Hubo un tiempo en que la infancia se sostenía en un “nosotros”. No era una palabra: era un territorio. Éramos los hermanos cruzando la calle sin pedir permiso, los vecinos que gritaban nuestros nombres desde las banquetas, la escuela que no era un edificio sino una prolongación del barrio. La vida ocurría afuera, y afuera era de todos. Ese “nosotros” no se extinguió con la edad: se quebró cuando el entorno se volvió otro. Y en México, el entorno cambió con la violencia.
Hoy, antes de cualquier cifra, hay un gesto que lo delata: la puerta que se cierra más rápido, la mirada que calcula, el adulto que acompaña aunque no quiera, el niño que ya no corre sin voltear. La infancia dejó de ser expansión y se volvió perímetro. El barrio también mutó. Antes, cualquier adulto podía detener una travesura, mediar una pelea, preguntar por un niño que no reconocía. Había un pacto silencioso: si un niño estaba en la calle, era responsabilidad de todos. Ese pacto se ha ido adelgazando. La convivencia sigue, pero ya no siempre implica cuidado, porque el barrio dejó de ser “nosotros” y se convirtió en un lugar donde coexistimos sin necesariamente mirarnos.
No es que la infancia desaparezca, sino que se reorganiza. Se vuelve más vigilada, más contenida, más fragmentada, ha volteado hacia las pantallas y ha perdido la belleza de vivir en comunidad. Y en México, esa reorganización tiene un peso específico: la violencia.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas —junto con estimaciones más amplias que integran fuentes oficiales y no oficiales— reconoce que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas. Entre ellas, niñas, niños y adolescentes. En 2025, los registros nacionales contabilizaron 10 mil 684 reportes de menores desaparecidos; 2 mil 850 siguen sin ser localizados. Pero la cifra no alcanza a describir la escena: una madre pegando una foto en un poste y recorriendo sola oficinas, colonias y trayectos que antes no habría pisado; un padre que repite el nombre en una oficina donde nadie lo pronuncia de vuelta. La desaparición no es solo un delito: es una ruptura en la continuidad del cuidado. Es el “nosotros” que se deshace en un instante.
La REDIM documentó mil 991 niñas, niños y adolescentes asesinados entre enero y noviembre de 2025; 565 murieron por arma de fuego. Y aquí aparece la primera omisión estructural: no sabemos cuántos murieron por arma blanca ni cuántos fueron asesinados en el espacio público. El Estado no cruza tipo de arma, edad y lugar del hecho. No es un error técnico: es una decisión. Medir obliga a actuar. Actuar obliga a asumir responsabilidad. Y asumir responsabilidad obliga a aceptar que la violencia contra la infancia no es un daño colateral: es un fracaso estructural.
México tampoco tiene un registro nacional de orfandad por violencia. No porque sea imposible, sino porque nadie quiere cargar con esa verdad. No existe un cruce entre homicidios, desapariciones, feminicidios, vínculos familiares, tutela, acogimiento o desplazamiento. La orfandad por violencia es una cifra invisible. Y lo invisible no exige presupuesto, ni política pública, ni reparación. ¿Dónde están los niños huérfanos? Están dispersos: en casas de abuelos que no pueden con la carga, en casas de tíos que improvisan cuidados, en hogares sustitutos del DIF saturados y sin seguimiento, en escuelas que no saben que ese niño perdió a su madre por feminicidio, en barrios donde la violencia que mató a sus padres sigue presente, en expedientes que no se cruzan, en estadísticas que no existen. Están, pero el Estado no sabe decirnos dónde ni tiene respuestas para ellos.
Por otra parte, la violencia escolar también es un fenómeno extendido. Tres de cada cien estudiantes han sufrido violencia directa en la escuela, desde agresiones físicas hasta psicológicas. Millones de adolescentes han vivido bullying. La escuela, que debería ser un espacio de aprendizaje y resguardo, se ha vuelto un espacio evaluado: un lugar donde la seguridad ya no se da por sentada. Donde un niño aprende a leer, pero también a medir riesgos.
Y aquí está el corazón de la omisión, expuesto en un solo pincelazo: el Estado omite porque nombrar es reconocer, y reconocer es admitir que la infancia dejó de ser prioridad; que la violencia se volvió normalidad; que la protección es desigual; que la reparación es mínima; que la prevención es retórica; que la orfandad es una consecuencia que nadie quiere contabilizar; que no sabe cuántos niños fueron apuñalados en la calle ni cuántos quedaron huérfanos cuando alguien no volvió; que lo que no se mide no deja de existir, solo deja de incomodar; que la omisión no es técnica, es política; que la omisión es una forma de no mirar y tampoco sabe intervenir en la violencia que se hereda y se replica.
La violencia avanza con indicadores claros; la respuesta institucional no siempre. En ese desfase, la infancia crece en un territorio donde el riesgo existe y, a veces, no encuentra respuesta. Lo que está en crisis no es solo la seguridad: es el “nosotros” que antes se construía en la calle, en el barrio, en la escuela. Ese “nosotros” que hoy aparece más frágil, más interrumpido, más difícil de sostener. Y cuando ese “nosotros” se rompe, lo que queda no es solo una estadística: es otra forma de crecer. Una forma más silenciosa, más vigilada, más solitaria. Y esa soledad no es un accidente ni una excepción: es el resultado de un país donde la infancia se ha ido adaptando a convivir con la ausencia, donde la protección no siempre llega a tiempo y donde lo que debería alarmar se volvió parte del paisaje.
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