Tras una larga travesía judicial que rebasó los veinte años de litigios, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que se le impusiera una pena privativa de la libertad de 50 años a Daniel Arizmendi López, ampliamente conocido en los anales criminales de México como “El Mochaorejas” y señalado de encabezar la célebre banda de plagios bautizada como “Los Arizmendi”.
La sentencia llega formalmente a puerto luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentara los elementos probatorios necesarios para dar cumplimiento al mandato de reposición procesal dictado por los tribunales federales a mediados de agosto de 2003.
Imputaciones acreditadas y montos punitivos
La resolución judicial determina la responsabilidad penal de Daniel “N” en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armamento reservado de uso exclusivo para las fuerzas armadas.
Como parte del castigo dictado por el órgano jurisdiccional —tras un procedimiento encabezado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México—, se le impuso además una sanción económica equivalente a 916.312,50 pesos.
Las pesquisas ministeriales establecieron que el grupo delictivo bajo su mando sembró el terror mediante numerosos secuestros cometidos de manera sostenida desde 1998, focalizando su accionar criminal entre las demarcaciones del Estado de México y el entonces Distrito Federal.
Resolución para los coprocesados
La misma tanda judicial dictó fallos condenatorios contra otros dos integrantes de la red delictiva.
A Daniel “V” se le fijó una pena de 22 años tras las rejas junto con una multa superior a los cuatro millones de pesos, al hallársele culpable de delincuencia organizada y blanqueo de capitales.
Por su parte, Dulce “N” fue sentenciada a 16 años de cárcel y al pago de una multa que supera los 280 mil pesos por idénticos cargos.
A pesar de que estas dos últimas condenas ya se consideran compurgadas, ambos sujetos continuarán recluidos debido a que enfrentan causas pendientes en otros expedientes judiciales ajenos al de la célula de secuestradores.
Raíces del clan y los primeros arrestos de 1998
Los antecedentes del caso se remontan al mes de junio de 1998, período en el cual el Ministerio Público Federal emprendió la acción penal inicial sin detenidos contra los involucrados, lo que derivó en la emisión de las respectivas órdenes de captura por parte de un juez.
El primero en caer en manos de la ley fue Daniel “N”, interceptado el 30 de junio de aquel año para ser recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la capital del país.
Poco después, el 21 de agosto de 1998, las autoridades aprehendieron a Daniel “V” y a Dulce “N”, quienes fueron ingresados al penal de máxima seguridad del Altiplano —en ese entonces conocido como Almoloya de Juárez—, ubicado en territorio mexiquense.
El largo camino de amparos y la reposición del juicio
Con los tres presuntos delincuentes ya sujetos a proceso, el juicio avanzó hasta desembocar en un primer veredicto condenatorio emitido el 21 de agosto de 2003.
No obstante, dicha sentencia no adquirió carácter definitivo, ya que las defensas legales interpusieron diversos juicios de amparo que prosperaron ante los tribunales federales, obligando a anular el proceso y ordenar la reposición integral de las etapas procesales.
Este revés administrativo propició que el litigio se prolongara durante más de veinte años, hasta que las aportaciones probatorias recientes de la FECOR permitieron consolidar el fallo condenatorio definitivo dado a conocer en estos días.