó que el mismo presidente de la unión americana ha amenazado con tomar acciones legales contra las autoridades locales que no se alineen con los primeros mandatos que firmó al arranque de su administración.
“El propio gobierno de Biden tomó la decisión de, pues si no congelar, al menos no promover este programa 287G", señaló Ibarra.
"Pero pues estamos entrando a una época que a mi punto de vista es un paso a un nuevo nivel de crueldad y a la imposición, ahora sí completamente, de la agenda de securitización de la política migratoria”, remarcó.
Finalmente, mencionó que un posible riesgo frente a este escenario es la exacerbación de las políticas antimigrantes pero no sólo en Estados Unidos sino en América Latina.
“Estamos viendo una cuestión de externalización de la frontera estadounidense y digamos una presión muy fuerte al resto de los gobiernos de América Latina para que adopten esta misma agenda, que es una agenda global”, concluyó.
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Con información de Milenio