Ciudad de México.- La solicitud de Ismael “El Mayo” Zambada para regresar a México y cumplir una eventual condena en territorio nacional abrió un nuevo capítulo en el proceso judicial del fundador del Cártel de Sinaloa, ahora bajo análisis dentro de las instituciones mexicanas encargadas de seguridad y procuración de justicia.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que cualquier determinación relacionada con una posible solicitud de extradición corresponde a la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy. La dependencia sería la encargada de valorar los procedimientos legales disponibles frente al caso del narcotraficante mexicano.
La petición surgió después de que Zambada fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. De acuerdo con su defensa legal, el exlíder criminal busca cumplir su sentencia en México bajo condiciones de atención médica especializada y con la intención de cerrar su proceso en su país de origen.
El abogado Frank Pérez explicó que su cliente aceptó la responsabilidad penal ante autoridades estadounidenses y manifestó su intención de enfrentar un proceso similar en México. La defensa argumentó que el regreso del acusado permitiría que su trayectoria dentro del crimen organizado sirva como referencia sobre los riesgos de integrarse a estructuras delictivas.
El caso mantiene antecedentes de solicitudes de extradición presentadas por México. Autoridades federales han señalado que existen investigaciones vigentes contra Zambada en territorio nacional, algunas de ellas con órdenes de aprehensión que han permitido gestionar procedimientos internacionales. Sin embargo, las autoridades estadounidenses rechazaron solicitudes previas debido al proceso judicial que ya se desarrollaba en una corte federal de Nueva York.
Además del debate sobre una eventual extradición, la situación del exdirigente del Cártel de Sinaloa incluye una orden judicial en Estados Unidos para el pago de aproximadamente 15 mil millones de dólares como parte de las consecuencias económicas derivadas de la condena. Su defensa ha sostenido que no existen recursos identificados suficientes para cubrir esa cantidad.
En México, García Harfuch indicó que no se localizaron propiedades registradas directamente a nombre de Zambada, aunque precisó que las autoridades han asegurado cuentas y bienes vinculados con organizaciones criminales relacionadas con el Cártel de Sinaloa mediante investigaciones financieras.
La posible transferencia del caso hacia México dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales mexicanas y de la coordinación con Estados Unidos, en un expediente que continúa vinculado a la estrategia internacional contra el tráfico de drogas y las redes criminales transnacionales.