Ciudad de México.- Un esfuerzo nacional coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca unificar los criterios regulatorios en torno a los smartphones y redes sociales para la infancia y juventud.
Pese a que este plan general sigue en construcción, 16 regiones del territorio mexicano ya disponen de marcos normativos vigentes para acotar el uso de telefonía celular en los planteles. Asimismo, en otros cinco estados existen proyectos normativos en dictamen, al tiempo que Tlaxcala aplicó medidas internas urgentes a nivel directivo.
Esta serie de disposiciones —impulsadas mediante enmiendas legales, protocolos locales o acuerdos gubernamentales— persiguen neutralizar las distracciones durante la enseñanza, atenuar el acoso digital y promover hábitos tecnológicos sanos.
Las demarcaciones que ya cuentan con ordenamientos vigentes corresponden a Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
Aunque las reglas específicas difieren entre jurisdicciones, la constante general impone restringir los teléfonos durante la jornada educativa. Dichos aparatos únicamente se permiten bajo autorización explícita del docente para actividades pedagógicas, imprevistos o circunstancias urgentes estipuladas por la dirección del centro escolar.
De las modificaciones legislativas a los foros de consulta ciudadana
La Ciudad de México y el Estado de México encabezan las transformaciones normativas más consolidadas tras ajustar sus leyes de educación locales. En ambos territorios se exige que los planteles diseñen mecanismos para el resguardo de las unidades móviles, detallando las excepciones académicas.
Para la entidad mexiquense, se redactan actualmente manuales, protocolos y normativas que entrarán en pleno funcionamiento para el periodo académico 2026-2027.
En paralelo, los parlamentos de Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo evalúan proyectos de ley encaminados en la misma ruta. Todas estas iniciativas convergen en bloquear los teléfonos en horarios lectivos, supeditando su empleo a la supervisión docente o a emergencias.
En el caso sinaloense, las reformas aprobadas el pasado 30 de julio otorgaron un margen de 120 días a la Secretaría de Educación Pública y Cultura local para presentar la reglamentación operativa.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala dictó en julio pasado disposiciones administrativas obligatorias dirigidas a organizar la convivencia y controlar las pantallas en las aulas, prescindiendo del trámite legislativo.
En contraste, en Baja California permanece congelada desde el 2 de abril una propuesta del legislador Ramón Vázquez Valadez en la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología.
A su vez, la diputada oaxaqueña Elisa Zepeda Lagunas impulsó un ajuste a la ley educativa local que no busca la prohibición tajante, sino condicionar la presencia del celular a la validez pedagógica respaldada por los profesores.
Una iniciativa de mayor alcance se analiza en Veracruz, donde la gobernadora Rocío Nahle confirmó que la Secretaría de Educación del estado revisa una propuesta para prohibir la telefonía móvil no solo a los estudiantes, sino también al cuerpo docente de nivel secundaria.
Finalmente, este debate impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SEP,
Mario Delgado
, pretende derivar en un esquema unificado antes del inicio del ciclo 2026-2027.
Durante la Plenaria del CONAEDU, la SEP convocó a realizar encuentros de discusión regionales y un foro por entidad para estudiar los impactos del entorno digital en los menores.
Este ciclo de encuentros arrancará el 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, continuando el 3 de septiembre en Quintana Roo y el 30 de septiembre en Puebla, con la meta de fundamentar una iniciativa legal definitiva consensuada con especialistas, docentes y familias.
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Con información de Milenio