Las modificaciones legislativas aprobadas recientemente en el Congreso no buscan coartar la libertad de expresión ni erradicar las sátiras en redes sociales, sino frenar a las organizaciones criminales que emplean la iconografía del Estado para consumar estafas, aseveró la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum.
Durante su comparecencia matutina, la mandataria sostuvo que el propósito central de la medida es legal: dotar a las autoridades de un mecanismo para castigar el delito y garantizar la restitución del patrimonio a las víctimas de estos engaños.
A la postura de la presidenta se sumó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, quien precisó que la iniciativa persigue la piratería industrial y sanciona de forma puntual la usurpación de la identidad gráfica del Gobierno cuando se utiliza de manera doloza.
La aclaración surge tras el aval del Senado —con una votación de 74 apoyos frente a 34 rechazos— a los cambios efectuados tanto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial como en el Código Penal Federal.
Desde la bancada oficialista y sus aliados (Morena y PT), la senadora Martha Lucía Micher Camarena puntualizó que los contenidos humorísticos digitales continúan plenamente protegidos bajo el derecho a la libre manifestación, diferenciándolos de la clonación de marcas o la falsificación de sellos gubernamentales a gran escala.
En sintonía, el senador Cuauhtémoc Ochoa sintetizó la intención de la reforma al remarcar que se garantiza el humor ciudadano, pero se aplica el peso de la norma ante la piratería y la estafa.
En contraste, legisladores de la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) alertaron sobre los riesgos que implica la ambigüedad en la redacción, la cual ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión.
La senadora priista Karla Guadalupe Toledo expuso que conceptos ambiguos como el de "escala comercial" podrían infundir temor o inhibir la labor de comunicadores, periodistas y creadores de contenido gráfico.
El marco regulatorio aprobado tipifica penas que van de uno a cinco años de prisión contra quienes imiten, reproduzcan o utilicen dominios e imagen institucional sin autorización con el fin de defraudar.
Dichas infracciones se considerarán de escala comercial cuando rebasen el umbral de las 170 UMA, estipulando además que la compensación a los afectados no podrá situarse por debajo del 40% del valor del producto original.
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Con información de UnoTv.