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Columna Institucional Sin Ambages Lunes 25
“Entre expedientes, calor social y ruido político… Sinaloa sigue buscando oxígeno”
Por:
Redacción el
25 de mayo de 2026
Mundialito, bocanada de oxígeno
Mientras muchas veces la conversación pública sobre Culiacán termina atrapada entre violencia, confrontación y crisis, este fin de semana ocurrió algo que también merece atención: miles de familias llenaron espacios deportivos para ver a niñas y niños disfrutar del llamado Mundialito 2026. Y aunque para algunos pueda parecer solamente un torneo infantil, en realidad el mensaje de fondo termina siendo mucho más importante de lo que parece. Porque cuando una ciudad logra reunir familias completas alrededor del deporte, convivencia y recuperación de espacios públicos, también comienza a reconstruir parte del tejido social que durante años se ha ido desgastando. La alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal entendió bien el mensaje que deja este evento. No se trató solamente de inaugurar canchas o entregar trofeos. El verdadero valor estuvo en poner a los niños al centro de la agenda pública y demostrar que sí existen alternativas para generar comunidad desde el deporte, la cultura y la convivencia familiar. Y ahí también hay que reconocer el trabajo que el Ayuntamiento de Culiacán ha venido realizando con la rehabilitación de espacios deportivos en distintos sectores de la ciudad. Porque cuando esas canchas vuelven a llenarse de niños jugando futbol y no de abandono, el impacto social termina siendo mucho más profundo de lo que reflejan los discursos oficiales. Además, el hecho de que muchos menores hayan podido jugar en el estadio de Los Dorados convirtió el torneo en una experiencia emocional que probablemente recordarán toda su vida. Ese tipo de detalles también construyen identidad, pertenencia y aspiraciones positivas para nuevas generaciones. Y en tiempos donde tantas veces se habla de rescatar jóvenes de riesgos y malas influencias, quizá la respuesta también está en esto: más deporte, más espacios públicos vivos y más gobiernos entendiendo que invertir en la niñez nunca será gasto… sino prevención, comunidad y futuro para Culiacán.
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Los citatorio y la narrativa
La decisión de la Fiscalía General de la República de citar a distintos actores políticos tanto de Sinaloa como de Chihuahua volvió a colocar bajo reflector mediático dos casos distintos… y también dos maneras completamente diferentes de reaccionar ante el mismo escenario. Porque mientras en Sinaloa los involucrados optaron por mantener una postura institucional, serena y de colaboración con las autoridades federales, en Chihuahua el tema rápidamente comenzó a tomar tintes políticos, partidistas y mediáticos. En el caso sinaloense, tanto el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, como el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil dejaron clara su disposición de acudir ante la FGR en calidad de testigos, sin confrontarse públicamente con las instituciones ni intentar convertir el tema en una batalla política nacional. El mensaje fue claro: atender el llamado ministerial, colaborar con las investigaciones y permitir que el proceso siga su cauce legal. Incluso las propias autoridades federales aclararon que las comparecencias no representan acusaciones formales ni imputaciones directas, sino diligencias ministeriales dentro de investigaciones en curso. Y quizá ahí también existe una lectura política importante. Porque en momentos donde cualquier citatorio puede convertirse fácilmente en espectáculo, persecución o narrativa de confrontación, los actores sinaloenses decidieron mantenerse firmes en una postura de colaboración institucional, evitando caer en el discurso de victimización anticipada o choque político con la Federación. Algo que, guste o no, termina ayudando a despresurizar un ambiente que desde hace semanas se encuentra cargado de rumores, especulaciones y tensiones públicas. Del otro lado, en Chihuahua, el escenario tomó rápidamente otro rumbo. La gobernadora Maru Campos confirmó que acudiría a declarar como testigo por el caso relacionado con el llamado “CIAgate”, pero al mismo tiempo abrió la puerta al componente político al remarcar que sería la primera gobernadora en acudir ante autoridades federales y que incluso teniendo fuero asistiría voluntariamente, cuando también estaba citado el gobernador de Sinaloa, y le rompió su “obra de teatro”. Declaraciones que terminaron alimentando la narrativa de confrontación impulsada por el PAN nacional, que inmediatamente salió a denunciar presunta persecución política y uso faccioso de instituciones por parte de Morena. Y ahí termina apareciendo la gran diferencia entre ambos casos. Porque mientras unos parecen apostar por bajar el ruido y enfrentar el proceso con institucionalidad, otros entendieron rápidamente que el expediente también puede utilizarse como bandera política, mediática y electoral. En tiempos donde la narrativa muchas veces pesa más que los propios hechos, también hay quienes deciden acudir ante la autoridad… sin necesidad de asumirse víctimas antes de tiempo.
