La maestra en sociología Marisa Jacott me envía materiales importantes que completan el panorama que en diversas ocasiones he descrito aquí sobre lo que sucede en México con los agroquímicos. Marisa ha coordinado proyectos en defensa del medio ambiente y la salud en numerosas comunidades del país. Es fundadora de la organización no gubernamental Fronteras Comunes, la cual estudia y denuncia los graves problemas que por la contaminación química e industrial padecemos desde hace décadas.
Discípula de la doctora Lilia Albert, nuestra máxima autoridad en toxicología, Jacott publicó con ella en 2015 el libro México tóxico (Siglo XXI Editores), donde describen con detalle los abundantes casos de daños a la salud y al ambiente fruto de la actividad industrial y la desidia oficial cubierta de corrupción.
En su mensaje me recuerda las tareas tan positivas en pro de la salud de la población y el ambiente que realizan la Sociedad Mexicana de Toxicología y una filial destacada: Red de Toxicología de Plaguicidas, que dirigen investigadoras de la Universidad Autónoma de Nayarit.
En su mensaje, Marisa anota cómo, además del glifosato, en el agro de México se aplican decenas de fórmulas químicas muy peligrosas. Pese a ello no existe una política oficial para evitarlo, algo en lo cual deberían trabajar conjuntamente las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y las de Salud, Agricultura y Comercio, por ejemplo. Recuerdo cómo pocos días antes de dejar su cargo como titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo puso en la agenda ciudadana, gubernamental y legislativa, la urgencia de revisar el uso de más de 150 fórmulas químicas en el agro. Algo que han pedido a las instancias oficiales desde hace 70 años centros de investigación, reconocidos especialistas y grupos de la sociedad civil. No han tenido éxito.
Según datos confiables, México importa cada año más de 250 mil toneladas de agroquímicos. En el agro se aplican generalmente sin el mayor cuidado 180 fórmulas químicas, de las cuales poco más de 100 son de alta toxicidad. Ya prohibieron 35, entre las que figuran carbufuran, DDT, endosulfán y aldicarb. También el glifosato, pero según la presidenta Claudia Sheinbaum, seguirá aplicándose hasta que no se encuentre un sustituto adecuado. Además, la explicación simplista del sector público para permitir en el agro la presencia de tantos plaguicidas es que son básicos para garantizar la producción agropecuaria. Omiten los daños a la salud y el medio ambiente. Y la cero vigilancia de los funcionarios para que se apliquen lo más correctamente posible.
Y en torno al glifosato, lo que faltaba: el mes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió limitar las miles de demandas que aún existen contra Bayer por los casos vinculados al desarrollo del linfoma no Hodgkin (LNH) tras una exposición prolongada al mencionado herbicida. Durante la anterior administración, presidida por Joe Biden, dicho Departamento aceptó que consumidores de glifosato reclamaran indemnizaciones contra la poderosa empresa alemana. Y ello con base en que la ley federal sobre agroquímicos no protegía a Bayer frente a demandas en tribunales estatales, responsables de proteger la salud y el bienestar de quienes utilizaban los agroquímicos de dicha trasnacional.
Bayer adquirió hace ocho años, en 63 mil millones de dólares, la estadunidense Monsanto, fabricante de glifosato, otros agroquímicos muy peligrosos y semillas genéticamente modificadas. La firma alemana ya pagó alrededor de 10 mil millones de dólares para resolver las disputas por cáncer en Estados Unidos. Las demandas han sido interpuestas desde agricultores hasta jardineros domésticos. En cambio, no ha erogado un dólar por los daños ocasionados al resto del mundo y, muy especialmente, en los países pobres. El pasado julio, la empresa anunció que dispondrá de otros mil 410 millones de dólares para cubrir compensaciones.
La postura de una oficina dependiente de Trump afecta las demandas de más de 60 mil ciudadanos que aseguran padecer enfermedades terminales o discapacidades graves por el glifosato. Y algo también grave: favorece los intereses corporativos por encima de la justicia para los demandantes. Quien recién presumió dominar el mundo occidental, brinda impunidad a empresas que afectan a los propios estadunidenses y a los millones de jornaleros agrícolas que laboran en el agro.
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Con información La Jornada