Economía del tianguis
En tiempos donde la política suele confundirse con discurso, hay decisiones que se miden mejor en el territorio. El respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya a los tianguistas no es un gesto menor ni un gesto coyuntural: es una definición de política pública enfocada en la economía popular, el autoempleo y la dignificación del trabajo informal que sostiene miles de hogares en Sinaloa. El programa Nuestro Tianguis no promete milagros ni vende narrativa épica; entrega herramientas concretas: carpa, mesa, silla y capacitación. Es decir, condiciones mínimas para trabajar mejor. En una coyuntura donde el ingreso familiar sigue presionado y el empleo formal no absorbe toda la demanda, apoyar al pequeño comerciante no es asistencialismo: es estabilidad social. Hay un mensaje político claro: el gobierno no puede darle la espalda a quienes viven del día a día. Estar “cerca de los que hacen el gran esfuerzo con pequeñas inversiones”, como dijo el gobernador, implica reconocer que la economía no solo se mueve desde los grandes proyectos, sino desde los pasillos del tianguis, donde se compra, se vende y se sobrevive. El tianguis no es nostalgia ni folclor. Es economía editorialmente viva. Y entenderlo así es también una forma de gobernar con los pies en la calle, no solo con la agenda en el escritorio.
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Más presencia, menos vacío
La llegada de fuerzas castrenses y el viraje en la estrategia de seguridad no resolvieron de golpe un problema estructural que Sinaloa arrastra desde hace décadas. Pretenderlo sería una simplificación peligrosa. Sin embargo, sí marcaron un punto de quiebre frente a años de dispersión, omisión y ausencia del Estado en amplias zonas del territorio. La inseguridad no ha desaparecido —y nadie serio puede afirmarlo—, pero la sensación social comenzó a cambiar de manera gradual: más presencia institucional, mayor capacidad de reacción y, sobre todo, una coordinación que antes no existía entre los distintos órdenes de gobierno. El cambio no se quedó en el discurso ni en anuncios aislados. Se tradujo en operativos permanentes, decomisos relevantes, debilitamiento de estructuras criminales, fortalecimiento de corporaciones estatales y una inversión sostenida en tecnología, equipamiento y profesionalización policial. La seguridad dejó de verse como un fin aislado y comenzó a entenderse como un habilitador del desarrollo. Hoy, sin cantar victoria, se percibe una normalidad que antes parecía lejana. Eventos públicos que regresan, comercios que extienden horarios, familias que recuperan espacios y actividades que habían sido desplazadas por el miedo. Esa percepción —tan intangible como decisiva— no surge de la nada: nace de la constancia operativa, de la presencia territorial y de la señal política de que el Estado volvió a ocupar su lugar. En materia de seguridad no hay soluciones mágicas ni resultados instantáneos. Hay procesos, acumulación de capacidades y mensajes claros. Y el mensaje que hoy se empieza a leer en Sinaloa es que el abandono quedó atrás. No es paz plena, pero sí un avance real. Y en un estado históricamente golpeado por la violencia. Avanzar —aunque sea paso a paso— ya es una señal de que algo se está haciendo distinto. Y ese avance no se exagera: se reconoce.
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Más obra, menos pretexto
La comparecencia del secretario de Obras Públicas dejó claro el punto de partida y el rumbo de este gobierno en materia de infraestructura. Los créditos autorizados por el Congreso no fueron un salto al vacío ni un cheque en blanco, sino una decisión política para acelerar obras que durante años permanecieron en el rezago. Hoy esos recursos no están en el discurso: están en calles, caminos, redes de agua, drenajes, puentes y vialidades que ya impactan de forma directa la vida cotidiana de miles de sinaloenses. La diferencia está en el enfoque. No se apostó por obras aisladas o concentradas en pocos municipios, sino por una inversión distribuida en los 20 municipios del estado, con prioridad en infraestructura de alto impacto social. Caminos rurales, pavimentación en colonias populares, conectividad regional y servicios básicos forman parte de una lógica de reactivación económica que entiende que el desarrollo debe llegar a todo el territorio. El debate sobre el endeudamiento es válido, pero pierde sustancia cuando se ignora el resultado. Más de 600 obras significan empleo, movimiento económico y atención a rezagos históricos. En ese contexto, la deuda deja de ser un argumento abstracto y se convierte en inversión pública cuando se refleja en bienestar tangible. Este gobierno decidió adelantar futuro, y lo hizo con obras que ya están a la vista bajo la conducción del ejecutivo estatal.
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Mal manejo, mismos pretextos
El llamado del gobernador no fue retórico ni casual. Fue un mensaje directo a una práctica que se ha normalizado durante años: municipios con desorden financiero crónico que administran mal, gastan sin planeación y, cuando llega diciembre, voltean al Estado para que les resuelva lo que ellos mismos provocaron. No es falta de recursos; es falta de disciplina. Y en muchos casos, es también consecuencia de malos manejos que nadie quiere asumir. El problema no es nuevo ni aislado. Hay ayuntamientos que históricamente repiten el mismo guion: presupuestos inflados, nóminas desbordadas, compromisos políticos pagados con dinero público y cero previsión para obligaciones básicas como sueldos y aguinaldos. Al final del año, el resultado es predecible: crisis financiera, presión mediática y la exigencia de rescates estatales. Ese esquema no solo es insostenible, es injusto para los municipios que sí hacen su tarea. El mensaje del Gobernador apunta a un fondo más incómodo: el Estado no puede seguir siendo la caja chica de gobiernos municipales que no ordenan sus finanzas ni rinden cuentas. Cada apoyo extraordinario tapa un hoyo, pero también perpetúa una lógica de irresponsabilidad que castiga al erario y premia el desorden. Gobernar no es pedir auxilio cada diciembre; es prever, ajustar y asumir costos políticos cuando toca apretar. Si se quiere un mejor rendimiento de los recursos públicos, el primer paso no está en solicitar más dinero, sino en administrar mejor el que ya se tiene. Mientras algunos municipios sigan viendo al gobierno estatal como salvavidas permanente, el problema no será financiero, será político. Y ese es el fondo del mensaje: El tiempo de los rescates automáticos se está agotando. Y quien no lo entienda, lo pagará.