Un dispositivo de seguridad coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar) e instancias policiales de los distintos niveles de gobierno derivó este miércoles 23 de septiembre en el arresto de
Miguel Sánchez Altamirano
, presidente municipal de
Juchitán de Zaragoza
.
El munícipe fue interceptado en el municipio de Ciudad Ixtepec al pesar en su contra un mandamiento judicial por probables conductas delictivas contra la seguridad del Estado y extorsión agravada.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención paralela de Carlos Alberto “N”, conocido con el apodo de “La Parca”.
De acuerdo con los expedientes oficiales, la autoridad financiera federal —mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— actuó de inmediato para cercar la capacidad monetaria de la red, disponiendo la inmovilización de cuentas bancarias y el bloqueo de activos pertenecientes a los implicados en la investigación.
Estructura delictiva, encubrimiento y red de extorsión
Información recabada por Infobae México vincula directamente a Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, con “Los Cromo”, facción armada subordinada al Cártel Jalisco Nueva Generación (
CJNG
).
Desde la administración pública local, el edil habría facilitado cobertura logística, política y financiera a la célula, proveyéndoles acceso a la red de videovigilancia C2 y alertando de manera oportuna sobre las maniobras de las corporaciones de seguridad.
Las indagatorias le atribuyen la coordinación de cuotas por cobro de piso dirigidas a comerciantes independientes, medianas empresas y cadenas comerciales. Asimismo, se le señala por la adquisición de armamento de uso exclusivo y el manejo de inmuebles utilizados como casas de seguridad por “Los Cromo” para el tráfico de personas.
En tanto, a “La Parca” se le ubica como articulador del narcomenudeo, homicidios, extorsiones y movilización ilegal de migrantes mediante un cerco de unidades de mototaxis.
A estos señalamientos se añaden conductas de extorsión agravada, tráfico de estupefacientes en pequeña escala, homicidios y redes de trata, sostenidas bajo un esquema de blindaje institucional que facilitaba el despliegue delictivo en el Istmo de Tehuantepec.
Resistencia policial en vías de comunicación y operativo en curso
La ejecución de las órdenes judiciales desencadenó una reacción inmediata dentro del municipio. Fuentes de seguridad consultadas por esta casa editorial reportaron que un contingente de elementos de la policía municipal de Juchitán de Zaragoza procedió a cerrar las arterias viales, accesos y salidas territoriales en un intento por obstaculizar el traslados de Miguel Sánchez hacia un centro penitenciario de orden federal.
A pesar de que el número exacto de efectivos desplegados en los bloqueos carreteros no ha sido precisado y las interrupciones viales se mantienen activas, datos extraoficiales señalan que estas acciones no impedirán la puesta a disposición del alcalde ante los tribunales correspondientes.
En paralelo, García Harfuch ratificó que las fuerzas federales sostienen un despliegue táctico en territorio oaxaqueño orientado a localizar y aprehender a otros objetivos prioritarios para desmantelar de forma integral la red criminal.
Violencia persistente frente a las iniciativas gubernamentales
La detención del edil se da en un contexto de deterioro de la seguridad pública que en abril pasado motivó la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz.
En esa fecha, el mandatario estatal lanzó el "Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza", un programa interinstitucional enfocado en la recuperación de espacios comunitarios, instalación de cámaras de monitoreo, botones de emergencia y senderos seguros.
La estrategia incluyó además el "Plan Juchitán por la paz, la justicia y el bienestar", asignando 11 vehículos patrulla y 20 motopatrullas a la localidad tras clasificarla como prioritaria.
No obstante, las agresiones armada no cesaron. Entre los episodios recientes destaca el atentado a balazos registrado contra la vivienda de Elvis Guerra, la creadora muxe que confeccionó la indumentaria utilizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la ceremonia del Grito de Independencia. La diseñadora denunció agresiones previas que escalaron en el mes de agosto con exigencias económicas de 200 mil pesos por concepto de cobro de piso.
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Con información de Infobae.