Culiacán y su política social
En Culiacán durante años el deporte fue discurso recurrente y obra muy escasa, hoy empiezan a verse decisiones que bajan del escritorio al territorio. La construcción de ocho nuevas canchas de fútbol en colonias populares de Culiacán no es una ocurrencia ni un gesto aislado: es una política pública con lectura social clara. El anuncio del alcalde Juan de Dios Gámez Mendivil tiene un valor que va más allá del fútbol. Habla de entender el deporte como herramienta de cohesión social, prevención y reconstrucción del tejido comunitario. Colonias como Ruiz Cortines, Prados del Sol, San Isidro o la CNOP no solo recibirán infraestructura; recibirán espacios vivos, ocupados, útiles. Lo relevante aquí no es solo el número de canchas ni la inversión promedio por cada una. Lo importante es el cómo. Recursos federales bien gestionados, coordinación con dependencias como SEDATU y CONADE, y proyectos alineados a una visión nacional, como el llamado “Mundialito” rumbo al Mundial 2026. Es gestión, no improvisación. A eso se suma el anuncio del Centro Comunitario “México Imparable”, con una inversión federal de 20 millones de pesos. Un complejo que no solo apuesta al deporte, sino también a la educación y la salud mental. Canchas, aulas, atención psicológica. Una visión integral que entiende que los problemas sociales no se atienden con una sola respuesta. Aquí no hay discursos grandilocuentes ni promesas infladas. Hay proyectos en fase técnica, validaciones federales y decisiones que, de concretarse, tendrán impacto real en zonas que históricamente han estado al margen del desarrollo urbano. Cuando un gobierno municipal logra traer recursos, ordenarlos y destinarlos a espacios que generan comunidad, no está haciendo propaganda; está haciendo su trabajo. Y en tiempos donde eso no siempre ocurre, vale la pena decirlo con claridad, pero sin exageraciones.
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Sheinbaum vuelve a Sinaloa
Siempre es buena noticia que la presidenta Claudia Sheinbaum vuelva a poner a Sinaloa en su agenda. Desde muy temprano —como se mencionó desde las seis de la mañana— se confirmó una gira de trabajo que abarcará tres municipios clave: Mazatlán, San Ignacio y Culiacán. No es una visita menor ni de trámite. Implica presencia, atención directa y, sobre todo, compromisos. Que la Mañanera se realice desde Mazatlán, que se instale la Mesa de Seguridad en el estado y que en Culiacán se arranque una obra tan relevante como el Hospital de Especialidades del IMSS, habla de prioridades claras. Desarrollo, seguridad, salud y programas sociales sobre la mesa, con contacto directo con autoridades y con la gente. Las giras presidenciales no solo son agenda: suelen traer anuncios, apoyos y seguimiento a proyectos que impactan en lo local. Por eso, recibir a la presidenta siempre es positivo. Sinaloa necesita presencia federal, coordinación y resultados, y esta visita va en ese sentido. Bienvenida la gira y bienvenidas las buenas nuevas que, como suele ocurrir, llegan con ella.
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La Expo Agro dio señales
En medio de un contexto agrícola complejo, la Expo Agro Sinaloa 2026 arrancó con algo que el sector necesitaba: señales de movimiento real. No solo discursos, sino números. Más de 400 citas de negocio concretadas desde el arranque —180 internacionales y 222 nacionales— no son dato menor. Son indicador de confianza. Empresas de Estados Unidos y Canadá, MiPyMEs locales, tecnología de punta y un centro de negocios activo respaldado por la Secretaría de Economía estatal. La Expo no fue un acto protocolario; fue dinámica comercial. Debe decirse con claridad: el evento se llevó a cabo con respaldo del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Culiacán. Y cuando hay coordinación institucional, se nota. La afluencia superó expectativas y el ánimo del sector fue distinto al de otros años. Más participación, más interlocución, más presencia. El gobernador Rubén Rocha fue puntual en su mensaje: insistir en mejores condiciones de comercialización para el maíz sinaloense. Y el subsecretario federal Leonel Cota Montaño dejó abierta una ventana que el sector esperaba: antes del 15 de marzo podría haber noticias sobre apoyos para el ciclo otoño-invierno 2025-2026. Sin prometer cifras apresuradas, pero reconociendo la urgencia. La lectura política es clara. El campo sinaloense no puede caminar solo en un mercado volátil. Necesita gestión, diálogo y presión institucional coordinada. Y en esta edición de la Expo Agro, ese mensaje fue consistente: Estado y Federación trabajando en conjunto, con el sector productivo en la mesa. La Expo Agro no resuelve por sí sola los retos del maíz, los precios internacionales ni las tensiones de comercialización. Pero sí manda una señal importante: hay interlocución abierta y hay voluntad de acompañamiento. Cuando el campo se reúne, negocia y muestra músculo productivo, la política tiene que estar a la altura. Y en esta inauguración, al menos de arranque, lo estuvo.
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Una deuda laboral saldada
Durante años, la política laboral en México se quedó corta frente a una realidad que avanzó sin pedir permiso. Mientras la vida cotidiana se transformó —familias con dobles jornadas, traslados más largos, costos de vida más altos— la ley siguió exigiendo lo mismo: trabajar más tiempo, aunque no necesariamente mejor. La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas viene a corregir ese desfase histórico. A nivel nacional, la reforma al artículo 123 constitucional no surge de la improvisación. Llega después de una presión social acumulada, de comparativos internacionales incómodos y de una verdad innegable: México no puede seguir presumiendo productividad cuando descansa sobre jornadas extensas y desgaste humano. Esta reforma coloca al Estado nuevamente como árbitro entre capital y trabajo, no como espectador. Mañana, el Congreso de Sinaloa tendrá en sus manos algo más que una minuta. Tendrá la posibilidad de alinearse con una decisión que redefine la relación entre el poder público y la clase trabajadora. No es casualidad que se espere consenso. Ninguna fuerza política quiere cargar con el costo de oponerse a una causa social legítima, largamente postergada. El mensaje político es claro: después de décadas sin cambios, el trabajo vuelve al centro del discurso público. Y el mensaje social es aún más potente: el tiempo también es un derecho. Reducir la jornada no es un privilegio; es un acto de justicia social en un país que históricamente ha pedido mucho y ha devuelto poco. La gradualidad de la reforma también es una señal de gobernabilidad. No se rompe con el sector productivo ni se ignoran las realidades económicas. Se marca un rumbo y se construye una transición. La política, cuando es responsable, también sabe avanzar sin imponer. En Sinaloa, donde el trabajo sostiene la estabilidad social y económica de miles de hogares, esta votación tendrá un eco que va más allá del recinto legislativo. Será leída como una postura: o se entiende que el desarrollo debe ser humano, o se sigue apostando por esquemas agotados.