México.- Como parte de la estrategia nacional para combatir el cambio climático, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (
Semarnat
) determinó frenar las ventas al extranjero de
aguacate
cultivado en terrenos talados de forma ilegal.
La medida, expuesta por la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, busca impactar directamente la estructura económica de grupos delictivos que han expandido sus operaciones hacia la tala clandestina y la siembra irregular del fruto destinado a Estados Unidos.
El mecanismo de control operará principalmente en
Jalisco
y
Michoacán
mediante la emisión de certificados de origen respaldados por reformas a la Ley Forestal, normativa que faculta a las autoridades ambientales para otorgar dicha documentación.
A partir del próximo 1 de octubre, entrará en vigor la exigencia del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) junto con la acreditación de la
Semarnat
. Dichos permisos tendrán una validez inicial de 30 días para comercializar el producto y, posteriormente, deberán renovarse por períodos de dos meses.
Como antecedente directo de esta regulación, en enero pasado el mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedolla reportó la suspensión de exportaciones para cerca de 2,000 predios —de un universo de 58,000 registrados en la entidad— al incurrir en inconsistencias detectadas por la plataforma satelital Guardián Forestal o al no cumplir la certificación voluntaria Pro Forest Avocado.
En ese contexto, Alejandro Méndez López, titular del medio ambiente estatal, registró en 2025 más de mil querellas vinculadas a infracciones ecológicas, sobresaliendo la modificación no autorizada del uso de suelo en zonas agrícolas.
La problemática trasciende el cobro de cuotas e involucra el despojo territorial. Documentos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional señalan que agrupaciones armadas desplazan a pobladores para apropiarse de reservas naturales y transformarlas en campos de cultivo.
Según la misma organización, la expansión del mercado frutícola ha corrido en paralelo con un incremento de la violencia: entre 2016 y 2021, la tasa de homicidios llegó a 54 por cada cien mil habitantes, acumulando 2,628 casos conforme subía el valor comercial del producto.
Reportes oficiales citados por el organismo indican que cuatro de cada cinco huertos en Michoacán nacieron en la ilegalidad, coincidiendo con un periodo (2017-2021) donde los envíos al continente europeo se quadruplicaron.
Por otra parte, la extorsión contra agricultores y comercializadores suma dos décadas de evolución. Investigaciones de InSight Crime señalan a Los Zetas como los pioneros en fijar cobros a inicios de los años 2000.
Hacia 2009, La Familia Michoacana estructuró el mecanismo cobrando "aportaciones voluntarias" por protección a dueños de predios superiores a cinco hectáreas, esquema que Los Caballeros Templarios profundizaron en 2012 al fijar una tarifa de 2,000 pesos por hectárea.
La dinámica sufrió una transformación radical al migrar el cobro proporcional por superficie a una cuota calculada por kilogramo producido.
Actualmente, al menos seis fracciones delictivas disputan el control de esta renta en la franja aguacatera: el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.
El sector ha vivido momentos de tensión recientes. En octubre de 2025 fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero del Valle de Apatzingán, tras hacer públicas las presiones criminales en la zona.
Posteriormente, en agosto de 2026, la detención de Alfonso Fernández Magallón, conocido como “Poncho la Quiringua” y presunto líder del Cártel de Los Reyes, desencadenó amenazas directas hacia empacadores e inspectores sanitarios estadounidenses, derivando en la interrupción temporal de las revisiones de exportación hacia el mercado norteamericano.
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