Entre aliados y convicciones

En política pocas cosas son casualidad. Y cuando un grupo parlamentario decide emitir un comunicado público para fijar postura sobre un tema nacional, generalmente hay más lectura política que simple opinión institucional. Esto ocurrió anoche con la bancada del Partido Verde en el Congreso de Sinaloa, cuyos diputados difundieron un posicionamiento para respaldar la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y lamentar que la Cámara de Diputados la haya rechazado. El dato no es menor. A nivel federal, el propio Partido Verde votó en contra de la reforma junto con el Partido del Trabajo, lo que terminó por impedir que Morena alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Incluso dentro de Morena hubo fisuras: tres diputadas plurinominales votaron también en contra del proyecto presidencial. Un episodio que evidenció que, en el tablero nacional, las alianzas políticas no siempre caminan con la misma disciplina. Pero en Sinaloa el mensaje fue distinto. Aquí la bancada del Verde salió a fijar postura clara: respaldo a la propuesta de la Presidenta y lamento por su rechazo en el Congreso de la Unión. Y ahí aparecen dos lecturas que difícilmente pasan desapercibidas para quienes siguen la política local. La primera es evidente: esos diputados del Partido Verde en Sinaloa, en términos políticos, suelen caminar más cerca de Morena que muchos otros actores del propio movimiento. Su posicionamiento no sólo respalda la iniciativa presidencial, también marca distancia con la decisión que tomó su propio partido a nivel nacional. La segunda lectura es todavía más clara. Si ese comunicado se hizo público es porque en el escenario político estatal las cosas siguen teniendo un eje de poder muy definido. En Sinaloa, guste o no, el liderazgo político del gobernador Rubén Rocha Moya continúa marcando el ritmo de muchas decisiones dentro del bloque oficialista. Y cuando se trata de enviar señales de respaldo político a la Presidenta, hay actores que prefieren dejar claro de qué lado están. Por eso el comunicado del Verde no es sólo un posicionamiento legislativo. Es también un mensaje político. Porque en la política sinaloense, como suele ocurrir, las palabras públicas rara vez se escriben sin tener perfectamente claro quién está leyendo entre líneas.

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El puesto equivocado

La crítica ya no se dice en voz baja. El propio sector empresarial terminó por ponerlo sobre la mesa: Feliciano Castro Meléndez está en un lugar que no corresponde a su perfil. La presidenta de COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana) en Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, fue clara al señalar que el actual secretario de Economía se encuentra en un área donde no tiene la “expertise” necesaria. Y cuando ese señalamiento viene de quienes generan inversión, empleo y actividad económica, difícilmente puede desestimarse como simple ruido político. Castro Meléndrez es, sin duda, un político con trayectoria, operador experimentado y figura conocida dentro de la vida pública sinaloense. Pero precisamente ahí está el problema: una cosa es la política y otra muy distinta la economía. La Secretaría de Economía exige conocimiento técnico, cercanía con el sector productivo y visión para atraer inversión y generar condiciones de crecimiento. No basta con la habilidad para negociar o mediar; se requiere entender el lenguaje de la industria, los mercados y la competitividad. Su llegada a esa dependencia tampoco pasó desapercibida. Más que una apuesta por un perfil especializado, muchos la interpretaron como una salida política tras su paso por la Secretaría General de Gobierno, una especie de reacomodo después de la mala racha que atravesaba el titular de la dependencia. El problema es que las secretarías estratégicas no pueden convertirse en espacios de compensación política. Porque al final, la economía de un estado no se mueve con discursos ni con fotos, sino con resultados. Y cuando el propio empresariado empieza a cuestionar el perfil de quien conduce el área, la señal es clara: el problema ya no es de percepción, sino de pertinencia. En otras palabras, no se trata de si Feliciano es capaz en la política; se trata de que la economía requiere a alguien que pertenezca a ese terreno.

