Para sancionar con mayor rigor la falta de cuidados que vulnera la estabilidad de la niñez y la adolescencia —incluso cuando dicha omisión no deje huellas corporales visibles—, la legisladora Adriana Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de
Morena
, sometió a consideración del
Congreso
de la
Ciudad de México
una nueva iniciativa legal.
El proyecto plantea modificar el piso mínimo de reclusión de tres a seis meses para aquellos individuos que, teniendo la custodia legal sobre menores de edad, incurran en descuidos o abandono sin que se registren lesiones corporales. No obstante, el tope máximo de la sanción privativa de la libertad se conservaría en un límite de tres años.
Sanciones agravadas y criterios judiciales
No obstante, la directriz normativa contempla elevar las penalizaciones al doble en aquellos supuestos donde la víctima cuente con una edad inferior a los 12 años, sector poblacional que, de acuerdo con los argumentos de la promotora, carece de madurez y de recursos propios para asegurar su propia subsistencia.
Bajo estas circunstancias específicas, el castigo corporal fluctuaría de uno hasta seis años de
prisión.
Adicionalmente, el documento legislativo confiere a los jueces capitalinos la potestad de decretar la extinción, suspensión o limitación de la patria potestad, tutela y custodia sobre cualquier menor de 18 años, recayendo dicha disposición sobre madres, padres, tutores o cualquier persona designada para su resguardo.
Se tipifica como negligencia de carácter grave la privación deliberada o constante de sustento alimentario, servicios médicos urgentes, formación educativa obligatoria o vigilancia física, siempre que tales conductas comprometan seriamente la salud, el desarrollo o la existencia de las niñas y los niños.
Perspectiva institucional y salvaguarda contra la criminalización
Durante su intervención en la sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de noviembre, Espinosa de los Monteros aseveró que la marginación de responsabilidades paternas representa una modalidad explícita de agresión.
“La omisión de cuidados también es violencia. No siempre deja marcas visibles en el cuerpo; no siempre se manifiesta mediante golpes”, declaró.
A manera de ejemplo, la congresista describió escenarios cotidianos vinculados a esta problemática: “A veces se presenta en un plato vacío, en una enfermedad que no recibe atención médica; en una niña o un niño que pasa horas sin supervisión, obligado a aprender a sobrevivir, sobre todo en los momentos más adversos y estar descubriendo su mundo solos”.
De acuerdo con las estadísticas citadas, el 28% de las alertas sobre menores en condiciones de vulnerabilidad se vinculan directamente al abandono o la falta de supervisión.
Asimismo, recordó los reportes atendidos por cuerpos de emergencia que involucran a recién nacidos e infantes lactantes hallados en la vía pública frente a riesgos climatológicos y ambientales.
Para evitar interpretaciones punitivas erróneas, la iniciativa puntualiza que la precariedad económica que afecta a los hogares en desventaja financiera no configurará un ilícito penal por sí misma, a menos que se demuestre una conducta dolosa, negligente, severa o constante que ponga en riesgo la vida infantil.
“Lo que sancionamos es la negligencia grave, deliberada y reiterada que pone en peligro la vida del menor. El Artículo Cuarto de nuestra Constitución consagra el principio de interés superior de la niñez. No es una frase decorativa para los discursos”, puntualizó la diputada.
Finalmente, la representante popular enfatizó que la defensa de la infancia demanda intervenciones preventivas desde las instituciones para frenar el abandono antes de que derive en perjuicios irreversibles, exigiendo que el amparo de los menores sea una corresponsabilidad tanto del núcleo familiar como del propio Estado.
“Hablamos de seres humanos que llegan al mundo dependiendo absolutamente de los adultos; que necesitan protección, alimento, salud, afecto y, sobre todo, un entorno donde puedan crecer con dignidad y seguridad.
Pensemos en los pequeños encerrados bajo llave que pasan horas asomándose a una ventana para pedir auxilio o algo de comida a los vecinos”, concluyó.
Tras su presentación oficial, la Mesa Directiva del recinto legislativo determinó turnar el expediente a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, recibiendo además la opinión formal de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para su estudio y posterior dictamen.
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Con información de Infobae.