El dictamen interno elaborado en febrero de 2025 faculta a la cúpula de ICE y a sus asesores legales a evaluar de forma expedita los metrajes tras incidentes críticos donde ocurran fallecimientos o heridas graves.
Un dictamen favorable permitiría liberar la grabación en un lapso de 72 horas; sin embargo, se le otorga al director la potestad exclusiva de vetar o postergar la publicación indefinidamente argumentando "motivos apremiantes y específicos", un concepto cuyos detalles la institución rehusó precisar ante consultas de AP.
Asimismo, el protocolo estipula que en cualquier material difundido se deberán desenfocar los elementos de identidad de los agentes —incluidos nombres, placas y rostros— en favor de su protección privada.
Expertos académicos, como el especialista Christopher Schneider de la Universidad de Brandon, ven en esta disposición un intento abierto por gestionar la percepción pública.
Según Schneider, ICE formaliza en sus reglamentos lo que muchas entidades policiales aplican en la práctica: emplear los dispositivos no como herramientas objetivas, sino como mecanismos de relaciones públicas para proyectar una estampa favorable de la autoridad e inhibir la indignación popular ante abusos.
El analista anticipa que el organismo difícilmente hará públicas las grabaciones de hechos mortales recientes como los acontecidos en Maine y Houston. Un precedente similar ocurre en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), donde el comisionado Rodney Scott ha condicionado la divulgación de los videos sobre el caso de Alex Pretti en Minneapolis a los tiempos de la investigación.
La urgencia por acelerar el despliegue del equipamiento cobró fuerza tras dos episodios trágicos registrados en julio pasados: la muerte a tiros de un trabajador de la construcción en Houston y el deceso de un conductor de 25 años en Maine a manos de un agente con antecedentes violentos.
Al no existir evidencia en video de ninguno de los eventos, el malestar social escaló hasta el Congreso estadounidense, cuerpo legislativo que había asignado 20 millones de dólares para este fin el 30 de abril mediante la resolución del cierre presupuestario.
Como respuesta inmediata, ICE desembolsó 30.9 millones de dólares en julio para adquirir los dispositivos a la firma Axon mediante un convenio marco vigente desde 2023.
A pesar de que voceros legislativos como la senadora republicana Susan Collins preveían la culminación del despliegue para agosto y estimaciones previas apuntaban a mediados de septiembre, la meta operativa se fijó definitivamente para el cierre de dicho mes.
Integrantes de la bancada demócrata, como el legislador tejano Henry Cuellar, confirmaron que en zonas prioritarias como Houston —receptora de más de 800 unidades— el personal operativo ya cursa la capacitación requerida.
Las instrucciones imponen que en cada brigada de detención, al menos un funcionario porte el equipo activado en maniobras rutinarias, arrestos, respuestas a emergencias y cateos.
Esta estrategia representa un giro en la prolongada reticencia institucional para implementar la tecnología. Tras iniciar ensayos piloto en 2021 durante el gobierno de Joe Biden y repartir 1,400 unidades tres años después, la administración Trump revocó en 2025 el mandato que obligaba a las agencias federales a portar cámaras, dejando de lado su compra incluso tras recibir un presupuesto extraordinario de 75,000 millones de dólares para contrataciones masivas.
Jason Houser, exjefe de gabinete de la agencia en el periodo demócrata, catalogó la sorpresiva adopción como un remiendo político tardío impulsado por la presión social, advirtiendo que no resuelve las carencias de adiestramiento del personal frente a la escala de las detenciones masivas.
Mientras voces como la de Tom Homan, encargado fronterizo de la Casa Blanca, defienden el uso de las cámaras asegurando en la cadena CBS que las pruebas suelen exonerar a los agentes ante falsas acusaciones, analistas prevén que la agencia solo difundirá contenidos que respalden las redadas masivas y muestren una imagen heroica del cuerpo policial.
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Con información de El Univesal