El agua y sus malas cuentas
Las juntas de agua potable de Guasave y Sinaloa municipio cargan con dos de los montos más altos pendientes de aclarar ante la Auditoría Superior del Estado: 22.1 y 21.5 millones de pesos, respectivamente. En ambos casos, los recursos observados no son un asunto menor ni una diferencia contable que pueda esconderse entre oficios y respuestas administrativas. Hablamos de organismos que administran un servicio esencial: el agua que llega —o deja de llegar— a miles de familias. Mientras los usuarios padecen cortes, baja presión, drenajes colapsados y recibos que no perdonan un día de atraso, sus juntas deben explicar millones de pesos que la ASE mantiene sin solventar. El contraste es incómodo: se le exige puntualidad al ciudadano, pero quienes manejan el dinero público siguen sin entregar explicaciones suficientes. Que una observación no sea todavía una sentencia definitiva no reduce la obligación política y administrativa. Guasave y Sinaloa municipio tienen que aclarar peso por peso, decir qué ocurrió y, si hubo irregularidades, fincar responsabilidades. El agua no puede convertirse en caja chica, botín burocrático ni pretexto para la opacidad. Cuando se trata de un derecho básico, no hay margen para administrar a oscuras.
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DIF: Abuso de confianza
En el Sistema DIF Sinaloa está a punto de estallar un vergonzoso escándalo que, de confirmarse, podría ser apenas la punta de la madeja y terminar sacando otros trapos al sol. Se trata de la basificación fast track de al menos siete trabajadores que ocupan puestos de mandos medios, con categoría de profesionistas y jugosas compensaciones integradas a sus percepciones salariales. Entre las personas presuntamente beneficiadas se encuentra la directora general, Mercedes Ibarra Medina, quien además goza de una pensión superior a los 40 mil pesos mensuales como jubilada de la UAS, pese a que apenas ingresó al DIF en agosto de 2024. Un caso que pone sobre la mesa el abuso de confianza y los privilegios de una especie de casta divina, prácticas que, al menos en el discurso, no tendrían cabida en un régimen que se proclama distinto, como el de la 4T. Lo más delicado es que, durante los últimos cinco años, buena parte de la estructura de mandos —jefaturas de departamento, direcciones de área y cargos superiores— habría convertido los privilegios y el uso discrecional de los beneficios laborales en una práctica recurrente. Un asunto que no puede quedar en rumores ni explicaciones administrativas: merece una investigación a fondo para determinar quiénes se beneficiaron, bajo qué criterios y con qué atribuciones. Porque la austeridad y la transformación no pueden ser un discurso para los de abajo y una patente de privilegios para quienes están arriba. Están a tiempo de corregir.
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Apoyos que deben dar resultados
Entregar herramientas a quienes sostienen un pequeño negocio puede marcar una diferencia en la vida de una familia. Una plancha, un equipo de refrigeración o un instrumento de trabajo ayudan; sería injusto minimizarlo. Pero también sería un error presentar la entrega como si, por sí sola, resolviera los obstáculos que enfrentan los comerciantes. En Mocorito y Salvador Alvarado se distribuyeron 689 equipos, con una inversión conjunta de 1.1 millones de pesos, según las cifras del propio reporte. Son apoyos concretos, pero la pregunta pública es inevitable: ¿qué recibió cada negocio, con qué criterios se seleccionó a los beneficiarios y cómo se medirá si el equipo mejoró sus ventas o sus ingresos? El gobierno tiene razón al reconocer el esfuerzo de quienes emprenden. Ahora debe acompañar ese reconocimiento con información verificable y seguimiento: publicar los tipos de equipo entregados, las reglas de operación y los resultados del programa. También hacen falta condiciones para que esos negocios sobrevivan: seguridad, acceso a financiamiento, capacitación y espacios de venta. La herramienta puede ser el comienzo. El resultado se verá cuando el negocio venda más, conserve empleos y sostenga a la familia. Ahí se sabrá si el recurso público llegó como una oportunidad duradera o se quedó en una entrega para la fotografía.
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La tradición no es un escenario
El Día de Muertos puede atraer visitantes, generar ingresos y acercar al mundo a la riqueza cultural de México. El problema comienza cuando la celebración se convierte en espectáculo y las familias que honran a sus difuntos terminan convertidas en parte del paisaje para la fotografía. Investigadores de la UNAM documentaron en Janitzio a turistas posando frente a personas que rezaban e incluso pisando tumbas. No es una anécdota menor: muestra lo que ocurre cuando la búsqueda de una “experiencia” desplaza el respeto por quienes viven el ritual. La tradición deja de marcar sus propios tiempos y empieza a acomodarse al recorrido, al horario y a la imagen que espera llevarse el visitante. Coco y otras representaciones han despertado interés por comunidades como Santa Fe de la Laguna y Paracho. Ese reconocimiento puede abrir oportunidades, pero también modificar prácticas y productos para ajustarlos a lo que el turismo espera encontrar. Y, de acuerdo con la investigación citada, buena parte de los ingresos puede quedarse en agencias e intermediarios, mientras las comunidades cargan con la organización y la atención de los visitantes. No se trata de cerrar las puertas ni de congelar las costumbres. Se trata de que cada comunidad decida cómo recibe, qué comparte y bajo qué reglas. Una tradición viva merece ser conocida; las familias que la mantienen merecen poder celebrarla sin que su duelo se vuelva espectáculo.