Se acabaron los rumores
Durante varios días circularon en redes versiones que daban por hecho que Carlos Escobar no se registraría para buscar la coordinación municipal de Morena en Mazatlán y que dejaría el espacio a Estrella Palacios. El rumor corrió más rápido que los hechos y algunos hasta quisieron convertirlo en verdad, como si la contienda ya estuviera definida antes de que venciera el plazo. Pero Escobar confirmó que sí se inscribió dentro del periodo establecido y, de acuerdo con lo que se ha informado, lo hizo desde el primer día. Explicó que decidió no anunciarlo antes por prudencia ante los momentos difíciles que atraviesa Mazatlán; su silencio, dijo, no significaba que hubiera abandonado la contienda. La aclaración sirve para poner en su lugar una versión que generó dudas, pero que no correspondía con lo ocurrido. Ahora la discusión puede volver a donde debe estar: a la trayectoria, la cercanía y el respaldo que cada aspirante logre entre la gente. Escobar sostiene que ha recibido apoyo en recorridos por colonias y reuniones con distintos sectores; será el proceso interno, mediante la encuesta, el que determine quién encabeza el proyecto. Que haya varias opciones también permite a militantes y simpatizantes expresar su preferencia. Por lo pronto, una cosa quedó clara: los rumores no lo bajaron de la contienda. A partir de aquí, tocará a cada aspirante convencer con trabajo y propuestas, y a Morena escuchar lo que sus propios mecanismos y la gente de Mazatlán digan.
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Gobierno 3.0 sin acomodo
El tiempo corre y el gobierno de la 4T en Sinaloa, edición 3.0, nomás no termina de asentarse. Apenas intenta cubrir los espacios que dejan unos funcionarios cuando ya hay otros haciendo maletas para buscan banderas en Morena. La administración estatal parece convertida en una sala de espera para quienes aspiran a una candidatura, mientras los problemas de Sinaloa no esperan a nadie. Las renuncias de funcionarios que buscan participar en el proceso interno morenista son legítimas, pero exhiben que los tiempos de ese partido parecen marcar el ritmo de un gobierno que debería tener otras prioridades. Claro, hay otros a los que les están dando las gracias, de nada. Y bueno, no se trata de cuestionar las aspiraciones personales, sino de preguntarse quién está atendiendo las responsabilidades públicas mientras sus titulares calculan su siguiente movimiento. Y vaya que Sinaloa no está para distracciones. La incertidumbre económica, el deterioro de la seguridad y la exigencia ciudadana de resultados demandan un gobierno con rumbo, cohesión y capacidad de respuesta, no una administración que todavía busca completar sus equipos mientras el tablero se sigue complicando. Graciela Domínguez dice que todos los días revisan perfiles para cubrir vacantes. La pregunta es cuánto tiempo más necesitará su gobierno para llenar los espacios pendientes. Porque mientras Morena organiza su carrera por las coordinaciones y las candidaturas de 2027, Sinaloa sigue acumulando problemas que no se resuelven con registros partidistas ni con relevos de escritorio. Sinaloa no puede darse el lujo de tener un gobierno, el 3.0, en permanente ajuste mientras la realidad exige respuestas urgentes.
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Ahorrar sin lastimar, sería mejor
La Universidad Autónoma de Sinaloa presume ahorros superiores a los 600 millones de pesos anuales gracias a su reingeniería financiera. Pero detrás de esa cifra hay alrededor de 250 trabajadores despedidos, recortes salariales y prestaciones reducidas. El ahorro tiene una factura y no todos la pagan de la misma manera. Jesús Madueña Molina presenta los resultados como ejemplo para otras universidades, pero la pregunta es: ¿cuánto de ese saneamiento financiero descansa sobre el sacrificio de los trabajadores? Porque una cosa es corregir excesos y poner orden en las finanzas, y otra convertir los despidos en medallas de buena administración. La UAS necesita estabilidad económica, sí, pero también personal suficiente para atender a sus estudiantes. El propio rector reconoce que nuevos recortes serían complicados ante las necesidades académicas. Ahí está el dilema: ahorrar sin debilitar la institución. Los 600 millones se presumen en pesos; los 250 despidos se cuentan en familias que perdieron su ingreso. Sanear las finanzas es indispensable, pero el éxito de una reingeniería no debería medirse únicamente por cuánto dinero recorta, sino por lo que logra salvar sin sacrificar a quienes sostienen la universidad.
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El miedo también tiene cifras
De enero a septiembre, la Fiscalía de Sinaloa abrió 848 carpetas de investigación por privación de la libertad. Mazatlán acumuló 248; Culiacán, 245, y Navolato, 65. Los números colocan a los dos principales municipios del estado al frente de un delito que no se queda en una estadística: detrás de cada expediente hay personas, familias y comunidades obligadas a vivir con incertidumbre. El miedo también cambia la vida cotidiana. Hay quienes modifican sus horarios, evitan ciertos trayectos o esperan una llamada con la angustia de no saber qué ocurrió con alguien cercano. En colonias donde estos hechos se repiten, la preocupación deja de ser individual y se instala en las conversaciones, en las rutinas y en la forma de relacionarse con el entorno. La cifra, por sí sola, no dice cuántas víctimas fueron localizadas ni cuál fue el desenlace de cada caso. Por eso hace falta que la autoridad explique qué ha pasado con esas investigaciones, qué resultados ha obtenido y dónde persisten los mayores riesgos. Publicar el registro permite dimensionar el problema; dar seguimiento a las búsquedas y rendir cuentas sobre las investigaciones puede ofrecer respuestas. En una entidad donde la violencia sigue marcando la vida diaria, la seguridad no puede medirse solo por operativos o despliegues. También debe medirse por la capacidad de prevenir estos hechos y por la rapidez y eficacia con que las autoridades actúan cuando ocurren. Porque cuando una persona es privada de su libertad, la incertidumbre alcanza a toda una familia y termina por cambiar la vida de quienes la rodean.