Cerrar un espacio público para convertirlo en oficinas no es una decisión administrativa: es una declaración de prioridades. Supone colocar la burocracia por encima de los derechos de la ciudadanía.
Desde 2009, cuando se incorporó la cultura como derecho humano en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado está obligado a garantizar su acceso bajo el principio de no regresividad, es decir, ampliarlo y no reducirlo. Cualquier decisión que disminuya su alcance constituye una afectación directa a ese principio.
En este contexto, resulta preocupante la intención de cerrar la biblioteca pública “Raúl Cervantes Ahumada” en Guasave para convertir su sede en oficinas. No se trata solo de mover libros, sino de eliminar un punto de acceso al conocimiento, la educación y la información pública.
Una biblioteca no es un inmueble cualquiera. Es un espacio que forma ciudadanía, acompaña procesos educativos y fortalece las condiciones de desarrollo. En ella se construyen identidad, sentido de pertenencia y bases para la participación ciudadana. En contextos donde muchos jóvenes están expuestos a dinámicas de violencia, cerrar espacios culturales no es neutro: es retirar una alternativa. Su desaparición reduce oportunidades, especialmente donde la oferta cultural ya es limitada.
Centralizar los servicios en un solo punto no es eficiencia: es generar barreras. La distancia, el costo y el tiempo hacen que, para muchos, una biblioteca deje de existir en la práctica. La cultura debe ser descentralizada y cercana; concentrarla limita su alcance y profundiza la desigualdad, especialmente cuando el nuevo espacio destinado es una bodega de un lugar que está tristemente abandonado a su suerte.
Se ha argumentado el bajo número de usuarios como justificación. Sin embargo, las formas de acceso al conocimiento han cambiado: hoy conviven lo digital y lo físico. En México, el promedio de lectura se mantiene alrededor de 3.2 libros por año, una cifra que refleja un problema estructural que no se resuelve cerrando bibliotecas, sino fortaleciéndolas. El reto no es clausurarlas, sino revitalizarlas: integrar tecnología, reforzar su vocación comunitaria y volver a convocar a la ciudadanía. Abandonarlas por baja asistencia no es reconocer una tendencia, es renunciar a la responsabilidad de formar nuevos públicos.
Transformar este espacio en oficinas implica cambiar su naturaleza: de un servicio abierto y universal a uno administrativo y restringido. Se pierde un lugar de encuentro y aprendizaje para ganar metros de gestión interna.
La contradicción es mayor si se considera el carácter simbólico de su nombre. Raúl Cervantes Ahumada, destacado jurista guasavense, que en su persona está representada honorablemente la vinculación entre el conocimiento y la cultura. Cerrar la biblioteca que lo honra vacía de contenido ese reconocimiento público.
Hoy, cuando los gobiernos tienden a digitalizar sus procesos, expandir la burocracia física a costa de la infraestructura cultural resulta anacrónico. Esto no es eficiencia: es privilegiar la comodidad administrativa por encima de los derechos de la ciudadanía. Porque cuando falta visión pública, la cultura siempre paga el costo.
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