Ciudad de México.- El dictamen gubernamental más reciente sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa volvió a colocar el foco exclusivamente en el ámbito municipal, excluyendo el papel de los estamentos militares, denunció Amnistía Internacional.
Frente a este panorama, la organización no gubernamental instó a las instituciones mexicanas a poner a disposición de la investigación la totalidad de los expedientes, destacando 853 carpetas bajo resguardo del Ejército cuya entrega ha sido evadida.
El organismo defensor de derechos humanos remarcó que las familias de las víctimas no requieren la reiteración de una narrativa oficial enfocada únicamente en redes locales.
En su lugar, demandó una pesquisa rigurosa que examine la responsabilidad, por acción u omisión, de cada una de las autoridades involucradas en los acontecimientos registrados durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Hallazgos técnicos y vertientes operativas de la entrega oficial
Dado a conocer el 28 de septiembre —a dos días de conmemorarse el doceavo aniversario de los hechos—, el informe público expone líneas de indagación derivadas del cruce de datos telefónicos, inspecciones en diversos inmuebles e identificación de testigos potenciales.
Entre las vertientes mencionadas resalta la hipótesis de una red clandestina vinculada a un establecimiento funerario y al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la localidad.
Asimismo, las pesquisas oficiales arrojaron el procesamiento de miles de registros de telefonía, identificando intercambio de comunicaciones entre 17 personas en la ventana temporal de las agresiones.
Dichos enlaces conectan a supuestos integrantes de la delincuencia organizada con propietarios de la funeraria, concesionarios del SEMEFO y funcionarios del sector salud municipal, derivando en cateos y aseguramientos.
En los inmuebles intervenidos se aseguraron autorizaciones de traslado de cadáveres, papelería oficial prefirmada en blanco y un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Adicionalmente, peritos especializados analizan cientos de fragmentos óseos recabados, al tiempo que investigan un horno crematorio irregular, piezas dentales y un colchón con restos biológicos, junto con posibles irregularidades en la manipulación de cuerpos.
Otras aristas del reporte comprenden la actividad posterior de dispositivos celulares pertenecientes a los estudiantes, la revisión de grabaciones de videovigilancia situadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala y el testimonio de un sujeto que formaba parte de un grupo delictivo cuando era menor de edad en 2014.
Exigencia de rendición de cuentas para la cadena de mando
Amnistía Internacional subrayó que las hipótesis emergentes deben ser examinadas bajo criterios de objetividad, independencia e idoneidad probatoria. Sin embargo, enfatizó que estas vías no deben reemplazar las investigaciones sobre agentes gubernamentales e integrantes de las estructuras de mando.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, sostuvo que el rastreo de nuevas pistas no exime al Estado de su responsabilidad de esclarecer de forma integral las conductas de sus funcionarios en la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Al respecto, la directiva advirtió que la apertura de nuevos cauces de investigación no debe traducirse en el cierre u omisión de los expedientes previos, ni sustituye la obligación de deslindar responsabilidades estatales.
Cuestionó además que el informe oficial insista en una versión centrada en mandos locales y células delictivas, eludiendo la participación de las corporaciones de seguridad nacional.
Según el organismo internacional, el alcance de las indagatorias debe extenderse a la cadena de mando político, las policías municipal y estatal, los agentes encargados de la procuración de justicia y las propias Fuerzas Armadas.
Transparencia de archivos militares y respaldo institucional a las familias
El reclamo central de la organización apunta al acceso a 853 folios en poder del Ejército mexicano. Esta documentación ha sido reclamada de manera persistente por las madres y padres de los jóvenes, paneles de expertos internacionales y mandatos judiciales.
Olivares Ferreto enfatizó que ninguna investigación puede ostentar rigor científico mientras una institución castrense oculte evidencias clave a los tribunales y a las familias de los desaparecidos.
Subrayó que, tras doce años del crimen, persisten incógnitas fundamentales que demandan la apertura total de los archivos públicos, sin excepciones institucionales.
Amnistía Internacional recordó que el avance en el conocimiento del caso ha sido fruto del trabajo acumulado por instancias como la CIDH, el GIEI, el EAAF y las organizaciones que acompañan a las familias, cuyas aportaciones confirmaron la connivencia entre corporaciones de seguridad, autoridades y redes criminales en Guerrero.
Cualquier nuevo planteamiento, indicó Olivares Ferreto, debe articularse con los hallazgos consolidados previamente en lugar de desplazarlos por discursos que circunscriban los hechos al ámbito estrictamente local.
Finalmente, exigió que la entrega de avances informativos se realice prioritariamente a las madres y padres mediante los canales institucionales acordados, concluyendo que las familias exigen investigaciones exhaustivas y no versiones oficiales renovadas.
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