El ocultamiento del derrame de petróleo en el golfo de México expone a nuestro país a sanciones internacionales, incluyendo reclamaciones de reparación ambiental e indemnizaciones por parte de Estados Unidos e incluso de Cuba, advierten especialistas.
Consultados por EL UNIVERSAL, señalan que las afectaciones no se limitan al impacto inmediato en el agua, sino que se extienden a ecosistemas marinos y costeros, con riesgos a la biodiversidad, pérdida de hábitats críticos y alteraciones en las cadenas alimenticias. También impactan directamente en la pesca, el turismo y las economías locales de comunidades que dependen del golfo de México, además de generar riesgos a la salud por la exposición a hidrocarburos y la contaminación prolongada de zonas costeras.
Daniel Israel Muñoz Cruz, presidente de la Comisión de Derecho Internacional y Migratorio del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, señala que al ser Petróleos Mexicanos una empresa del Estado, la conducta se atribuye directamente a México.
Ello abre la puerta a sanciones bajo marcos como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y principios internacionales que obligan a evitar daños transfronterizos.
Señala que las sanciones no se limitan a multas administrativas, sino que incluyen la reparación integral del daño ambiental, indemnizaciones a sectores afectados y posibles litigios internacionales.
“Podemos esperar que se exija la reparación del daño ambiental, así como la indemnización de las partes afectadas”, indica.
Advierte que países como Estados Unidos pueden iniciar procedimientos si se demuestra contaminación en sus aguas, lo que llevaría el caso a paneles de arbitraje o a instancias internacionales.
Muñoz Cruz detalla que el impacto económico escala en múltiples frentes: pérdidas directas, costos de remediación que ascienden a cientos de millones de pesos y responsabilidades contractuales por incumplimientos en la entrega de hidrocarburos, lo que abre nuevos litigios y eleva el costo total para el Estado.
Subraya que, en un escenario internacional, las cifras crecen aún más.
“Si se somete a un panel internacional, podríamos enfrentar montos todavía más elevados”, explica, y estima que sólo en indemnizaciones por afectaciones transfronterizas México podría pagar miles de millones de pesos, sin considerar los costos de limpieza y restauración ambiental de largo plazo.
Añade que —además de las sanciones económicas— el país enfrenta consecuencias políticas y comerciales, como posibles aranceles, menor atracción de inversión extranjera e incluso alertas turísticas.
Raúl Gutiérrez, académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, precisa que aunque existen marcos normativos para sancionar daños ambientales, en la práctica resultan insuficientes o se aplican de manera tardía.
“El problema no es únicamente que ocurran derrames, sino que las consecuencias legales y económicas no son proporcionales al daño generado”, afirma.
Subraya que las sanciones en México suelen limitarse a multas menores frente a los costos reales de remediación y a las ganancias de las empresas, lo que genera incentivos perversos para que estos incidentes se asuman como parte de los costos operativos.
Añade que los procesos para determinar responsabilidades son largos y poco transparentes. “Hay una falta de claridad sobre quién investiga, quién sanciona y cómo se ejecutan esas sanciones. Esto diluye la responsabilidad”, dice.
Berenice Carrera, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que el caso evidencia una brecha crítica entre la legislación ambiental y su aplicación efectiva, lo que limita la capacidad del Estado para prevenir y sancionar daños de gran escala. Señala que la recurrencia de estos eventos refleja debilidades estructurales en la supervisión del sector energético.
Explica que la magnitud del derrame de petróleo en el golfo obliga a considerar no sólo la remediación inmediata, sino procesos de restauración ecológica de largo plazo que pueden extenderse por años o incluso décadas.
“Los impactos en biodiversidad y servicios ecosistémicos no se revierten en el corto plazo, requieren seguimiento científico continuo y recursos sostenidos”, apunta.
Carrera agrega que, en términos sociales, el daño se traduce en vulnerabilidad para comunidades costeras que dependen de la pesca y el turismo.
Guadalupe Peña, internacionalista y catedrática de La Salle, dice a EL UNIVERSAL que podrían existir sanciones internacionales de diversas instancias y paneles internacionales, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por la contaminación al lecho marino.
“El caso podría llegar al Tribunal Internacional de Derecho del Mar y también tenemos la Corte Internacional de Justicia; en ambas se puede acusar al gobierno mexicano de no garantizar la conservación del medio marino y los daños que puedan causar no sólo las actividades económicas y de quienes vivan en las costas no sólo de México, sino incluso del estado de Texas”, apunta.
Respecto al T-MEC, expone que en el capítulo 24 —que corresponde al tema del medio ambiente— se obliga a México a acatar normas para la protección del medio ambiente, pero también para la protección de especies en peligro, sobre todo si se evidencia que —como ya se reconoció— hubo ocultamiento y negligencia de funcionarios, por lo que se podría abrir un panel en el tratado.
“Tenemos convenios celebrados ante la Organización Marítima Internacional donde México es parte, y en los mismos se sancionan el vertimiento de desechos y obviamente de hidrocarburos hacia el mar”.
Peña agrega que, recientemente, el gobierno mexicano anunció la entrada en vigor del Tratado de Altamar. “Paradójicamente (...) fue impulsado por México y otros países. Entró en vigor en enero de este año, donde todos los países se comprometen a la conservación de la biodiversidad en altamar, es decir, a la protección de las especies en aguas internacionales”.