Nacional
Cárteles convierten cajas de fruta en nuevo negocio de extorsión
Productores enfrentan cuotas obligatorias por empaques mientras grupos criminales avanzan sobre distintas etapas de la cadena agrícola.
Por:
Redacción el
16 de agosto de 2026
Ciudad de México.- El control de la cadena de producción agrícola por parte de grupos delictivos se ha afianzado mediante la imposición forzada de empaques de madera. En el territorio citrícola tamaulipeco, el Cártel del Golfo elevó en un 150% la cuota impuesta sobre las cajas de empaque en un lapso de tres años, pasando de un costo inicial de dos pesos a cinco pesos por pieza.
El especialista en materia de seguridad, Alberto Guerrero Baena, junto a reportes previos del sector, confirman que esta modalidad operativa no es un evento aislado, sino que abarca al menos ocho entidades federativas.
En el estado de Michoacán, esta dinámica ya había sido expuesta públicamente desde marzo de 2025 por el líder empresarial Bernardo Bravo.
Mediante este esquema, el crimen organizado transforma cada cajón destinado al traslado de frutas como aguacate, limón o naranja en un punto automático de recaudación.
El antecedente de denuncias formales incluye el caso de Leonardo García, agricultor del municipio de Hidalgo en Tamaulipas, quien acudió a la Fiscalía local hace 16 meses.
Al día siguiente de interponer la querella, hombres armados se presentaron en su propiedad portando copias de la denuncia confidencial y le otorgaron un plazo de 24 horas para abandonar sus tierras.
Mecanismo operativo y repercusiones en el sector agropecuario
Cada recipiente de madera alberga una capacidad de entre 15 y 20 kilogramos de producto. Por consiguiente, en cosechas masivas de varias toneladas, el sobreprecio impuesto representa un costo adicional que alcanza decenas o cientos de miles de pesos por ciclo productivo.
En la comunidad de Santa Engracia, Tamaulipas, la adquisición de estos contenedores está restringida exclusivamente a un intermediario del Cártel del Golfo. Dichas estructuras incluyen un grabado especial que certifica el pago exigido; carecer de este distintivo desencadena represalias violentas.
Desde una ubicación no revelada por motivos de seguridad, García explicó que la alternativa para el agricultor se reduce a pagar más del doble por el empaque o suspender la recolección, provocando la pérdida de los cultivos por descomposición en los árboles.
Esta situación ha generado un fenómeno visible en las zonas rurales de la región, donde los naranjales lucen saturados de frutos sin cosechar debido a que las exigencias económicas del crimen organizado hacen financieramente inviable la recolección.
El caso de Bernardo Bravo en Michoacán
En la región del Valle de Apatzingán, Michoacán, el entonces presidente de la Asociación de Citricultores, Bernardo Bravo, advirtió en marzo de 2025 sobre el avance de este modelo de extorsión. En entrevista con el periodista Óscar Balderas para Milenio, el dirigente detalló que una compañía ligada a familiares del crimen organizado obligaba a comprar empaques marcados, cuyo valor había pasado de uno a cinco pesos por unidad.
Siete meses después de sus declaraciones, el 19 de octubre de 2025, Bravo fue asesinado. Su cadáver fue localizado un día más tarde con un impacto de bala en la cabeza en el interior de un vehículo sobre la carretera Apatzingán–Las Tinajas.
Las pesquisas de la Fiscalía de Michoacán señalaron como responsable intelectual a César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como “El Bótox”, cabecilla del grupo Los Blancos de Troya (brazo armado de Los Viagras y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación).
El 22 de enero de 2026, elementos federales lo aprehendieron en Buenavista y lo trasladaron por vía aérea a la Ciudad de México, donde fue procesado por delincuencia organizada, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
La industria limonera en Michoacán genera cerca de 700 millones de dólares anuales, por lo que las denuncias de Bravo ponían en riesgo el dominio económico que Sepúlveda ejercía sobre el circuito comercial.
Expansión territorial de la cuota por embalaje
La aplicación de este cobro se ha diversificado más allá de Tamaulipas y el Valle de Apatzingán. En la demarcación de Arteaga, Michoacán, bajo la hegemonía de Los Caballeros Templarios, el valor del empaque se incrementó un 200%, mientras que en Zitácuaro, bajo dominio del CJNG, la subida alcanzó el 300%.
Guerrero Baena, exfuncionario de seguridad pública estatal, constató la presencia de esta modalidad impositiva en Guanajuato, Sinaloa, Tabasco, Campeche, Veracruz y en los valles agrícolas de Baja California, particularmente en San Quintín. En dicha zona norteña, los grupos delictivos reclutan además mano de obra bajo condiciones catalogadas por las instituciones como formas contemporáneas de esclavitud.
De acuerdo con Guerrero Baena, al vincular la extorsión directamente al empaque, el monto cobrado por los criminales escala de forma proporcional con el volumen de producción y venta, permitiendo al crimen organizado asumir el control absoluto sobre quién cultiva, compra, transporta y fija precios, desplazando el rol formal de las autoridades y del mercado.
Impacto ambiental y nexos con la tala clandestina
La comercialización forzada de estos empaques se vincula estrechamente con la deforestación ilegal. Según los señalamientos de García, las cajas distribuidas en Tamaulipas son fabricadas con recursos maderables extraídos sin autorización en municipios del sur de la entidad, como Altamira y Madero.
Un diagnóstico realizado en 2020 por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), titulado Personas y bosques en riesgo: crimen organizado, trata de personas y deforestación en Chihuahua, expone que las instalaciones madereras legales suelen blanquear el insumo clandestino mezclándolo con materia prima reglamentaria, dificultando la rastreabilidad de su procedencia. Diversos de estos insumos terminan exportándose a los Estados Unidos procesados como tarimas agrícolas, palos de escoba o mobiliario.
Por otra parte, la distribución de los cajones en Tamaulipas utiliza la infraestructura logística y las rutas que el Cártel del Golfo emplea para el tráfico de drogas y de migrantes hacia el territorio estadounidense, mediante operaciones continuas a escala menor.
Estructura empresarial e implicaciones internacionales
Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Iniciativa sobre Actores Armados No Estatales del Instituto Brookings, caracteriza este fenómeno como una captura integral de la cadena de valor en la economía formal.
En marzo de 2024, la especialista testificó ante el Senado de Estados Unidos que dicha dinámica trasciende el cobro impositivo tradicional para asumir la dirección vertical de las actividades productivas, lo que no solo incrementa la capacidad de lavado de dinero e ingresos de los carteles, sino que actúa como una forma de control político.
Para sostener este entramado, la delincuencia organizada ha incorporado a sus operaciones la gestión de empaquetadoras, plantas procesadoras y flotillas de transporte refrigerado legalmente constituidas, las cuales ejecutan los aspectos administrativos del negocio.
Finalmente, García concluye que el cobro por embalaje evidencia una fase superior en el dominio territorial y operativo de las redes criminales en México, transitando progresivamente desde la fase de cosecha hasta el empaque y el traslado de los productos.
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Con infromación Infobae.
Etiquetas:
Cárteles, Crimen Organizado.
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