Construir sin confrontar
La visita presidencial de este fin de semana dejó lecturas que van más allá del protocolo y los discursos. En un momento en el que Morena entra a la fase decisiva para definir reglas, tiempos y perfiles rumbo al 2027, cada movimiento —por mínimo que parezca— es observado, medido y registrado. Sinaloa no fue la excepción. Antes incluso de que iniciaran los actos formales, hubo escenas que llamaron la atención de propios y extraños, particularmente en San Ignacio, donde se vio al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, conversando con soltura y confianza con la secretaria federal de Bienestar, Ariadna Montiel. No fue una charla casual ni aislada, y menos pasó desapercibida para legisladores federales y locales que estaban en el lugar y que entendieron el mensaje implícito. En política, la cercanía no siempre se anuncia; a veces simplemente se ejerce. Y esa interlocución directa habla de algo más profundo: reconocimiento operativo, confianza institucional y una relación que ha sabido traducirse en resultados. Gámez Mendívil ha construido su trayectoria reciente lejos de la confrontación interna, apostando por el fortalecimiento de estructuras y por una coordinación efectiva con la Federación. El arranque del Hospital Regional de Especialidades en Culiacán es un ejemplo claro de ello: gestión que deriva en obra, obra que impacta en salud pública, empleo y desarrollo regional. En un tablero donde muchos buscan reflectores, el alcalde de Culiacán ha optado por otra ruta: consolidar presencia a partir de hechos, no de declaraciones. Que su nombre empiece a aparecer con mayor frecuencia en las conversaciones políticas no es producto de la casualidad, sino de un posicionamiento que se ha ido construyendo con consistencia. En tiempos donde el 2027 comienza a asomarse con mayor claridad, hay perfiles que avanzan sin estridencia, pero con señales claras para quienes toman las decisiones en el centro del país.
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Imelda no estuvo
La gira presidencial de este fin de semana fue, en términos políticos y de gestión, difícil de igualar. Mazatlán, San Ignacio y Culiacán sobre todo, registraron alta convocatoria, agenda cargada y resultados concretos: seguridad, salud, campo y programas sociales. Hubo mañanera, eventos multitudinarios, inauguración del Hospital Regional de Especialidades y hasta una visita no anunciada a la AARC (Asociación de Agricultores del Río Culiacán) para dialogar directamente con productores sobre la próxima comercialización del maíz. Todo indicaba una gira cuidada, bien operada y con fuerte respaldo territorial. Sin embargo, la lectura política no se queda solo en el éxito logístico. También se construye a partir de quiénes estuvieron… Y quienes no. Y ahí apareció un dato que no pasó inadvertido. En los eventos centrales no se vio a la senadora Imelda Castro ni al grupo de diputados locales que suelen acompañarla —los llamados “Imeldos”—, salvo una excepción puntual, el Diputado Palma. No fue un descuido menor ni un tema de agenda apretada: fue una ausencia evidente en una gira donde el centro político estuvo claramente definido. La senadora optó por difundir un boletín y realizar asambleas propias, en paralelo, destacando los logros de la visita presidencial, pero sin aparecer en los actos encabezados directamente por la presidenta. En Morena, ese tipo de decisiones no son neutrales. Acompañar al poder real o marcar distancia también comunica. Y más aún cuando el partido está a semanas de definir reglas y métodos rumbo al 2027. Mientras unos entendieron que la gira era un espacio para cerrar filas, otros parecieron enviar un mensaje distinto: el de jugar en cancha separada. No es condena, es lectura política. En tiempos de definiciones internas, las ausencias pesan tanto como las presencias. Y en Morena, donde todo se observa y nada se pierde de vista, esas señales quedan registradas.
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Legislar para la gente
En medio del ruido político, vale la pena detenerse en iniciativas que tocan una fibra sensible de la vida diaria y que, por lo mismo, merecen avanzar. La propuesta presentada por la iniciativa privada para eliminar el cobro de arrastre y pensión a víctimas del robo de vehículos apunta directamente a una práctica injusta que durante años se ha normalizado: castigar económicamente a quien ya fue víctima de un delito. Los números hablan por sí solos. Miles de vehículos robados, una tasa mínima de recuperación y, aun así, costos que pueden superar los 12 mil pesos para quienes logran recuperar su unidad. Eso no es política pública, es victimización secundaria. En una ciudad como Culiacán, donde el vehículo no es un lujo sino una herramienta de trabajo, imponer ese costo resulta no solo insensible, sino contraproducente. La iniciativa empresarial pone el dedo en la llaga y abre la puerta a corregir una distorsión que afecta a familias, trabajadores y pequeñas empresas. Aquí no se trata de eximir responsabilidades al Estado, sino de entender que la carga económica no puede recaer en quien ya perdió patrimonio y tranquilidad. En la misma línea de atender problemas reales, la iniciativa presentada por la diputada Tere Guerra para sancionar con severidad el reclutamiento de menores por parte de la delincuencia organizada es una señal clara de hacia dónde debe orientarse el debate legislativo. Endurecer las penas contra los adultos que utilizan, engañan o cooptan a menores no es punitivismo, es una obligación moral y jurídica. Proteger a niñas, niños y adolescentes implica cerrar cualquier resquicio de tolerancia frente a prácticas que terminan en tragedias. Ambas iniciativas parten de un mismo principio: el Estado no puede seguir fallando dos veces. Ni revictimizando a quienes sufren un delito, ni mirando hacia otro lado cuando los menores son usados como carne de cañón. Si el Congreso quiere recuperar credibilidad, este es el tipo de agendas que deben transitar: las que corrigen abusos, protegen a los más vulnerables y responden a problemas reales, no a cálculos políticos.
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Un empleo no paga una vida
Hay tragedias que duelen por la pérdida y otras que indignan por la respuesta de la autoridad. El caso del profesor Píndaro Álvarez Ruiz pertenece a ambas. A un mes de su fallecimiento, ocurrido tras caer en un socavón que permaneció meses sin atender en plena zona urbana de Guasave, lo que más lastima hoy no es solo la negligencia que provocó su muerte, sino la forma en que el Ayuntamiento ha decidido enfrentarla: con frialdad, evasivas y una propuesta que raya en la ofensa. Ofrecer un empleo como “indemnización” a la familia de una víctima fatal no es solo una falta de sensibilidad; es una muestra clara de desconexión moral con la gravedad del hecho. No se perdió un puesto de trabajo, se perdió una vida. Y no fue por azar ni fatalidad, sino por omisión, por descuido y por una cadena de irresponsabilidades en el mantenimiento de la infraestructura pública. Pretender cerrar ese capítulo con una oferta laboral es revictimizar, minimizar y deshumanizar el dolor. La carta de Carina, esposa del profesor Píndaro, es contundente y digna. No pide privilegios, exige justicia. No busca confrontación, reclama responsabilidad. Y lo hace señalando algo elemental: el Estado —en este caso el Ayuntamiento de Guasave— no puede fallar dos veces. Primero permitiendo una tragedia evitable y después respondiendo con indiferencia administrativa ante una pérdida irreparable. Aquí no hay margen para discursos ni para simulaciones. La indignación social es legítima porque la respuesta institucional ha sido insuficiente y ofensiva. Guasave merece autoridades que asuman responsabilidades, no que administren tragedias con frialdad burocrática. La memoria del profesor Píndaro exige verdad, justicia y un mínimo de humanidad. Todo lo demás es silencio complice.