Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado acusó a funcionarios y ex directivos de la UAS de hacer contrataciones ilegales de contratación de obras y mantenimiento por casi 21 millones de pesos en los años 2021 y 2022, las cuales fueron adjudicadas de manera directa a un proveedor cuando por Ley debieron asignarse por licitación.
Por estos hechos la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó a un juez de control la vinculación a proceso penal del rector hoy separado del cargo, Jesús Madueña Molina por el presunto delito de Ejercicio indebido del servicio público.
Pero también, por estos mismos hechos, pidió la vinculación de todos de quienes eran entonces los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, a quienes se acusa de incurrir en Desempeño irregular de la función pública.
Se trata de Héctor Melesio Cuen Díaz (quien compareció vía zoom) en su calidad de ex director de Control, Bienes e Inventarios; Salvador Pérez Martínez, ex secretario de Administración y Finanzas; Soila Maribel Gaxiola, directora de Planeación y Desarrollo; Óscar Orlando Guadrón, coordinador de Proyectos Especiales y; Jorge Pérez Rubio, director de Construcción y Mantenimiento de la UAS.
La defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional por lo que será hasta el martes 2 de julio, cuando el juez Carlos Alberto Herrera defina la situación jurídica de los imputados.
El rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina expuso que todas las obras que les señalan, se hicieron esos años ante el regreso de los estudiantes a clases presencial y “en vez de que te lo agradezcan nos quieren meter a la cárcel pero además nos quieren dejar en la ruina” al referirse a la medida cautelar que le aplicaron de una garantía de 2 millones de pesos.
Ante el juez, Jesús Madueña Molina lamentó que “no venimos aquí a recibir justicia sino a ser sacrificados como corderos” y en declaraciones a los medios criticó la parcialidad con que en su opinión actuó el juez.
DE QUE SE LES ACUSA
En la formulación de imputación la FGE expuso que las autoridades de la UAS contrataron entre el 2021 y 2022 obras de remodelación y mantenimiento por 20 millones 964 mil 263 pesos a la empresa ‘Arquitectos y Construcciones de Sinaloa’ para hacer trabajos en unidades y facultades de Culiacán y Mazatlán, pero los montos rebasaban los que la ley permite para adjudicarlos de manera directa cuando debió haberse licitado.
Los trabajos consistieron en obras de demolición, construcción de muros de tabla roca, instalación de pisos, falsos plafones, cancelería, puertas, ventanas y mosquiteros además de impermeabilización, mismas que se hicieron en los siguientes espacios de la Universidad Autónoma de Sinaloa:
Gimnasio cardiovascular de la Dirección General de Deportes en Culiacán
Escuela de Turismo en Mazatlán
Unidad Académica de Gastronomía y Nutrición en Mazatlán
Gimnasio de Usos Múltiples en la Unidad Sur
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Mazatlán
Centro de Atención Estudiantil de la Unidad Regional Sur en Mazatlán
Departamento de Mantenimiento y Construcción en Mazatlán
Área administrativa de la Facultad de Arquitectura en Culiacán
Ciudad Universitaria en Culiacán
Preparatoria Antonio Rosales de Mazatlán
Departamento de Oftamología en Culiacán
Edificio de Vicerrectoría Unidad Regional Sur
Entre el 18 de agosto y 31 de diciembre de 2021 hicieron contrataciones por 10 millones 898 mil 756 pesos, cuando la ley pone como límite 1 millón 559 mil 388 pesos para adjudicación directa, por lo que debió haberse licitado.
En 2022, entre el 10 de febrero y 6 de septiembre, contrataron de manera directa otros 10 millones 065 mil 506 pesos en trabajos similares, cuando la ley les permitía un monto límite de 1 millón 674 mil 228 pesos. Igual debieron, a juzgar por la FGE, licitarlos.
Fueron 12 contratos hechos con el proveedor ‘Arquitectos y Construcciones de Sinaloa’ los exhibidos por los fiscales, quienes insistieron en que se dañó al patrimonio de la UAS al no hacerse el proceso de adjudicación de manera legal, donde acusaron al rector de ser omiso mientras que el Comité de Adquisiciones firmaron de manera colegiada esos contratos de servicios.
La defensa insistió en que la FGE estaba falseando información ante el juez, cuestionando en diversos momentos a los agentes del ministerio público.
El jurídico de la UAS, Yamir de Jesús Valdez Álvarez, en diversos momentos criticó el actuar de la Fiscalía y del mismo juez, los primeros al acusarlos de mentir al compartir información que no traían escrita y al juzgador por permitirles hacer eso.
“La sombra del secretario General de Gobierno (Enrique Inzunza) no los va a cubrir siempre; ya estarán de este lado”, les advirtió.
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