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Próximamente… dicen

Hace apenas unos días comentábamos en este mismo espacio que el caso Ahome parecía una historia sin fin. Y como si el guion político-judicial quisiera confirmar aquella impresión, la trama volvió a dar otro giro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió posponer nuevamente la discusión sobre la controversia constitucional que podría abrir la puerta a la restitución de Gerardo Vargas Landeros en la presidencia municipal. El asunto estaba enlistado, todo parecía indicar que por fin llegaría el momento de discutirlo… pero de última hora salió del orden del día. Un episodio más para una historia que, a estas alturas, ya parece tener más capítulos que final anunciado. Lo curioso es que el propio exalcalde asegura no tener explicación sobre el aplazamiento. “Ni idea tengo”, dijo, con la tranquilidad de quien observa el proceso desde la banca mientras los tiempos los marca la Corte. Y quizá ahí esté la clave: en estos casos, los calendarios judiciales rara vez coinciden con las expectativas políticas. Los ministros revisan, reordenan, aplazan y vuelven a revisar, mientras el expediente sigue acumulando páginas y el desenlace se mueve siempre un poco más adelante. En medio de todo, la controversia constitucional 206/2025 continúa flotando entre interpretaciones jurídicas sobre si el procedimiento legislativo que llevó a la separación del cargo cumplió o no con todos los requisitos formales. Para unos, la notificación al Cabildo fue correcta; para otros, ahí estaría el punto que podría invalidar el acuerdo del Congreso. Un debate técnico que, mientras se resuelve, mantiene el caso en una especie de limbo institucional. Pero más allá del suspenso legal sobre la alcaldía, hay un elemento que no cambia en el tablero: el proceso penal que enfrenta Vargas Landeros por el caso del arrendamiento de patrullas sigue su propio curso. Es decir, aunque algún día la discusión sobre la restitución llegue a votarse en la Corte, las cuentas legales que tiene pendientes el exedil continuarán su camino en los tribunales correspondientes. Así que, por ahora, el famoso regreso al Ayuntamiento de Ahome sigue en el terreno del “próximamente”. Como esas series que prometen el episodio decisivo en cada avance… pero siempre dejan al público esperando el siguiente capítulo. Y en política, como en la televisión, cuando la historia se alarga demasiado, el desenlace deja de ser sorpresa y empieza a parecer simplemente parte del guion.

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UAdeO: Democracia de utilería

En la Universidad Autónoma de Occidente no sólo se forman profesionistas. También, al parecer, se perfeccionan algunas artes políticas que en otros ámbitos ya creíamos bastante ensayadas. La elección del dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Occidente se ha convertido en un curioso ejercicio de “democracia creativa”. El actual dirigente, Raúl Portillo Molina, enfrenta acusaciones nada menores: desde violaciones al contrato colectivo de trabajo hasta el presunto desfalco de millones de pesos del fondo de vivienda sindical. Cualquier organización seria, ante señalamientos de ese calibre, optaría por la prudencia, la transparencia y, por qué no, por hacerse a un lado mientras se aclaran las cosas. Pero no. Aquí la apuesta parece ser otra: asegurar que el relevo llegue… pero convenientemente alineado. Para ello aparece en escena el candidato de continuidad, Carlos Leal, quien curiosamente fungía —y sigue fungiendo— como secretario de Finanzas del propio sindicato. Es decir, parte del mismo engranaje que hoy está bajo cuestionamiento. Una coincidencia que, sin duda, debe ser fruto del azar. Y como toda buena elección necesita votantes, también hubo que ponerse creativos con el padrón. Entre listas manipuladas de trabajadores activos y la habilitación de jubilados como electores, el proceso ha empezado a parecer más un ejercicio de ingeniería electoral que una contienda sindical. Ahí está el caso de Carlos Manuel López Reyes, exdirector de la Unidad Regional Guasave y jubilado desde hace años, quien de pronto aparece con credenciales suficientes para participar como votante. Un detalle menor, dirán algunos. Un síntoma preocupante, dirán otros. Porque cuando una elección se organiza con más prisa por controlar el resultado que por cuidar la legitimidad, el mensaje es claro: no se trata de renovar, sino de proteger. Y eso, en un sindicato que representa a trabajadores universitarios, debería ser exactamente lo contrario de lo que se espera. Porque si algo merece la comunidad universitaria es un liderazgo que rinda cuentas, no uno que se dedique a administrarlas… con calculadora electoral en mano.