Columnas
Columna Institucional Sin Ambages Martes 16
Por:
Redacción el
15 de diciembre de 2025
Respaldo federal a Culiacán
El recurso sí importa. En un contexto de inseguridad persistente como el que vive Sinaloa —y particularmente Culiacán—, asegurar más de 300 millones de pesos federales para seguridad en 2026 no es un dato menor ni una cifra decorativa. Es una señal de respaldo institucional y, sobre todo, de reconocimiento a la dimensión del problema que enfrenta el estado. El caso de Culiacán es aún más contundente. Que la capital sinaloense reciba 450 millones de pesos adicionales en participaciones federales para seguridad, esto coloca al municipio en una posición privilegiada frente a otras ciudades del país. No se trata solo de monto, sino de oportunidad: fortalecer la policía municipal, contratar hasta 400 nuevos elementos y apostar por ecosistemas de videovigilancia y respuesta rápida puede marcar un punto de inflexión si se ejecuta con seriedad. En tiempos donde la narrativa dominante es que “el dinero no alcanza” o que “la seguridad no se compra”, este apoyo federal demuestra que la estrategia también pasa por inversión, planeación y coordinación. Más policías capacitados, más tecnología y mejor respuesta institucional no resuelven solos la inseguridad, pero sí la contienen y la ordenan. Hoy, la Federación está poniendo recursos sobre la mesa y Culiacán está recibiendo una parte significativa de ellos. La responsabilidad ahora es local: que cada peso se traduzca en presencia, prevención y resultados. Porque cuando el apoyo es alto, también lo es la exigencia ciudadana.
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Viáticos bajo la lupa
Bien por el gobernador. No es común que un mandatario ordene investigar a integrantes de su propio equipo, y menos cuando el tema toca viáticos, una de las zonas grises más recurrentes en el servicio público. Que Rubén Rocha Moya haya instruido una investigación interna por los presuntos excesos en la Secretaría de Transparencia envía, al menos en el discurso, una señal correcta: nadie puede autorizarse recursos por encima del tabulador, ni siquiera quienes están llamados a vigilar la rendición de cuentas. El caso no es menor. El reembolso de alrededor de 150 mil pesos antes de que interviniera la Auditoría Superior del Estado podrá haber dejado sin materia el procedimiento legal, pero no borra la pregunta de fondo: ¿quién vigila a los vigilantes? La investigación interna será la verdadera prueba de congruencia. Porque una cosa es devolver el dinero y otra muy distinta asumir responsabilidades políticas y administrativas. En tiempos donde la confianza pública está erosionada, investigar a los propios no debería verse como un acto extraordinario, sino como una obligación mínima. El problema no es que se investigue, sino que normalmente no se hace. Aquí, el gobernador abrió la puerta; ahora falta ver hasta dónde está dispuesto a dejarla abierta.
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Menos armas, más reto
No es un asunto simbólico ni decorativo. En Sinaloa, cada arma decomisada tiene una historia detrás: un delito evitado, una amenaza menos en la calle o, al menos, una posibilidad menos de que la violencia se reproduzca. La destrucción de 922 armas y más de 190 mil cartuchos no es una cifra para el boletín, es un dato duro que habla de la dimensión real del problema de seguridad en el estado. El acto encabezado por el gobernador Rubén Rocha y los mandos militares manda un mensaje claro: las armas aseguradas no regresan al circuito, no se “pierden” en bodegas ni se reciclan en la opacidad. Cortarlas, inutilizarlas y encapsular el metal es cerrar la puerta a una práctica que durante años generó sospechas y desconfianza. Sin embargo, destruir armas es apenas una parte de la ecuación. El decomiso refleja eficacia operativa, pero también revela cuántas siguen circulando. El reto no es sólo contabilizar lo que se destruye, sino reducir de manera sostenida lo que llega a las calles. En Sinaloa, cada ceremonia de este tipo debería leerse no como un logro final, sino como un recordatorio de la tarea pendiente.
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Una sola exigencia
El hilo es el mismo. Recursos federales, vigilancia interna y desarme no son temas aislados ni episodios sueltos de la agenda pública: forman parte de una misma exigencia social que hoy es imposible ignorar. Invertir más en seguridad, vigilar mejor el uso del dinero público y retirar armas de las calles son decisiones correctas, necesarias y, sobre todo, urgentes. Pero su verdadero valor no está en el anuncio ni en la ceremonia, sino en lo que logren cambiar en la vida diaria de la gente. Hoy hay respaldo federal, hay señales políticas y hay discurso institucional. Eso ya es un avance en un contexto donde durante años la inercia y la simulación fueron la norma. Sin embargo, lo que sigue es la parte más compleja: convertir esos recursos en presencia policial efectiva, esa vigilancia en consecuencias reales y ese desarme en menos violencia visible en colonias, escuelas y espacios públicos. La seguridad no se mide en montos asignados ni en armas destruidas, sino en tranquilidad recuperada. En Sinaloa —y particularmente en Culiacán— la ciudadanía no pide milagros, pide resultados. Y los pide pronto. Porque cuando el apoyo es alto y las decisiones están tomadas, también lo es la expectativa social. Y porque, hoy más que nunca, la paciencia ya no es infinita.
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