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Más nombres, más presión
En Sinaloa hay algo que comenzó a cambiar desde que Estados Unidos decidió exhibir públicamente a supuestos personajes ligados al poder político y de seguridad del estado: la sensación de que el caso apenas empezó a abrirse. Porque más allá de los nombres que hoy ya aparecen bajo un señalamiento, el verdadero impacto está en la incertidumbre que comenzó a instalarse dentro del ambiente político. Nadie sabe realmente hasta dónde puede crecer el expediente, o cuáles son las verdaderas intenciones de EUA para lograr más, y sobre todo quién podría aparecer después o qué nuevas revelaciones podrían surgir conforme avancen las investigaciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Y quizá ahí está precisamente la parte más delicada del escenario actual. Porque jurídicamente todavía existe una enorme distancia entre una acusación extranjera, una investigación ministerial y una condena judicial. Pero políticamente, el golpe ya fue dado. El impacto mediático ya explotó y la narrativa quedó sembrada tanto a nivel nacional como internacional. Sinaloa volvió a colocarse bajo reflector no solamente por el tema del crimen organizado, sino ahora también por las sospechas de posibles estructuras de protección institucional. Y en política moderna, muchas veces el desgaste comienza mucho antes de que aparezcan pruebas definitivas o sentencias firmes. Además, conforme pasan los días, comienza a crecer otra percepción todavía más incómoda dentro del sistema político: que las sorpresas probablemente continuarán. Porque aunque hoy los nombres públicamente señalados todavía son relativamente pocos, la presión parece ira aumentando conforme avancen las entrevistas ministeriales, versiones cruzadas, filtraciones y movimientos judiciales tanto en México como en Estados Unidos. Y eso inevitablemente cambia por completo el clima político en Sinaloa. Porque una cosa era convivir con rumores o especulaciones… y otra muy distinta es entrar a un escenario donde cualquier nuevo señalamiento puede convertirse automáticamente en crisis política nacional. Para nosotros el primer frente es político… y probablemente aún más complejo. Morena intentará cerrar filas y evitar que el tema se convierta en una herida rumbo al 2027, mientras la oposición buscará mantener viva la narrativa de “narcopolítica” el mayor tiempo posible. Y en medio de ambos escenarios aparece otro actor silencioso, pero determinante: la percepción pública. Porque aunque legalmente todos mantienen presunción de inocencia, el daño político, la duda social y el desgaste institucional ya comenzaron a correr por separado. Y en tiempos donde las narrativas avanzan mucho más rápido que los expedientes judiciales, el juicio público suele instalarse antes que cualquier resolución oficial. Por eso quizá el verdadero riesgo para Sinaloa ya no está solamente en los tribunales o en las carpetas de investigación. El problema de fondo podría terminar siendo otro: la erosión de confianza pública, la incertidumbre política y la percepción internacional de un estado permanentemente atrapado entre poder, violencia y sospecha. Porque aun cuando apenas han aparecido algunos nombres, algo empieza a sentirse cada vez más claro dentro y fuera del estado: la presión seguirá creciendo… y esta historia todavía está lejos de terminar.
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El calor… también cobra
La manifestación no fue multitudinaria, pero sí profundamente representativa. Las cerca de 60 personas que salieron a marchar este domingo en Culiacán para protestar por los altos cobros en los recibos de energía eléctrica no caminaban solamente por ellas mismas; detrás de cada paso estaban miles de familias sinaloenses que hoy enfrentan una realidad cada vez más complicada para poder sostener el pago de un servicio que, en esta región del país, dejó hace mucho tiempo de ser un lujo. Porque en Sinaloa, con temperaturas que fácilmente superan los 40 grados y que incluso ya han alcanzado niveles extremos en algunas zonas del estado, un ventilador o un aire acondicionado no representan comodidad: representan salud, descanso y, muchas veces, protección para niños, adultos mayores y personas enfermas. El reclamo ciudadano ha ido creciendo poco a poco hasta tocar las puertas del Ayuntamiento, llegar al Congreso del Estado y mantenerse ahora también en las calles. Y aunque algunos intenten minimizar la protesta por el número de asistentes, el fondo del problema es mucho más grande de lo que parece. Basta revisar redes sociales, grupos vecinales y conversaciones cotidianas para entender que el malestar es generalizado. Familias denunciando recibos duplicados o triplicados, cobros estimados, revisiones que nunca llegan y amenazas de corte en plena temporada de calor extremo. La inconformidad no nació de un discurso político: nació directamente del bolsillo de miles de ciudadanos. Y quizá ahí está precisamente el punto más delicado para las autoridades y para la propia Comisión Federal de Electricidad. Porque cuando la ciudadanía comienza a sentir que pagar la luz implica sacrificar alimentación, medicinas o gastos básicos del hogar, el tema deja de ser administrativo y se convierte en un problema social. Más todavía en una entidad donde el clima obliga prácticamente a mantener encendidos aparatos de refrigeración durante buena parte del año. La exigencia tampoco parece desproporcionada. Lo que están pidiendo miles de familias sinaloenses es algo relativamente sencillo: tarifas más justas, revisiones transparentes y subsidios acordes a la realidad climática que vive el estado. Porque mientras desde el escritorio algunas decisiones pueden verse técnicas o financieras, en la calle el mensaje es otro: en Sinaloa, el calor no espera… pero los recibos sí siguen llegando.
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