Los planteles de educación media superior y superior en una de las zonas con mayor rezago del país reciban un impulso económico directo. La jefa del Ejecutivo federal,
Claudia Sheinbaum
, dio a conocer que un bolso cercano a los 100 millones de pesos —monto equivalente a los USD 5,8 millones obtenidos tras los litigios contra la red del exsecretario de Seguridad Pública— será destinado de manera íntegra a mejorar la oferta educativa en la Montaña de Guerrero.
Aunque no se precisó un calendario para la ejecución de las obras, la mandataria reafirmó el compromiso de canalizar estos recursos recuperados hacia sectores altamente vulnerables.La confirmación sobre el estado de las finanzas y los bienes bajo investigación ocurrió durante la habitual conferencia matutina en el Salón Tesorería. Ahí, Omar Reyes Colmenares, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló las acciones emprendidas para cobrar saldos pendientes imputados a
Genaro García Luna
y ubicar propiedades adicionales vinculadas a sus testaferros,
Mauricio Samuel Weinberg López
y su hijo,
Jonathan Alexis Weinberg Pinto
.
Las autoridades mexicanas colaboran internacionalmente para rastrear, embargar y subastar activos pertenecientes a este clan societario en distintas latitudes, con el objetivo final de reintegrarlos a las arcas públicas.
El esquema patrimonial bajo la lupa abarca dos décadas de operaciones y diversas modalidades de desvío presupuestal. Entre 2006 y 2012, mientras encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, García Luna tejió vínculos con el crimen organizado.
Posteriormente, en el periodo comprendido de 2012 a 2018, la dinámica migró hacia la contratación gubernamental inflada o simulada mediante servicios tecnológicos y de inteligencia no entregados, beneficiando a empresas controladas por la
familia Weinberg
.
Investigaciones oficiales señalan que la alianza comercial entre Mauricio Weinberg y el exfuncionario se remonta a la década de los 80. Mediante un entramado corporativo compuesto por al menos 80 sociedades mercantiles distribuidas entre Panamá, México y Estados Unidos, los Weinberg obtuvieron 30 contratos públicos con dependencias como la Policía Federal, el CISEN, el OADPRS y la PGJ de la capital.
Estos acuerdos sumaron más de USD 727,9 millones y 528 millones de pesos, de los cuales la federación desembolsó efectivamente USD 625,2 millones y 93,9 millones de pesos. Entre las empresas clave destacaron Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd., además de GLAC, firma vinculada directamente al exsecretario y su cónyuge, Linda Cristina Pereyra, la cual captó más de 26,6 millones de pesos.
La distribución de capitales incluyó giros a cuentas radicadas en Barbados (USD 449,6 millones), Israel (USD 69,1 millones) y entidades nacionales (USD 106,4 millones).
Según reportes previos presentados por Pablo Gómez, la firma panameña Nunvav evitó el pago de tributos internacionales mientras dispersaba, entre 2013 y 2020, más de 528 millones de pesos y USD 28,5 millones hacia 10 países, registrando un posterior retorno mediante triangulaciones por USD 189,8 millones dirigidos a 109 destinatarios en México —en su mayoría corporativos catalogados como irregulares por las autoridades tributarias—.
En el plano judicial y penal, el caso suma resoluciones en múltiples dependencias. En Madrid, España, fue arrestado el 31 de diciembre de 2023 Jonathan Alexis Weinberg, considerado el estratega legal de la red, quien posteriormente obtuvo libertad bajo medidas cautelares en enero de 2024 a la espera de su extradición.
Por la vía civil, un juzgado de Florida determinó en mayo de 2026 una sanción reparación por USD 578,5 millones contra el Grupo Weinberg, sumándose a los fallos emitidos en mayo de 2025 que obligan a García Luna y su esposa a pagar más de USD 2.448 millones. A pesar de que las sentencias a favor del Estado superan los USD 3.067 millones, la ejecución efectiva de estos cobros apenas alcanza los USD 5,8 millones recuperados.
A la par, el plano judicial interno recobró impulso tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictado el 20 de agosto de 2026. Con una votación de 7 a 2, el Pleno validó la facultad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para accionar juicios de amparo en resguardo del patrimonio presupuestal.
Esta resolución revirtió la postura de un Tribunal Colegiado y reactivó el expediente elaborado a partir de un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, permitiendo que la Fiscalía General de la República mantenga las acusaciones contra 16 exservidores públicos vinculados a irregularidades contractuales en ocho centros penitenciarios por un monto estimado superior a 5 mil millones de pesos.
Youtube ¡Dale click y ponte Adiscusión!