Pese a haber sido asegurada el pasado 30 de noviembre —precisamente el 30 de octubre— en Florida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido exclusivamente a una falta de índole migratoria, la exconductora Inés Gómez Mont acumula tres mandamientos judiciales vigentes emitidos por judicaturas federales en la República Mexicana, según detalló la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.
Dichos requerimientos comprenden una causa instruida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a raíz de presunta delincuencia organizada y blanqueo de capitales, además de dos expedientes por defraudación fiscal equiparada relativos a los periodos tributarios 2014 y 2016, gestionados por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOR).
Las pesquisas de la dependencia sitúan el eje de la trama en contratos por un valor cercano a los 2,450 millones de pesos vinculados al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR), desde donde se habrían transferido caudales ilícitos hacia las cuentas de la exfigura pública mediante redes de compañías fachadas.
Dentro del marco normativo mexicano, la tipificación de delincuencia organizada estipula en su cuarto artículo sanciones variables según el grado de jerarquía dentro de la estructura criminal: de 20 a 40 años de cárcel y multas de 500 hasta 25,000 días para mandos directivos o supervisores, y de 10 a 20 años de reclusión con 250 a 12,500 días multa para quienes no posean dichas atribuciones, correspondiendo al Ministerio Público demostrar este extremo en el juicio.
Dicha sanción se acumula al delito específico perpetrado, tales como las operaciones con recursos de procedencia ilícita reguladas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el cual castiga el ocultamiento del origen financiero ilegal con penas de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, derivado del esquema de triangulación detectado por las autoridades.
Por otra parte, las acusaciones fiscales asociadas al Código Fiscal de la Federación contemplan penalidades escalonadas conforme al perjuicio económico acreditado por ejercicio: de 3 meses a 2 años si la suma no rebasa 2,531,920 pesos; de 2 a 5 años si asciende hasta 3,797,870 pesos; y de 3 a 9 años de cárcel si supera este último umbral, destacando que la fiscalía calcula una omisión contributiva superior a los 13 millones de pesos entre ambos ciclos fiscales sin desglosar el monto parcial de cada uno.
Al realizar una adición aritmética de los techos punitivos máximos —considerando la hipótesis más grave de delincuencia organizada, el lavado de activos y los rangos superiores de los cargos fiscales—, el total acumulado ascendería a 73 años, cifra que se reduciría a 53 si no se comprueban labores directivas; sin embargo, ninguna de estas sumas determina una sentencia definitiva.
El artículo 25 del Código Penal Federal fija un límite general de reclusión de hasta 60 años —salvo reincidencias cometidas estando compurgando condena o en delitos normados por leyes especiales como la de delincuencia organizada—, mientras que el artículo 64 regula el concurso de delitos facultando al juez a aplicar la pena del ilícito mayor e incrementarla con las accesorias sin rebasar los topes legales, manteniendo intacta la presunción de inocencia de la imputada hasta que un tribunal determine lo conducente.
La aprehensión de la exconductora se consumó en Miami tras un lustro de evasión internacional, exhibiendo registros gráficos donde aparece escoltada por personal del ICE tras rebasar los plazos de su estancia autorizada, permaneciendo recluida en el Broward Transitional Center mientras se procesa su situación.
Desde septiembre de 2025, la FGR, había solicitado su captura con fines de extradición, entregando los expedientes actualizados a las instancias estadounidenses para que, en caso de decretarse su deportación, se cumplimenten los mandamientos de captura apenas toque suelo nacional, todo ello mientras su defensa tramitó un recurso de habeas CURPS ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida a cargo del juez Jeffrey T. Kuntz, quien emplazó al organismo migratorio a justificar el arresto este miércoles 4 de noviembre tras rechazar un recurso para frenar su eventual traslado a otro centro carcelario, un procedimiento que corre de forma independiente al de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien obtuvo libertad bajo fianza con brazalete electrónico tras negarse su extradición por no tratarse de un ilícito violento, a la par de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó meses atrás la cancelación de la ficha roja de Interpol girada en 2021 contra ambos.
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Con información de Infobae.