El Estado apuntala a la UAS
La UAS llega a diciembre con algo que llevaba años pidiendo: oxígeno financiero. Los
150 millones adicionales al subsidio estatal irreductible y el presupuesto total de más de
8 mil millones de pesos para 2026 no son cifras menores; son, en términos políticos, una señal clara de que el Gobierno del Estado decidió asumir un rol protagónico en la estabilización de la universidad. No se trata solo de recursos. Se trata del mensaje: el gobernador Rocha y el Congreso enviaron una señal de
respaldo explícito a la institución en un momento donde su estructura financiera —particularmente el tema de jubilaciones— se había convertido en una bomba de tiempo. La Federación ya tomó nota. Y eso, en la lógica del poder, pesa. Pero conviene decirlo sin rodeos:
este apoyo no resuelve el problema de fondo, apenas lo encauza. La UAS reconoce avances en su sistema de jubilaciones, pero el reto sigue siendo gigantesco. Mientras la institución celebra la mesa de diálogo con autoridades federales, queda claro que los cambios internos —algunos necesarios, otros evitados por años— son el verdadero punto de quiebre. El secretario académico lo deja ver entre líneas: la Federación valora el esfuerzo, sí, pero no ha cerrado nada. No hay cheque firmado, no hay garantía definitiva. El respaldo estatal los fortalece en la negociación…
pero todavía no hay aterrizaje. Lo cierto es que hoy la universidad puede mirar el 2026 con menos angustia. Tiene un presupuesto más estable, un soporte político firme y una narrativa de transformación que empieza a ser reconocida afuera. Pero que nadie se confunda:
el año que viene no es de celebración, es de ejecución. Porque ya no basta con decir que la UAS cambió: ahora deberá demostrarlo.
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Denunciar hace la diferencia
Lo ocurrido en la colonia Miguel Hidalgo no es un operativo cualquiera. Es un recordatorio incómodo de algo que como sociedad hemos normalizado: la capacidad de la delincuencia para instalarse a plena luz del día, en zonas urbanas, sin que nadie —ni autoridad ni vecinos— “note” lo que pasa.
Tres talleres artesanales para blindar vehículos no se montan en silencio. No aparecen de un día para otro. Son operaciones que requieren ruido, materiales, entradas y salidas constantes… y aun así, ahí estaban, funcionando como si nada.
La SSPE actuó tras una denuncia ciudadana. Y ahí está la clave:
alguien decidió no quedarse callado. Ese es el punto que nos toca asumir. La seguridad no puede seguir siendo un asunto exclusivo de Marina, Ejército o policías. Sí, ellos tienen la fuerza operativa. Pero nosotros —la sociedad— tenemos la primera línea de observación. Somos quienes vemos, escuchamos y notamos cuando algo no cuadra. La denuncia es una herramienta subutilizada. A veces por miedo, a veces por desconfianza, a veces por apatía. Pero si queremos evitar que en pleno centro de Culiacán operen talleres de blindaje clandestino como si fueran vulcanizadoras, necesitamos romper esa lógica. Denunciar no es un acto heroico ni temerario: es un acto mínimo de responsabilidad con nuestra propia ciudad. Porque lo verdaderamente alarmante no es que existieran esos talleres. Lo alarmante es que
existieran tanto tiempo sin que nadie se sintiera obligado a levantar la voz. Culiacán merece algo distinto. Pero ese cambio no empieza solo con operativos: empieza con nosotros.
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Violencia digital
La visita de Olimpia Coral a Sinaloa dejó un mensaje claro:
hay menos reportes, pero no hay justicia. La activista que impulsó la Ley Olimpia vino a decirnos algo que debería incomodar a todas las instituciones: sí, los llamados “mercados de explotación sexual digital” van a la baja…
pero Sinaloa tiene 169 carpetas abiertas por violación a la intimidad sexual y cero sentencias. Cero. La cifra es una alerta. No porque no haya denuncias —las hay, y muchas— sino porque el sistema simplemente
no está resolviendo nada. La Fiscalía tiene expedientes, pero no tiene resultados. Y mientras tanto, las víctimas siguen esperando, y los agresores siguen libres. A eso súmele lo que viene:
inteligencia artificial usada para crear contenido sexual falso, cámaras escondidas en baños escolares, difusión de material íntimo de menores… y un mercado emergente de robots sexuales con IA que abre nuevas grietas legales. La violencia digital se transforma más rápido que las instituciones que deberían frenarla. Olimpia lo dijo sin rodeos: hace falta presupuesto para la Secretaría de las Mujeres, hace falta capacidad técnica y, sobre todo,
hace falta voluntad para que haya sentencias. Porque bajar los reportes sirve de poco si, al final,
la impunidad sigue al alza.
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Prohíben… pero vapean
La escena lo dice todo:
mientras el Senado discutía prohibir los vapeadores, varios legisladores seguían vapeando en plena sesión.
El doble discurso, exhibido sin pudor, deja claro que el debate no es sanitario… es político.
La reforma endurece todo —prohibición total, prisión, multas millonarias—, pero deja abierta la verdadera pregunta:
¿en qué va a terminar esto? Porque la ley apunta hacia un país “libre de vapeo”, mientras la realidad apunta a otra cosa: mercado negro, discrecionalidad, corrupción y reglas que se aplican para unos… pero nunca para todos. Al final, más que una cruzada de salud pública, parece un mensaje:
el juego no es dejar de vapear, es quién controla el humo.
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