Columnas
Columna Institucional Sin Ambages Jueves 30
“Los cargos públicos se justifican con resultados, no con años de permanencia”
Por:
Redacción el
29 de julio de 2026
Operadores caducados
En Sinaloa hay operadores políticos que han sobrevivido a tres generaciones de poder, aunque no todos lo han hecho con la misma eficacia. Jesús Vega Acuña forma parte de la vieja estructura política que nació con Renato Vega Alvarado, se consolidó con Juan S. Millán y se fortaleció durante el gobierno de Jesús Aguilar Padilla. Como otros integrantes de ese grupo —Mayra Peñuelas, Gloria Himelda Félix y Sandra Lara— logró mantenerse en posiciones de gobierno durante las administraciones de Quirino Ordaz y Rubén Rocha Moya. Su ascenso a la delegación de la SADER fue impulsado por Juan Carlos Patrón, quien primero lo llevó al Congreso del Estado como secretario técnico de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Sin embargo, pese a la experiencia acumulada y a los años que lleva en el servicio público, su desempeño como delegado ha sido prácticamente nulo, sin un impacto visible en el sector agrícola. Cada crisis que enfrentan los productores sinaloenses ha terminado siendo atendida por funcionarios enviados desde el gobierno federal. La más reciente obligó a Martín Raúl Salgado Vázquez, coordinador general de Operación Territorial de la SADER, a venir a Sinaloa para poner fin a la incertidumbre generada por la amenaza de tomar el aeropuerto. La pregunta resulta inevitable: ¿de qué sirve tener un delegado federal de la SADER en Sinaloa si, cada vez que estalla un conflicto, es la Federación la que tiene que venir a resolverlo?
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Quiere candidatura… pero va al banquillo
Gerardo Vargas Landeros, hay que decirlo, no quiere soltar las posibilidades —pírricas, pero posibilidades al fin— de ser candidato al Gobierno de Sinaloa por Movimiento Regeneración Nacional. Es un político que sabe navegar en medio de las tempestades. Cualquiera diría que ya no tiene oportunidad, pero mientras no exista una sentencia firme en los procesos que tiene abiertos, conserva intactos sus derechos políticos. Ahí está el antecedente de Luis Guillermo Benítez, quien, aun estando sujeto a proceso, fue candidato a diputado local por el PT. Perdió estrepitosamente, pero esa ya es otra historia. El problema es para Morena. ¿Cómo un partido que atraviesa por fuertes cuestionamientos y que hoy está obligado a postular perfiles casi beatos para no perder credibilidad podría dar cabida a alguien que está vinculado a proceso por presuntamente violar la ley? Más aún cuando Vargas Landeros tendrá que enfrentar, sí o sí, el proceso en su contra por ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública después de que un juez del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito confirmó su vinculación a proceso penal, luego de que el ahomense promoviera un amparo. Ahora solo resta que se fije la fecha para la audiencia intermedia y, posteriormente, el inicio del juicio. Los tribunales sí encontraron elementos suficientes para mantener viva una acusación que apunta a presuntos actos de corrupción, precisamente uno de los pecados capitales que la Cuarta Transformación dice combatir. Ya veremos.
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Le pone ‘sabor’ al proceso
El proceso interno de Morena para definir a quien coordinará el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa ha resultado demasiado largo, tedioso y, para decirlo sin rodeos, de mucha flojera. Ya pasó más de un mes desde que fueron destapadas y destapados los 13 aspirantes y, a estas alturas, ya no hallan ni qué decir en las llamadas “asambleas informativas”, que de informativas tienen poco y de actos anticipados de campaña, mucho; tanto las de Morena como las del PVEM y el PT. El cinismo es descomunal y todavía pretenden que la gente les compre el discurso. Pero, en fin. En este proceso casi todas y todos traen un libreto que simplemente no prende. A todos les dio, curiosamente al mismo tiempo, por andar “escuchando”, “caminando” y “siendo cercanos” a la gente. Como si antes hubieran vivido en otro estado. De entre todos, hay que reconocer que uno parece haber decidido salirse del guion. Ha logrado llamar más la atención por atrevido, por momentos impertinente y, aunque algo fachoso, le está poniendo ‘sabor’ a un proceso que, de otra manera, sería francamente soporífero. Nos referimos a Rodolfo Valenzuela, quien no se anda por las ramas cuando se trata de llamar a las cosas por su nombre. Le agarró el modo a eso de ponerle el cascabel al gato. Este miércoles, por ejemplo, declaró que ve a Gerardo Vargas Landeros operando como opositor al emprender una campaña en contra del Gobierno del Estado y “contra los valores de Morena”. Ahí nomás. Un día antes, en sus redes sociales, aseguró que las preferencias entre los aspirantes varones ya lo colocan al frente, por lo que dice no tener duda de que encabeza esa competencia. Según su propia lectura, únicamente estaría pendiente de definirse quién ocupará el primer lugar entre las mujeres: Imelda Castro o Teresa Guerra. Al menos alguien decidió salirse del libreto. Porque si el resto insiste en repetir el mismo discurso de siempre, que raya muy seguido en lo ridículo, este proceso corre el riesgo de pasar a la historia no por la competencia, sino por el bajo y aburrido nivel que traen. No despiertan interés de nada ni de nadie.
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Ahora toca cumplir
Cuando el Gobierno del Estado autorizó el incremento a las tarifas del transporte público, la promesa fue muy clara: el sacrificio económico de los usuarios tendría una contraprestación en un servicio más digno, más seguro y más eficiente. Hoy llegó el momento de pasar del discurso a los hechos. La Dirección de Vialidad y Transportes, encabezada por Marco Antonio Osuna Moreno, y los propios permisionarios aseguran que aprovecharán el periodo vacacional para acelerar la repotenciación de unidades antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. La meta no es menor: más camiones en circulación, mejores condiciones mecánicas, aire acondicionado, videocámaras, botones de pánico y el cumplimiento de los primeros y últimos recorridos del día. No se trata de concesiones graciosas de los transportistas. Son compromisos que asumieron para justificar el aumento a la tarifa y, por lo tanto, obligaciones que deben cumplirse. Igualmente importante será que la autoridad haga valer su parte. Si de verdad habrá inspecciones permanentes para retirar cortinas y cristales polarizados, sancionar el uso de cornetas estridentes y exigir un trato respetuoso a los pasajeros, entonces los usuarios tendrán elementos para creer que las cosas pueden mejorar. También es acertado que se abra un canal permanente para recibir quejas y reportes ciudadanos. La participación de los usuarios será fundamental para señalar incumplimientos, pero de poco servirá denunciar si las observaciones terminan archivadas en un escritorio. La credibilidad de ese mecanismo dependerá de que cada reporte tenga consecuencias. El transporte público es un servicio esencial para miles de sinaloenses. Por eso, el aumento a la tarifa solo encontrará legitimidad en la medida en que los ciudadanos perciban un cambio real en la calidad del servicio. Porque cobrar más siempre resulta sencillo; lo verdaderamente difícil es demostrar, todos los días, que ese dinero se está reflejando en un mejor transporte.
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