Un informe con sello histórico
Por primera vez en la historia de Culiacán, el informe de gobierno municipal lleva el nombre de una mujer como titular de la administración, ahora sí que como diría el clásico ‘haiga sido como haya sido’. Ana Miriam Ramos Villarreal marca un precedente al convertirse en la primera presidenta municipal en permanecer cerca de seis meses al frente del Ayuntamiento, superando los periodos que anteriormente habían ocupado otras mujeres en esa responsabilidad, que fueron de días o semanas. Al entregar el Segundo Informe de Gobierno ante el Cabildo, la alcaldesa destacó la unidad, el diálogo y la coordinación institucional como ejes para fortalecer la gobernabilidad, construir paz y avanzar en el bienestar de las familias. También reconoció los desafíos que enfrenta el municipio y las tareas que permanecen pendientes, en un ejercicio de elemental autocrítica. El hecho tiene un significado histórico para la participación de las mujeres en la vida pública de Culiacán. Sin embargo, más allá de ese precedente, el informe también representa una oportunidad para revisar los avances de la administración, dimensionar los retos y evaluar los resultados de las acciones emprendidas. Porque la importancia de un gobierno no se mide únicamente por quién lo encabeza, sino también por su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía.
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La encuesta del dedazo
Imelda Castro confirmó que sí le propuso a Feliciano Castro buscar la alcaldía de Guasave. Dijo que lo hizo porque sus encuestas lo ubicaban bien en conocimiento y aprobación. Pero la explicación deja una pregunta incómoda: ¿dónde están esas mediciones, quién las hizo y por qué una conversación privada termina convertida en argumento para justificar una propuesta política? La coordinadora de Morena sostuvo que no fue una plática secreta, aunque enseguida reclamó que las conversaciones privadas no deben divulgarse. Esa respuesta exhibe el mecanismo: primero se tantean perfiles, se sugieren candidaturas y se negocian posiciones; después, la palabra encuesta aparece para darle apariencia técnica a decisiones tomadas en la cúpula. Si Morena quiere demostrar que sus procesos son democráticos, no basta con invocar mediciones que la ciudadanía no conoce. Debe transparentar quién las encargó, cuándo se levantaron, quién las pagó y qué resultados arrojaron. De lo contrario, la encuesta termina siendo el envoltorio del dedazo: una manera elegante de presentar como decisión ciudadana lo que se cocina entre dirigentes y grupos políticos. Y cuando la propia coordinadora reconoce que propuso un nombre antes de que el proceso se definiera, queda claro que las candidaturas no siempre nacen de las bases. A veces, primero se reparten las cartas; luego se busca la encuesta que las justifique.
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Narcopolíticos por todos lados
Paloma Sánchez asegura que, cuando habla de narcopolíticos, habla de todos, incluso de políticos de su propio partido. También afirma que algunos le confesaron personalmente tener ese tipo de relaciones. Si es así, la pregunta es de fondo es: ¿por qué no los exhibe con nombres y pruebas, y por qué no presenta la información ante las autoridades? Una senadora de la República no puede dejar una revelación de semejante gravedad en una frase de entrevista. La propia declaración de Sánchez retrata el tamaño del problema: políticos que, según ella, le hablaron de sus vínculos con el crimen organizado y una legisladora que dice conocerlos, pero no los identifica públicamente. Señalar en general a Morena, al PRI o a cualquier otra fuerza tampoco basta. Si conoce casos, su deber —sino es su obligación como servidora pública— es aportar lo que sabe y sostenerlo con pruebas; de lo contrario, la denuncia se queda en insinuación para fines mediáticos de oportunismo político. Mientras abundan los señalamientos sin nombres ni consecuencias, los sinaloenses cargan con la violencia y la desconfianza. De ese nivel son las prácticas de nuestra clase política que nos tienen como estamos: narcopolíticos por todos lados, de todos los colores, y cuentas que nadie termina de rendir.
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El poder que no se va
En Badiraguato vuelve a salir una historia vieja que obliga a preguntar quién controla realmente las decisiones del municipio. Jesús Adán Avilez Soto fue tesorero durante la administración 2021–2024 de José Paz López Elenes y renunció el 1 de febrero de 2024. Más de dos años después, reaparece públicamente para contar por qué se fue y advertir que, según le han comentado, pretenden señalarlo por 200 mil pesos. Avilez afirma que renunció tras recibir malos tratos y amenazas. Publicó la carta de renuncia y un documento de entrega de tokens bancarios con saldos que sumaban alrededor de 30.19 millones de pesos. Esos papeles acreditan lo que reportó al dejar el cargo, pero no sustituyen una revisión completa de las cuentas. Y, hasta ahora, lo de los 200 mil pesos es una acusación que él dice que podría venir, no una denuncia formal que hayamos podido confirmar. ¿Por qué contar esto ahora? La publicación coincide con el proceso interno de Morena en Badiraguato y con la discusión sobre quién dará continuidad al proyecto del alcalde, quien por cierto ha hablado de perfiles de su propio equipo. La coincidencia no prueba una represalia, pero sí hace inevitable preguntar si la revisión de una gestión pasada responde a criterios contables o a la disputa por quién conserva influencia en el municipio. Si hay irregularidades, que se documenten y se investiguen. Si hubo amenazas, que se aclaren. En Badiraguato, las cuentas públicas no pueden convertirse en arma política ni el poder en una herencia que se administra desde las sombras.