Ciudad de México.- El procedimiento legal que enfrenta el exmandatario de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por supuestas irregularidades asociadas al tráfico ilegal de carburantes, no sufrirá interrupción alguna tras su egreso del penal de máxima seguridad del Altiplano, aclaró la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución adoptada por la juzgadora Alejandra Ramírez de la Vega, consistente en modificar el esquema cautelar del imputado, respondió a las pruebas presentadas por la defensa sobre el estado de salud y la edad avanzada del político.
Frente a este ajuste en la modalidad del resguardo, la representación social de la Federación puntualizó que la sustitución de la prisión preventiva por el confinamiento en el hogar no representa un freno ni altera la dinámica de las pesquisas en curso.
Asimismo, el organismo investigador recalcó que la prisión preventiva oficiosa constituye un mandato directo fijado en la Constitución para querellas de la industria de los hidrocarburos y la delincuencia organizada, por lo que no deriva de un requerimiento exclusivo de la representación social.
Respecto al sustento probatorio, la institución ministerial aseveró contar con elementos sólidos, entre los que destacan testimonios, dictámenes especializados, diligencias de campo e inteligencia documental.
Las valoraciones periciales revelaron inconsistencias financieras en la firma INGEMAR S.A. de C.V., donde el exgobernador figura como socio principal, debido a transacciones cuantiosas dentro del sistema bancario nacional que difieren de su perfil tributario.
Los hallazgos de las autoridades apuntan a un esquema de contrabando de carburante operado mediante vagones tanque (ferrotanques), el cual operaba encubierto bajo el amparo de actividades marítimas, maniobras de dragado y administración de terminales portuarias.
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Con información de Infobae.