El oportunismo priista

Hay límites que no se cruzan. Y uno de ellos es usar la muerte de un joven como plataforma política. La familia de Fernando Alan fue clara, explícita y pública: la marcha era por justicia, no por reflectores, no por siglas, no por protagonismos. Aun así, hubo quienes decidieron ignorarlo. NO POLITIZAR. Lo dijo claro el padre, lo repitió públicamente y lo pidió con dignidad. Aun así, los enanos mentales en el PRI hicieron caso omiso, aprovecharon el dolor el ajeno y se fueron a la marcha para llevar agua a su molino. Irma Moreno, diputada local; Erika Sánchez, regidora de Culiacán; y Noé Heredia, dirigente municipal del PRI, entre otros personajes, decidieron hacerse presentes en una marcha que no les pertenecía. No fueron convocados. No eran necesarios. Y, sobre todo, no eran bienvenidos. Aparecer en una manifestación por el asesinato de un joven, a manos del Ejército en una confusión gravísima, cuando la familia pidió respeto y silencio político, no es solidaridad: es oportunismo puro. Es convertir el dolor ajeno en escenografía y la indignación social en utilería partidista. La exigencia era justicia, no firmas. Era respeto, no presencia. Pero algunos, demasiado pequeños para entenderlo, creen que toda tragedia es una oportunidad y toda marcha un escaparate. Si no pudieron leer el momento, si no supieron hacerse a un lado, si no entendieron que el protagonismo sobraba, el problema no es de estrategia política. Es de criterio, de ética y de humanidad. Y eso, por más siglas que carguen, no se aprende en campaña.

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El Congreso exhibido

La comparecencia de la secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra, dejó algo más que cifras sobre producción y programas: exhibió una relación incómoda entre el sector pesquero y el Poder Legislativo. No fue un discurso complaciente ni diseñado para quedar bien. Fue, en esencia, un reclamo directo a un Congreso que —según la propia funcionaria— solo voltea a ver a los pescadores cuando hay comparecencias o coyunturas electorales. El mensaje fue claro y, para muchos, incómodo: tres años con el mismo presupuesto no alcanzan para cumplir metas como el repoblamiento de especies, por más voluntad operativa que exista. Y ahí está el punto político de fondo: si el Congreso dice respaldar al sector, ese respaldo debe verse reflejado en el Presupuesto, no solo en tribuna. Guerra Mena no pidió aplausos, lanzó un reto: si hay interés real, que se aumenten los recursos y que haya trabajo permanente, no visitas esporádicas. La secretaria también puso límites institucionales. La seguridad armada en el mar no es función estatal, sino federal; la Secretaría de Pesca coadyuva, coordina y acompaña, pero no sustituye a la Marina. Aun así, defendió resultados: más vigilancia, decomisos de artes ilegales y un crecimiento de la producción pesquera que coloca a Sinaloa como líder nacional, incluso en un contexto adverso de sequía. El intercambio con la diputada Paola Gárate terminó de evidenciar el fondo del debate. El Legislativo recordó que el presupuesto lo propone el Ejecutivo, pero también aceptó el reto de duplicar los recursos para el próximo año. Ahí quedó el compromiso, públicamente planteado. Ahora el tema ya no es retórico: será de voluntad política y de coherencia. Lo ocurrido en la comparecencia deja una lección clara. El sector pesquero no se sostiene solo con discursos ni con culpas heredadas. Requiere corresponsabilidad institucional. Y cuando una secretaria se atreve a decirlo de frente, el Congreso tiene dos opciones: asumir el reto o confirmar el desinterés que se le señaló.

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COBAES fortalecido

En medio de un contexto donde muchas veces la agenda pública se concentra en lo que falta o en lo que se hace mal, también es válido —y necesario— reconocer cuando las decisiones correctas empiezan a reflejarse en hechos. El anuncio de una inversión federal de 126 millones de pesos para Educación Media Superior en Sinaloa es una de esas señales claras de que algo se está haciendo bien. El programa La Escuela es Nuestra beneficiará a 176 planteles, con impacto directo en más de 41 mil estudiantes. No se trata de cifras menores ni de apoyos simbólicos: hablamos de infraestructura, equipamiento y mejores condiciones para el aprendizaje, justo en un nivel educativo clave para evitar la deserción y fortalecer el futuro laboral y profesional de miles de jóvenes sinaloenses. En el caso específico del Colegio de Bachilleres de Sinaloa, el respaldo es contundente. Alrededor de 105 planteles de COBAES serán beneficiados, lo que, sumado a los recursos propios ya programados por la institución, este año se perfila como uno de los más importantes en materia de fortalecimiento de su infraestructura. Ese resultado no es casualidad: es producto de gestión, coordinación institucional y una visión clara sobre la importancia de la educación pública. El reconocimiento al Gobierno de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum no es gratuito. Cuando la federación, el estado y las instituciones educativas caminan en la misma dirección, los beneficios llegan a donde deben llegar: a las aulas. Y ahí es donde realmente se mide el impacto de la política pública. COBAES se consolida así como una institución que no solo resiste los retos, sino que aprovecha los apoyos para mejorar. En tiempos donde la crítica suele dominar el debate, este caso demuestra que también hay políticas que funcionan y merecen ser destacadas. Bien por Santiago Inzunza.

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Queja estudiantil en UADEO

En el discurso público se habla de inclusión, permanencia escolar y movilidad social; en la práctica, a veces la universidad parece olvidar a quién sirve. Lo que hoy denuncian estudiantes de la UAdeO en Culiacán no es un capricho ni una resistencia al cambio: es la defensa del derecho a terminar una carrera sin que la institución les cambie las reglas a un año de la meta. Modificar de forma abrupta el horario a un grupo que durante dos años y medio cursó en turno vespertino no es solo una decisión administrativa; es una afectación directa a jóvenes que trabajan para sostener sus estudios. Para muchos, dejar el empleo no es opción; hacerlo implica también dejar la universidad. La educación pública no puede operar bajo la lógica de “ajústense como puedan”. En Culiacán —y en Sinaloa— estudiar y trabajar no es una excepción: es la norma. Transporte, alimentación, materiales y tareas se pagan con jornadas laborales que no desaparecen por decreto escolar. Ignorar esa realidad es empujar, silenciosamente, a la deserción.Más grave aún es la forma: avisos de último momento, decisiones tomadas sin diálogo y áreas de acentuación concentradas solo en el turno matutino. Así no se acompaña al estudiante; así se le pone contra la pared. La universidad debe ser un espacio que facilite trayectorias, no que las fracture. Respetar el turno en el que los alumnos ingresaron no es un favor, es un acto de responsabilidad institucional. Porque cuando estudiar se vuelve un obstáculo, el problema no es el alumno: es el sistema que dejó de entender su función social.