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El Gabinete de Seguridad de México y la Fiscalía General de República han atraído en su totalidad las investigaciones en torno al asesinato del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en el municipio de San Pablo Etla.

El anuncio fue realizado en la conferencia matutina del Ejecutivo federal, donde la presidenta Claudia Sheinbaum pautó una intervención directa para el esclarecimiento de las causas y la búsqueda de justicia, tras las demandas expresadas por comunicadores y familiares del comunicador.

La decisión del fuero federal para conducir las pesquisas responde a la gravedad de los hechos y al antecedente explícito de señalamientos de la propia víctima contra autoridades del ámbito estatal.

Leyva Aguilar, de larga trayectoria en la cobertura de asuntos políticos en la entidad y quien ocupara con anterioridad la dirección de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, había reportado hostigamiento, campañas de desprestigio y presiones relacionadas con el ejercicio de su función periodística, atribuyendo estas dinámicas a sectores vinculados al Ejecutivo estatal conducido por Salomón Jara Cruz.

El ataque armado se registró en las mañanas de la jornada del 22 de julio en un establecimiento informal de alimentos cercano al domicilio del comunicador.

Dos sujetos a bordo de un vehículo de dos ruedas realizaron tres disparos de arma de fuego directos contra Leyva Aguilar, provocando su deceso instantáneo antes del arribo de servicios de urgencia o corporaciones policiales.

Ante el riesgo de que la cercanía del comunicador con denuncias públicas locales afectara la imparcialidad en la procuración de justicia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la radicación formal del expediente en la Fiscalía General de la República.

El funcionario acotó que la investigación institucional articulará de manera directa el trabajo de inteligencia y gabinete federal con las facultades del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades sin interferencia de las autoridades estatales.

Por su parte, la secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, programó mesas de trabajo operativas con los allegados directos del periodista, así como con comisiones de trabajadores de los medios de comunicación oaxaqueños.

La titular de la política interna puntualizó que la instrucción presidencial mandata el seguimiento constante del caso con un compromiso explícito de no permitir impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión en las entidades federativas.