Culiacán, Sinaloa.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron la renuncia inmediata de la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa, a quien acusaron de malos tratos, actitudes déspotas y obstaculizar el acceso a información de fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia.
En conferencia de prensa, acompañadas por la diputada local Paola Gárate, las madres buscadoras señalaron que la funcionaria incurrió en ofensas y expresiones intimidatorias durante una reunión sostenida recientemente con autoridades estatales, en la que esperaban recibir información sobre el hallazgo de fosas clandestinas en la zona serrana.
Denunciaron que desde el 5 de febrero solicitaron información y apoyo para trasladarse a El Verde, luego de que medios documentaran la existencia de múltiples fosas clandestinas en la zona; sin embargo, aseguran que no han recibido información oficial ni facilidades para acudir al lugar.
Señalaron que, aunque se les ofreció una reunión con autoridades estatales y federales, la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde no acudió al encuentro y en su lugar asistió la subsecretaria de Derechos Humanos.
Según su testimonio, la funcionaria habría advertido que podrían incurrir en un delito si acudían a la zona, lo que fue interpretado como una amenaza.
"Patricia Figueroa siempre ha sido déspota, grosera con las familias. Si algo que ella no tiene que meterse en la Comisión de Búsqueda.
Ahí quien debe de estar y está supuestamente para apoyarnos es la comisionada de búsqueda, Karina Márquez, no la subsecretaria de Derechos Humanos; sin embargo, tal parece que que la comisionada es Patricia, no Karina", señaló Rosa Neris.
Las integrantes de los colectivos también cuestionaron la actuación de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión de Atención a Víctimas, al señalar que diversos apoyos -traslados, recursos para búsquedas, atención médica y reuniones con autoridades- estarían condicionados a la aprobación de Patricia Figueroa.
Las madres buscadoras insistieron en que la ley en materia de desaparición forzada les reconoce el derecho a participar como observadoras en los procesos de búsqueda y exhumación, así como a recibir información detallada sobre los hallazgos.
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