Culiacán, Sin.- La frivolidad les ganó a las instancias encargadas de evaluar las condiciones para un regreso seguro de los desplazados del municipio de Sinaloa, manifestó Óscar Loza Ochoa, integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.
El activista externó que no han bastado las experiencias que dejó la Operación Cóndor en los años setenta, tampoco los dolores y pérdidas que dejaron las imprudentes invitaciones que en su momento hicieron los gobiernos de Mario López Valdez y de Quirino Ordaz Coppel, pues los intentos de regreso terminaron con la pérdida de vidas de poco más de una docena de personas.
Cuenta que este miércoles y jueves recibió sendas llamadas telefónicas de doña Esperanza Hernández Lugo, líder de desplazados, en las que le habló con la angustia a flor de piel de los viajes organizados por Secretaría del Bienestar regresando a los desplazados.
Narra que ella fue víctima del primer desplazamiento forzado de este siglo en Sinaloa municipio, y desde 2012 se mantiene a la cabeza de sus paisanos desplazados.
En una carta dirigida al gobernador expone, Loza Ochoa expone que las cosas no han sido fáciles para ella y sus compañeros, toda vez que no han faltado acosos, amenazas y hasta un atentado. Con una medida cautelar en la mano expedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toca puertas y habla con autoridades defendiendo a sus desplazados.
Loza Ochoa, señala que a menos de dos semanas en que la violencia volvió por sus fueros en Sinaloa municipio y repercutió en comunidades de Mocorito, nunca imaginó que la autoridad estuviera de acuerdo y que impulsaría el regreso de los desplazados. “Ni a los gobiernos de MALOVA y de Quirino Ordaz los invadió la fiebre de la desesperación por regresar a los desplazados en las primeras semanas de la tragedia”.
“Impacta profundamente saber que el presente gobierno, de Rubén Rocha Moya (fundador con desplazados de los años setenta de la colonia 15 de julio en Guamúchil), permite, sin más, el regreso de quienes aún no se reponen del susto y de las pérdidas de los días 28 y 30 de julio”, dijo.
Opina que ni tiempo ha tenido la autoridad para asimilar el problema, menos para documentar y elaborar un informe. Pero de manera inexplicable se enteran del regreso masivo de las víctimas del desplazamiento.
Y se pregunta: ¿y el artículo 25 de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Problema del desplazamiento Interno Forzado en Sinaloa?
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, visitó el albergue de los desplazados en Guamúchil, donde coincidieron con el gobernador Rubén Rocha Moya en el CBTiS 45, quien solicitó una opinión sobre el caso y donde se expresó de los temores de que se permitiera o promoviera el regreso de los desplazados en las condiciones que prevalecían en esos momentos. Algunos desplazados le preguntaron si apoyaría el regreso de ellos, él les expresó que sí y si querían quedarse, también los apoyaría.
La opinión fue que no había condiciones para el regreso en el futuro inmediato y que, en todo momento, la autoridad debía observar lo que establece el artículo 25 de la Ley citada arriba, pues dicho artículo ordena que antes de volver a las comunidades, la Secretaría General de Gobierno debe elaborar un informe en el que de demuestre que las condiciones que hicieron posible desplazamiento ya desaparecieron.
“Ese informe debe ser analizado por el Comité Intersecretarial, y de aprobarse, aún tiene que ponerse a consideración de los mismos desplazados. Nada de eso ha sucedido.
¿Por qué no se contempla lo establecido en la Ley? Porque al menos hay desconocimiento sobre las consecuencias del fenómeno desplazamiento interno, porque hay inmadurez al tomar decisiones y porque, a pesar de la experiencia, se sigue creyendo que, al haber presencia militar o policial, las cosas ya están resueltas”, acotó.
Síguenos en Facebook, Twitter,
Youtube ¡Dale click y ponte Adiscusión!